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clave: "consejo_estado:providencia:05001233300020160024302-72786-auto-interlocutorio"
titulo: "Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-06-01"
radicado: "05001233300020160024302"
numero: "72786"
ponente: "WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ"
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# Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio

- **Título oficial / radicado:** Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-06-01
- **Radicado:** 05001233300020160024302
- **Número interno:** 72786
- **Ponente:** WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A A.I.A S.A ARQUITECTOS
- **Demandado:** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN, SEGUROS COLPATRIA S. A., COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., ACI PROYECTOS S.A.S.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020160024302-72786-auto-interlocutorio
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233300020160024302/DAB22094ED5B631D878E3D82547D662F7C014F970F0F64A7D9524DE7AAE7CBEE/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201600243021100103

## Regla de decisión

El artículo 244.3 del CPACA, modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021, establece que el recurso de apelación deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación.

## Problema jurídico

¿El recurso de apelación presentado por la demandante contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo, mediante el cual se puso fin al proceso, cumple los requisitos de procedencia y oportunidad, para habilitar el conocimiento del asunto en segunda instancia por parte del Consejo de Estado?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿La falta de acreditación del requisito de procedibilidad consistente en agotar la conciliación extrajudicial en los asuntos conciliables constituye un defecto insubsanable que impide un…
- ¿Para determinar si una medida cautelar tiene carácter patrimonial y, por tanto, exime del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial…
- ¿Procede confirmar la terminación del proceso por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, dado que la parte demandante omitió dicho trámite…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 125, 150 y 243.2
- Ley 2080 de 2021, arts. 20, 25 y 62

## Extracto

El Consejo de Estado es competente por el factor funcional para conocer del presente asunto en segunda instancia, de conformidad con el artículo 150 del CPACA (modificado por el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021), según el cual conoce de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En consonancia, el artículo 243.2 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, prevé que el auto que por cualquier causa ponga fin al proceso es susceptible de este recurso, que será decidido por la Sala conforme al artículo 125 del mismo código, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APELACIÓN DEL AUTO, COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PARA CONOCER DE LA APELACIÓN DEL AUTO, AUTO INTERLOCUTORIO QUE PONE FIN AL PROCESO, OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN, TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN, TÉRMINO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, NOTIFICACIÓN POR ESTADO, CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, REGULACIÓN NORMATIVA DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, PROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ASUNTOS CONCILIABLES, MEDIO DE CONTROL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA DEMANDA, CAUSALES DE RECHAZO DE LA DEMANDA, TERMINACIÓN DEL PROCESO, NULIDAD INSANEABLE, PRINCIPIO DE AUTOCOMPOSICIÓN, DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, FALLO INHIBITORIO, SENTENCIA INHIBITORIA, MEDIDA CAUTELAR, NATURALEZA DE LA MEDIDA CAUTELAR, CLASES DE MEDIDA CAUTELAR, MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER PATRIMONIAL, NORMATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR, SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA, DIFERENCIA DE CRITERIOS, SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO, EFECTOS DE LA SENTENCIA, CONFIRMACIÓN DEL AUTO, FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO, REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL, CAMBIO DE JURISPRUDENCIA, APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, APLICACIÓN DE NUEVA POSICIÓN JURISPRUDENCIAL, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, PRINCIPIO DE IGUALDAD MATERIAL

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DEL AUTO / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PARA CONOCER DE LA APELACIÓN DEL AUTO / AUTO INTERLOCUTORIO QUE PONE FIN AL PROCESO / OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN / TÉRMINO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / NOTIFICACIÓN POR ESTADO
Problema jurídico:
¿El recurso de apelación presentado por la demandante contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo, mediante el cual se puso fin al proceso, cumple los requisitos de procedencia y oportunidad, para habilitar el conocimiento del asunto en segunda instancia por parte del Consejo de Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo de Estado es competente por el factor funcional para conocer del presente asunto en segunda instancia, de conformidad con el artículo 150 del CPACA (modificado por el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021), según el cual conoce de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En consonancia, el artículo 243.2 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, prevé que el auto que por cualquier causa ponga fin al proceso es susceptible de este recurso, que será decidido por la Sala conforme al artículo 125 del mismo código, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021. El artículo 244.3 del CPACA, modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021, establece que el recurso de apelación deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación. Dado que la providencia recurrida se notificó por estado del lunes, 23 de septiembre de 2024, y la demandante interpuso el recurso de apelación el jueves, 26 de septiembre de 2024, la Sala observa que la impugnación se formuló oportunamente.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243.2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 244.3, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 20, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 25, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 62
CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / PROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ASUNTOS CONCILIABLES / MEDIO DE CONTROL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA DEMANDA / CAUSALES DE RECHAZO DE LA DEMANDA / TERMINACIÓN DEL PROCESO / NULIDAD INSANEABLE / PRINCIPIO DE AUTOCOMPOSICIÓN / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FALLO INHIBITORIO / SENTENCIA INHIBITORIA
Problema jurídico:
¿La falta de acreditación del requisito de procedibilidad consistente en agotar la conciliación extrajudicial en los asuntos conciliables constituye un defecto insubsanable que impide un pronunciamiento de fondo y faculta al juez para dar por terminado el proceso o proferir una decisión inhibitoria, aun cuando dicha omisión no haya sido advertida en etapas procesales anteriores?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 35 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, estableció que la conciliación constituía requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción. Esta disposición fue extendida a la materia contencioso administrativa por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, que previó la conciliación como requisito de procedibilidad de las acciones de los artículos 85 a 87 del CCA [entiéndase en su momento CPACA]. En consonancia con lo anterior, el artículo 161.1 del CPACA, en su redacción original, dispuso que, cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Su inadvertencia implica que la demanda no cumple con los requisitos legales. En ese sentido, el artículo 36 de la Ley 640 de 2001 estableció que la ausencia del requisito de procedibilidad dará lugar al rechazo de plano de la demanda. Del mismo modo, el parágrafo 2º del artículo 175 del CPACA habilita al fallador a dar por terminado el proceso si, en la oportunidad procesal para resolver las excepciones previas, advierte el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. La jurisprudencia unificada de esta Sección ha establecido que el cumplimiento del requisito de procedibilidad es una limitación sustancial para emitir un pronunciamiento de fondo y, en consecuencia, no puede sanearse en ninguna etapa del proceso. Esto, incluso si no fue objeto de debate al admitir la demanda y en las excepciones previas. Lo anterior, en la medida en que la conciliación prejudicial, como mecanismo de resolución de conflictos promueve la solución autocompositiva de controversias y racionaliza el acceso a la administración de justicia. Derivado de ello, ante el incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, procede la terminación del proceso anticipadamente o, si esta situación se advierte al proferir fallo, este deberá ser inhibitorio .
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la conciliación como requisito de procedibilidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de unificación de 25 del mayo de 2016, exp. 40077, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 17 de junio de 2024, exp. 47632, C.P. William Edgardo Barrera Muñoz; sentencia del 17 de junio de 2024, exp. 45552, C.P. William Edgardo Barrera Muñoz.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 85, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 13, LEY 1395 DE 2010 - ARTÍCULO 52, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 161.1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 175 PARÁGRAFO 2, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 35, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 36
MEDIDA CAUTELAR / NATURALEZA DE LA MEDIDA CAUTELAR / CLASES DE MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER PATRIMONIAL / AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / NORMATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA / DIFERENCIA DE CRITERIOS / SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO / SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO / EFECTOS DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Para determinar si una medida cautelar tiene carácter patrimonial y, por tanto, exime del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, debe verificarse que su finalidad esté dirigida a la protección, conservación o afectación del patrimonio de alguna de las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con todo, el artículo 613 del CGP dispone como facultativo el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación, entre otros eventos, si se pide una medida cautelar de carácter patrimonial . Ahora bien, la ley no ofrece una definición explícita de lo que implica que una medida cautelar tenga carácter patrimonial, por lo que esta Corporación ha venido desarrollando el contenido de esa expresión desde la introducción del artículo 613 del CGP en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Respecto de los criterios que ha mantenido el Consejo de Estado en materia de medidas cautelares, resulta importante poner de presente que, antes de la vigencia de ese precepto (artículo 613 CGP), operaba el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 [modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010] cuyo último inciso estableció que «[c]uando en el proceso de que se trate, y se quiera solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente a la jurisdicción». Al interpretar esta norma, la Sección Primera de la Corporación sostuvo que la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo no podía ser considerada como una medida cautelar que eximiera del cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación, como lo planteó el artículo 35 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009. (…) Una vez entró en vigor el artículo 613 del CGP, el criterio anteriormente esbozado encontró objeción en el auto del 27 de noviembre de 2014, en el que se privilegió la interpretación orientada a que la suspensión provisional es una medida cautelar de carácter patrimonial, por lo que exime de tramitar la conciliación prejudicial (…). El criterio arriba esbozado fue reiterado en auto del 22 de octubre de 2015. Sin embargo, en el mismo año, se emitieron pronunciamientos en la Sección Quinta de la Corporación que indicaban la posición contraria: la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo no tiene carácter patrimonial. (…) Así se ha mantenido la postura jurisprudencial en la Corporación, de modo que, bajo el criterio sostenido, la suspensión provisional de los efectos de actos administrativos no tiene un carácter patrimonial, pues no tienen como fin la afectación del patrimonio del demandado ni evitar que se insolvente. No se olvide que las medidas cautelares tienen por objeto esencial la preservación de los eventuales efectos de una sentencia; también que, en discusiones de carácter económico, su carácter patrimonial se refiere, por excelencia, a la conservación del patrimonio del deudor. Por el contrario, no será de carácter patrimonial la medida que, aunque pueda tener efectos sobre el patrimonio, no esté dirigida a afectarlo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la suspensión provisional de un acto administrativo como medida de carácter no patrimonial, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 18 de marzo de 2010, exp. 13001-23-31-000-2009-00086-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; Sección Primera, auto de 20 de enero de 2011, exp. 25000-23-24-000-2009-00430-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; Sección Primera, auto de 30 de junio de 2011, exp. 13001-23-31-000-2009-00382-01, C.P. María Elizabeth García González; Sección Quinta, auto de 15 de mayo de 2015, exp. 25000-23-41-000-2015-00005-01, C.P. Susana Buitrago Valencia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 13, LEY 1395 DE 2010 - ARTÍCULO 52, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 613, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 35
CONFIRMACIÓN DEL AUTO / TERMINACIÓN DEL PROCESO / NULIDAD INSANEABLE / FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / ASUNTOS CONCILIABLES / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE NUEVA POSICIÓN JURISPRUDENCIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / PRINCIPIO DE IGUALDAD MATERIAL
Problema jurídico:
¿Procede confirmar la terminación del proceso por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, dado que la parte demandante omitió dicho trámite, a pesar de que la jurisprudencia vigente al momento de decidir sostiene que la solicitud de suspensión provisional de un acto administrativo no constituye una medida cautelar de carácter patrimonial que la exima de dicho requisito?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l trámite de la conciliación prejudicial no responde a una mera formalidad, sino al cumplimiento de una norma imperativa, que impone un requisito sustancial para acceder a la justicia y que responde a fines constitucionalmente legítimos. Por ello, mal haría la Sala en predicar una aplicación irreflexiva de la norma procesal, cuando la conciliación se erige como requisito sustancial para acceder a la jurisdicción. (…) Frente a ello, se ha decantado que la jurisprudencia tiene efecto general e inmediato, de manera que los jueces están obligados, en términos generales, a aplicar las reglas jurisprudenciales vigentes al momento de proferir la providencia respectiva. En ese sentido, la modificación de la interpretación jurisprudencial del derecho vigente no es contraria a los principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima, siempre que se justifique por qué se modifica el criterio. Como se vio, la postura adoptada por el Consejo de Estado y aplicada por el Tribunal para declarar la terminación del proceso está cimentada en providencias anteriores a la fecha de presentación de la demanda. Nótese que la Sección excluía la suspensión provisional de las medidas cautelares, en la medida en que, como se explicó, esta figura tiene por objeto esencial la preservación de los eventuales efectos de una sentencia y que, en discusiones de carácter económico, ello se refiere, por excelencia, a la conservación del patrimonio del deudor. Esta interpretación refleja el criterio que se aplica en el auto objeto de recurso y que, en efecto, existía desde antes de la presentación de la demanda. Este criterio, además, fue aplicado por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la época de la admisión de la demanda y, además, por la Sección Quinta, en época anterior. Esta postura sólo tiene objeción en la postura insular que sostiene el auto del 27 de noviembre de 2014 y fue posteriormente rectificada. (…) Adicionalmente, la Sala no encuentra una justificación para aplicar de forma ultraactiva la regla jurisprudencial que propuso el auto del 27 de noviembre de 2014. Por el contrario, no se ha demostrado dicha vulneración. Por un lado, como se explicó, existía un criterio preponderante que excluyó la suspensión provisional de las medidas cautelares que eximen del cumplimiento del requisito de procedibilidad. En 2016, esta Sección aplicó el criterio indicativo de que la suspensión provisional no tendría carácter patrimonial a asuntos admitidos antes de la presentación de la demanda de referencia. Con ello, la Sala comprueba que aplicar la regla jurisprudencial cuya aplicación pretende la apelante resultaría lesivo de la igualdad material de las partes procesales a las que se les aplicó el criterio vigente hoy y entonces ya formado. El respeto por ese derecho fundamental marca el derrotero constitucional para la aplicación de reglas jurisprudenciales superadas y justifica la aplicación del criterio jurisprudencial vigente, como lo hará la Sala. En el caso en análisis, es evidente que se omitió el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial ante el Ministerio Público, bajo la premisa de que la suspensión provisional de un acto administrativo que declaró el siniestro de estabilidad de obra es una medida cautelar de carácter patrimonial. La jurisprudencia mayoritaria y sostenida de la Corporación -suficientemente citada- ha indicado que la suspensión provisional de actos administrativos no reviste tal carácter. Por ello, sin lugar a dudas, la parte demandante ha debido agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación, como presupuesto sustancial para acceder a la administración de justicia. Así, la terminación del proceso decretada por el Tribunal Administrativo responde a la aplicación razonada de la ley, bajo el entendido que la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad es un presupuesto sustancial para el acceso a la jurisdicción, que no puede ser saneado al ser un trámite que debe agotarse antes de ejercer el derecho de acción. Requisito cuyo incumplimiento lleva al juez de instancia a inhibirse para fallar de fondo. Por todo lo anterior, se impone confirmar el auto apelado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la suspensión provisional de un acto administrativo como medida de carácter no patrimonial, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 27 de noviembre de 2014, exp. 76001-23-33-000-2014-00550-01, C.P. María Elizabeth García González; Sección Tercera, auto del 14 de septiembre de 2016, exp. 54762, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Corte Constitucional, Sala Plena, SU-406 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Consejo de Estado. Providencia Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto. 2026-06-01. C.P. WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ. Rad. 05001233300020160024302. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020160024302-72786-auto-interlocutorio).
