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clave: "consejo_estado:providencia:05001233300020150058701-62481-sentencia"
titulo: "Principio de planeación: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-09-18"
radicado: "05001233300020150058701"
numero: "62481"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Principio de planeación: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-09-18
- **Radicado:** 05001233300020150058701
- **Número interno:** 62481
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CALCULO Y CONTRUCCIONES S.A.
- **Demandado:** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020150058701-62481-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233300020150058701/D9D51AE643AC29D656EA3D04704A22B90F5A2B867B0416ED505150FB2654E5FE/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201500587011100103

## Problema jurídico

¿El desconocimiento del principio de planeación precontractual, es un asunto debatible bajo la pretensión del incumplimiento contractual?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Los pactos modificatorios suscritos entre las partes del contrato de obra pública, remediaron las circunstancias aludidas por el contratista como desencadenantes de los mayores costos en que…
- ¿Hay lugar a condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?

## Extracto

En punto al incumplimiento aludido por la actora por la supuesta vulneración del principio de planeación por parte de la EDU y sus efectos, conviene precisar que la planeación se sitúa en un momento previo a la celebración del contrato, así que su eventual inobservancia o indebida ejecución no es un asunto que se proyecte frente a la exigencia en el débito obligacional derivado de lo pactado y, por ende, debatible bajo la pretensión del incumplimiento contractual.

## Síntesis temática

En el medio de control de controversias contractuales, la inobservancia del principio de planeación precontractual no constituye por sí misma un incumplimiento que pueda debatirse bajo la pretensión de incumplimiento contractual. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la planeación se sitúa en un momento previo a la celebración del contrato, de modo que su inobservancia no se proyecta sobre la exigencia de las obligaciones derivadas de lo pactado. Segunda, la pretensión de incumplimiento tiene por objeto el débito obligacional que surge del contrato celebrado, y no la validez de las etapas previas a su formación. La providencia reconoce que el desconocimiento de la planeación puede tener efectos sobre otros elementos del contrato, pero confirma que ese alcance no puede discutirse mediante la pretensión de incumplimiento. En la práctica, quien alegue la vulneración del principio de planeación debe formular pretensiones distintas, y no una pretensión de incumplimiento que se refiera a obligaciones ya pactadas.

## Descriptores temáticos

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INDEBIDA FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA, SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, CONTRATO ADICIONAL, CONTRATO ADICIONAL ESTATAL, AJUSTE DE PRECIO, INCREMENTO DEL PRECIO, PRECIO DEL CONTRATO, PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL, REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN, INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL, NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO, BUENA FE CONTRACTUAL, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, ACTO PROPIO, PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO, TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO, COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS, APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES, REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES, TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INDEBIDA FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El desconocimiento del principio de planeación precontractual, es un asunto debatible bajo la pretensión del incumplimiento contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n punto al incumplimiento aludido por la actora por la supuesta vulneración del principio de planeación por parte de la EDU y sus efectos, conviene precisar que la planeación se sitúa en un momento previo a la celebración del contrato, así que su eventual inobservancia o indebida ejecución no es un asunto que se proyecte frente a la exigencia en el débito obligacional derivado de lo pactado y, por ende, debatible bajo la pretensión del incumplimiento contractual. No discute la Sala que el desconocimiento del principio de planeación pueda tener efectos en uno o varios de los elementos estructurantes del contrato -como sus condiciones técnicas, el precio y el plazo-, caso en el cual, al tratarse en estricto sentido de un reproche por error, insuficiencia o variación de las bases del contrato, el contratista tiene el deber de acreditarlas, sea porque afecten la validez del contrato o algunos de sus elementos estructurales, más no analizarlas desde la óptica de un incumplimiento contractual, pues en este caso no se trata de una obligación negocial explícita o implícita incumplida, sino, se itera, de una discusión respecto de los cimientos y orígenes del negocio jurídico. (...) Así las cosas, no es procedente plantear la pretensión de incumplimiento contractual por una configuración indebida de sus bases a causa de una violación del principio de planeación, escenario que dispensaría a la Sala de estudiar este pedimento; no obstante, al advertir que los hechos que fundan las pretensiones del sub lite se relacionan ciertamente con el incumplimiento del contenido obligacional pactado -más allá de la alusión al desconocimiento del principio de planeación-, por la mora en la entrega de los planos y diseños por parte de la EDU y las modificaciones y diseños a éstos en el curso de la ejecución negocial, la Sala pasa a pronunciarse sobre tales aspectos, desde la perspectiva de la responsabilidad contractual por incumplimiento, como ya se explicó.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la responsabilidad por el desconocimiento del principio de planeación, 12 de diciembre de 2022, Exp. 59382, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / CONTRATO ADICIONAL / CONTRATO ADICIONAL ESTATAL / AJUSTE DE PRECIO / INCREMENTO DEL PRECIO / PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO
Problema jurídico:
¿Los pactos modificatorios suscritos entre las partes del contrato de obra pública, remediaron las circunstancias aludidas por el contratista como desencadenantes de los mayores costos en que incurrió con ocasión de la ejecución de la obra, por lo que no resulta válido declarar el incumplimiento del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
El objeto de la controversia tiene por fin determinar si existió o no incumplimiento contractual de la entidad demandada. El a quo negó las pretensiones de la demanda, al considerar que los pactos modificatorios remediaron las circunstancias aludidas por el contratista como desencadenantes de los mayores costos en que incurrió con ocasión de la ejecución de la obra; en la apelación, la recurrente afirmó que el Tribunal falló al apreciar indebidamente el acervo probatorio, el cual acreditaba los sobrecostos que tuvo que asumir y que rompieron la ecuación económica del contrato. (...) Dado que el a quo consideró que no son procedentes las reclamaciones elevadas, puesto que mediante la suscripción de los contratos adicionales las partes remediaron las circunstancias que trastocaron la ejecución contractual y que, además, el contratista no indicó al momento de su celebración los perjuicios que le fueron irrogados con la mayor permanencia en obra y el consecuente aumento en los costos incurridos, resulta necesario examinar los alcances de la suscripción de los acuerdos contractuales, de cara a los pedimentos insistidos en la apelación. (...) El principio de normatividad (Código Civil, artículo 1602) y el deber de las partes de actuar de buena fe (Código Civil, artículo 1603; Código de Comercio, artículo 871) se aplica a los contratos de las entidades estatales, estén o no sometidos a la Ley 80 de 1993. Con fundamento en esos postulados, la jurisprudencia de la Corporación ha venido analizando si son o no procedentes las reclamaciones que se fundan en acuerdos contractuales sobre la modificación del plazo o adiciones al precio, cuando al tiempo de suscribirlos el contratista no expresó reservas o salvedades en torno a reclamos fundados en que tales acuerdos no los abarcan. (...) Más allá de que el régimen al que está sometida la EDU sea el derecho privado, ello no desdibuja el análisis que sobre los efectos de las prórrogas y adiciones debe hacerse para desentrañar si lo reclamado estaba o no comprendido en el nuevo acuerdo contractual; escenario que, en ningún caso, ha significado la existencia de un requisito previo conforme al cual, al suscribirse pactos adicionales durante la ejecución del contrato, pueda entenderse que el silencio de una de las partes frente a una determinada reclamación, le impida, a la llana, pretenderla en un proceso ante esta jurisdicción. (...) De modo que cuando las partes autorregulen sus intereses y relaciones para poner fin a cualquier diferencia o para llegar a un arreglo respecto de los distintos eventos o circunstancias que se puedan presentar en curso de la ejecución contractual, ello no puede interpretarse como un requerimiento jurisprudencial que exija una expresa forma de reclamación y que, a la postre, impida estudiar el fondo del conflicto (...). En este orden de ideas, se impone analizar cuál fue el motivo que condujo la suscripción del acuerdo modificatorio y el contenido de los arreglos que las partes alcanzaron, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y su objeto, todo ello en atención a la unidad técnica, económica y financiera que debe revelar la ejecución del contrato, incluyendo los instrumentos de remediación que pudieran acordar los contratantes. (...) Con base en estos elementos habrá de definirse si las pretensiones resultan o no procedentes, ya sea porque desconocen la propia conducta de las partes explicitada no solo en el contenido de un negocio jurídico obligatorio en el que se regularon los asuntos objeto de la reclamación, sino también en los acuerdos y manifestaciones expresadas en el desarrollo del contrato, o porque una de las partes debe soportar los efectos de la ocurrencia de los hechos que motivaron su suscripción, derivado de la asignación y asunción de determinados riesgos según lo acordado. (...) Visto el material probatorio (...), la Sala estima que cuenta con elementos de juicio no solo para identificar y extraer los acuerdos de las partes, sino también conocer su alcance, lo que permite arribar a la conclusión de que los pactos referidos estuvieron no solo destinados a facilitar y garantizar el cumplimiento del objeto pactado sino también a superar los conflictos relacionados con la reclamación que origina el sub examine. (...) Los antecedentes visibles en las actas de comité de obra (...), así como las consideraciones plasmadas en cada uno de los otrosíes, dan cuenta tanto del reconocimiento de la EDU de las circunstancias que trastocaron la normal ejecución del negocio jurídico, como de la estipulación de fórmulas de arreglo, con el propósito de componer tales adversidades. (...) Al lado del reconocimiento del contexto referido y de la necesidad de agregar plazo negocial para cumplir con las actividades presupuestadas, así como las nuevas requeridas y superar los sucesos enunciados, se adicionó, en dos oportunidades, el precio del negocio jurídico; proceder que estuvo antecedido de una negociación entre las partes, tal como consta en las actas de comité de obra ya anotadas, en que la EDU instó en diversas ocasiones para que el contratista, en conjunto con la interventoría, con posterior aprobación del coordinador del PUI, concertaran los nuevos APU de obra extra y cambios de las actividades inicialmente estipuladas. De modo que el aumento del precio negocial devino de un ajuste proveniente del acuerdo de las partes que atendía las vicisitudes que atravesaba el proyecto, donde se conminó a la sociedad contratista a plantear los costos de los nuevos APU así como de las actividades que se tenían que reprogramar para su ulterior revisión y aprobación del coordinador del proyecto, razón por la cual sí existió coordinación y común acuerdo en su fijación, ya que éstos se referían, como se vio, a componer el escenario que perjudicaba al alcance del objeto pactado. (...) Así, las circunstancias objeto de reclamación en sede contractual y luego jurisdiccional como generadoras de mayor permanencia, sí fueron consideradas como causas de la suscripción de los aludidos otrosíes; además, la determinación de remediar las anteriores circunstancias durante el desarrollo contractual fue explícita, en tanto el contratista planteó la necesidad de aumentar en precio y plazo el contrato y, luego, el negocio jurídico fue ajustado a través de los mecanismos acordados por ambas partes. (...) En esa medida y ante la advertencia de que las motivaciones del presente asunto y los pactos adicionales están jurídicamente ligadas en sus causas, acuerdos y efectos, no es dable desconocerlas ni tomarlas como extrañas al presente litigio pues, ciertamente, condujeron a las partes a suscribir los otrosíes examinados, e implicaron para ellas una negociación integral del precio por las actividades objeto del contrato, así como de los efectos derivados de la prórroga del plazo inicialmente convenido, razón por la cual la pretensión formulada por la actora en torno al reconocimiento de los supuestos sobrecostos en que incurrió por la ejecución de la obra resulta improcedente, porque desconoce el contenido de los acuerdos que concertó, y en ellos la prohibición de venir contra los actos propios. (...) En esa medida y comoquiera que lo pactado constituye ley para las partes (art.1602 C.C.), es evidente que las consecuencias de dicha renuncia anticipada se tornan definitivas, situación que impide acceder a la prosperidad de las reclamaciones derivadas por sobrecostos o mayor permanencia en obra, a raíz de la referida adición, pues no hay lugar a desconocer el efecto normativo y, por ende, obligatorio, que las partes le otorgaron a la transcrita estipulación. Entonces, la cláusula de renuncia así estipulada descarta el fundamento de las reclamaciones elevadas en el presente asunto, al menos las causados hasta su suscripción (1 de abril de 2011), comoquiera que las partes le concedieron efecto normativo a dicha manifestación y, a su vez, se constató, como ya se explicó, que los motivos que cimentaron la adición 1 coinciden con los pedimentos que fundamentan el presente asunto. (...) En relación con las adiciones 2 y 3, la Sala se percata que las partes se abstuvieron de contemplar una estipulación en los términos acabados de desarrollar, escenario que conduce a dilucidar sus efectos de cara a las reclamaciones que se estudian. En relación con este aspecto conviene aclarar, en línea de principio, que no necesariamente la falta de una estipulación como la advertida signifique estar en presencia de un silencio de las partes, pues éstas bien pudieron hacer definiciones puntuales en cada una de las cláusulas acordadas, las que, con suficiencia, revelen el alcance y riesgos asumidos por ellas, siendo entonces identificable el límite de la prestación o contraprestación asumida; a su turno, habrá de precisarse, en todo caso, que el silencio no tiene efectos dispositivos, es decir, no conduce a entender que una omisión en tal escenario denote, por si misma, una renuncia a reclamaciones futuras, por cuanto ello conllevaría a desconocer el contenido transaccional dispuesto por las partes e imponerles obligaciones de conducta que la ley no les exige. (...) En este orden de ideas y ante la falta de manifestación específica de las partes sobre una renuncia frente a futuras reclamaciones, no puede el fallador, sin acudir al examen de los acuerdos modificatorios y a las reclamaciones que con posterioridad se formulen, otorgar al silencio el significado de una renuncia a formular un reclamo; sino que, como corresponde a la tarea del juez, habrá de incursionar en el acuerdo y su contexto negocial con el propósito de identificar si convergen las razones de lo pactado y los aspectos que se remediaron con los otrosíes; circunstancia que quedó acreditada en el sub examine (...). Así las cosas, comoquiera que se constata que los efectos de los otrosíes del contrato 831 de 2010 se extendieron a regular los aspectos que fueron demandados, comoquiera que, pese a que no se expresó de forma explícita la intención de resolver el conflicto que ahora se estudia, su contenido torna patente la conformidad de lo negociado en éstos con los motivos que sustentan la reclamación del sub examine, y, por cuenta de estas razones las pretensiones deben negarse. (...) Finalmente, respecto de los reproches elevados por la actora contra el acto de liquidación unilateral, toda vez que, en su parecer, vulneró su debido proceso al no incluir las salvedades que manifestó cuando la entidad le puso de presente contenido del proyecto de liquidación bilateral del negocio jurídico, la Sala se anticipa a manifestar que no prosperan los pedimentos por ser consecuenciales a los antes referidos, decisión que, por demás, releva a la Sala de inmiscuirse siquiera en los análisis que tales pretensiones requieren, de cara, entre otros, al régimen legal del contrato y sus implicaciones, pues son aspectos que como se ha precisado solo procederían en tanto el interés del actor en discutir su legalidad esté justificado bajo un interés legítimo, el que no está presente en torno a las pretensiones principales que se negaron y que por virtud de este fallo, será confirmado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las salvedades en los acuerdos contractuales allegados por las partes, consultar providencias de 8 de noviembre de 2016, Exp. 47336, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 12 de agosto de 2019, Exp. 38603, C.P. María Adriana Marín; de 6 de febrero de 2020, Exp. 63123, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de 8 de mayo de 2020, Exp. 64701, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 20 de noviembre de 2020, Exp. 38097, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 5 de febrero de 2021, Exp. 46726, C.P. José Roberto Sáchica Mendez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Hay lugar a condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos del artículo 188 del CPACA, resulta aplicable lo previsto en el Código General del Proceso en relación con la condena en costas, normativa que consagra, en su artículo 365 -numeral 1-, que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación que haya propuesto, por lo que se proferirá decisión en el sentido de imponer costas por esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la EDU. A su vez, el artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura. (...) Por lo anterior, se fijan las agencias en derecho, para esta instancia, en la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA PESOS M/CTE ($3’691.060) a favor de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, cifra que no supera el 5% sobre las pretensiones que fueron formuladas en este proceso, límite máximo para la tasación de las costas en segunda instancia, según lo establece el Acuerdo 1887 de 2003.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-09-18. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 05001233300020150058701. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020150058701-62481-sentencia).
