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clave: "consejo_estado:providencia:05001233300020130011901-60266-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el régimen jurídico aplicable a la presente acción de repetición es el anterior a la Ley 678 de 2001"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-08-08"
radicado: "05001233300020130011901"
numero: "60266"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: el régimen jurídico aplicable a la presente acción de repetición es el anterior a la Ley 678 de 2001

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-08-08
- **Radicado:** 05001233300020130011901
- **Número interno:** 60266
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
- **Demandado:** DORA SUSANA FONSECA ACOSTA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020130011901-60266-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233300020130011901/3DDC64B76A9AE75360798606081913D2EE6747B7F44E540C4D8D5B64850CA07D/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201300119011100103

## Problema jurídico

¿El régimen jurídico aplicable a la presente acción de repetición es el anterior a la Ley 678 de 2001, ya que los hechos son anteriores a su vigencia y en virtud del principio de irretroactividad?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿La certificación emitida por la tesorera general de la entidad accionante constituye una prueba suficiente del pago de la condena consistente en intereses moratorios y costas procesales liquidadas…
- ¿La demandada incurrió en una conducta gravemente culposa en ejercicio del cargo de asesora general de la dirección general del INPEC…
- ¿Procede condenar en costas cuando no esta demostrado que la demandada vencedora hubiera incurrido en gastos durante la segunda instancia, dado que su defensa estuvo a cargo de curador ad-Iitem…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 57 de 1887
- Ley 678 de 2001
- Constitución Política

## Extracto

Régimen jurídico aplicable al asunto… Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior.

## Síntesis temática

En la acción de repetición, el régimen jurídico aplicable es el vigente al momento de los hechos que originaron la condena, de modo que cuando estos son anteriores a la Ley 678 de 2001 no se aplica esa ley. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la Ley 678 de 2001 rige los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad. Segunda, la excepción de efectos retroactivos no altera esa regla general, por lo que la valoración de la conducta del agente se hace conforme a la normativa anterior. En el caso, los hechos son anteriores a la vigencia de la ley, y por ello la providencia confirma que la acción debe analizarse con el régimen previo. En la práctica, la entidad debe identificar la fecha de los hechos que causaron la condena antes de invocar las presunciones de dolo o culpa grave, porque esa fecha determina la norma aplicable.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN, NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, LEY 678 DE 2001, VIGENCIA DE LA LEY, VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, PAGO DE LA CONDENA, PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA, PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PAGO DE INTERESES, PAGO DE INTERÉS MORATORIO, INTERÉS MORATORIO, PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES, DOCUMENTO PÚBLICO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO, CULPA GRAVE, VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE, INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE, INPEC, FALTA DE PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES, PROCESO EJECUTIVO, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, DETRIMENTO DEL PATRIMONIO, DETRIMENTO PATRIMONIAL DEL TESORO PÚBLICO, ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA, ACTUACIÓN POSTERIOR AL RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO, CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO, SERVIDOR PÚBLICO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO, AGENTE DEL ESTADO, INEXISTENCIA DE LA CULPA PERSONAL DEL AGENTE, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, COSTAS PROCESALES, EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES, CURADOR AD LITEM

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## Texto del documento

ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / LEY 678 DE 2001 / VIGENCIA DE LA LEY / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD
Problema jurídico:
¿El régimen jurídico aplicable a la presente acción de repetición es el anterior a la Ley 678 de 2001, ya que los hechos son anteriores a su vigencia y en virtud del principio de irretroactividad?
Respuesta al problema jurídico: Si
Régimen jurídico aplicable al asunto (...) Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior. Pero, si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior (...) Por ende, como en este caso las actas de recibo final de la obra y de liquidación bilateral del contrato fueron suscritas el diecisiete (17) de octubre de dos mil (2000) yel treinta y uno (31) de julio de dos mil uno (2001), la normativa aplicable a los aspectos sustanciales no se rige por la Ley 678 de 2001.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen aplicable a los asuntos de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de mano de 2007, exp. 30330 C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 18 de junio de 2018. exp. 54692 C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 124, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 57 DE 1887, LEY 678 DE 2001
PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE INTERESES / PAGO DE INTERÉS MORATORIO / INTERÉS MORATORIO / PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿La certificación emitida por la tesorera general de la entidad accionante constituye una prueba suficiente del pago de la condena consistente en intereses moratorios y costas procesales liquidadas en el proceso ejecutivo, como requisito de prosperidad de las pretensiones de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Sea necesario anotar que, nuestra codificación civil, no establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación, pues estableció la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de. acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue recogida y adoptada por el Código de Procedimiento Civil —en su momento— y que se mantiene vigente en el actual Código General del Proceso. Ahora, si bien es cierto nuestra codificación civil hace referencia en algunas normas a la "carta de pago", recibo o paz y salvo, que es la declaración del acreedor de haber recibido de forma satisfactoria el pago y, por tanto, una prueba que —por provenir del acreedor— tiene la entidad suficiente para acreditar el pago o la solución de la obligación, no es la única prueba que prevé el ordenamiento jurídico para tal efecto, pues, se recuerda, no hay tarifa probatoria para acreditar el pago efectivo y, por ende, el deudor puede valerse de cualquier medio legalmente válido. En este orden de ideas, el juez debe valorar de forma conjunta los medios de prueba allegados, bajo los parámetros de la sana crítica según lo contempla el actual Código General del Proceso (...) El Consejo de Estado, desde el año 2013, ha revisado la postura sostenida hasta ese momento en relación con el pago efectivo de la condena y consideró que, si bien los documentos aportados por las entidades públicas eran elaborados por ellos mismos, lo cierto era que gozaban de plena validez y capacidad probatoria, como quiera que, en virtud de quien los expedía, permitía establecer que se trataba de documentos públicos completamente válidos. El legislador elevó esta interpretación a rango normativo, razón por la que estableció en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 (...) Claro está que lo anterior no implica que dichos documentos —de naturaleza pública— sean prueba definitiva e incontrovertible, por cuanto su contenido acreditaría el hecho que se certifica, siempre que, estando a disposición de la parte contraria, no hayan sido controvertidos, objetados o tachados de falsos; controversia que, no obstante, no se dio en este proceso. (...) El ente demandado, con el propósito de acreditar el pago efectivo de la obligación, aportó (...) documentos: (...) De esta forma, las pruebas documentales anteriormente relacionados, que no fueron controvertidas por la parte demandada, constituyen prueba suficiente de que la entidad pública cumplió la obligación de pago de los intereses moratorio y las costas liquidadas en el proceso ejecutivo, porque se trata de documentos públicos que contienen y reflejan la voluntad de la administración de dar cumplimiento a la condena impuesta en su contra, que acreditan el nombre del beneficiario, la fuente de la obligación, la suma de dinero pagada y la fecha en que se realizó el pago; además, se presumen auténticos, pues existe certeza del servidor público que los expidió y el cargo que ejercía. Se impone así una respuesta afirmativa al primer problema jurídico relativo a la acreditación del pago efectivo de la condena, razón por la cual se abre paso al análisis del segundo problema, concerniente a la conducta de la demandada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los documentos públicos que acreditan el pago de la condena, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de septiembre de 2013, exp. 25631, C.P. Ramiro Pazos Guerrero
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142
CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / INPEC / PAGO DE INTERÉS MORATORIO / FALTA DE PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCESO EJECUTIVO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / DETRIMENTO DEL PATRIMONIO / DETRIMENTO PATRIMONIAL DEL TESORO PÚBLICO / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / ACTUACIÓN POSTERIOR AL RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / SERVIDOR PÚBLICO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / AGENTE DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA CULPA PERSONAL DEL AGENTE
Problema jurídico:
¿La demandada incurrió en una conducta gravemente culposa en ejercicio del cargo de asesora general de la dirección general del INPEC, por oponerse al pago del acta de recibo final del contrato de obra 1211 de 1999 que, finalmente, ocasionó la pérdida de la disponibilidad presupuestal establecida para el pago oportuno de la obligación liquidada en el proceso ejecutivo?
Respuesta al problema jurídico: No
Para sustentar el presupuesto subjetivo de prosperidad de la acción de repetición, el órgano apelante adujo que la demandada incurrió en una conducta gravemente culposa, en su condición de asesora de la dirección general, al oponerse al pago de la obligación relacionada en el acta de recibo final del contrato de obra 1211 de 1999, suscrita el 17 de octubre de 2000, porque, a su juicio, dicha oposición dio lugar a la causación de los intereses moratorios y de las costas procesales impuestas en contra del INPEC en la providencia que dispuso continuar con la ejecución de la obligación. (...) la condena al Estado no equivale automáticamente a la culpa grave del funcionario, porque el análisis del juez de la repetición se centra en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente (...) circunstancia esta que imposibilita extrapolar las conclusiones en torno a los hechos que motivaron la condena, para concentrarse en la valoración de pruebas legalmente acopiadas respecto de la conducta del servidor, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron los medios probatorios allegados al proceso judicial que sustentó la pretensión de reembolso. El elemento subjetivo implica que la actuación del servidor público, conforme a la normatividad vigente para la época en que se presentó el daño antijurídico, hubiera sido negligente, despreocupada, imprudente o carente del deber objetivo de cuidado (culpa grave), o se hubiera realizado con la intención positiva de desconocer los deberes propios del empleo (dolo). En este juicio, resulta oportuno establecer: (i) si la actuación está directamente relacionada con el daño que motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso, (u) si el comportamiento fue determinante en la ocurrencia de esa afectación, teniendo en cuenta las funciones contempladas en la ley y el grado de diligencia atribuible al servidor público en razón de los requisitos del cargo, la jerarquía o la retribución económica recibida y, (iii) cuál fue el grado de participación del agente (...) En línea con lo expuesto, le corresponde a la Sala determinar si los intereses moratorios y las costas procesales que debió pagar el INPEC en virtud de la liquidación de la obligación dispuesta en el proceso ejecutivo revela una conducta gravemente culposa atribuible a la demandada, en su condición de asesora de la dirección general, por, presuntamente, oponerse al pago de las obligaciones contenidas en el "acta de recibo final"del contrato de obra 1211 de 1999; actuación que, ajuicio del organismo, impidió el pago del crédito por pérdida de disponibilidad presupuestal. (...) para la época en que el representante del INPEC, el contratista y el interventor suscribieron el acta de recibo final -18 de octubre de 2000-, Dora Susana Fonseca ejercía el cargo de asesor grado 06, por lo que se entiende que el análisis y estudio de la misma, presuntamente puesta a consideración de la demandada en ejercicio del cargo de asesora de la dirección general, debió constar en el concepto que le imponía emitir el manual de funciones frente a los asuntos sometidos a su consideración. No obstante, el órgano accionante no acreditó que la demandada hubiera rendido concepto sobre el asunto y menos que hubiera presentado oposición al pago del acta de recibo final que el INPEC alude como constitutiva de la conducta gravemente culposa atribuida a Dora Susana Fonseca. (...) Adicionalmente, la providencia que dio lugar a la liquidación de los intereses de mora y costas procesales que debió pagar el INPEC por virtud del proceso ejecutivo, da cuenta de que el ejecutante solicitó librar mandamiento de pago por la suma de trecientos cincuenta millones doscientos seis mil treinta pesos ($350.206.030), "como capital contenido y reconocido en la liquidación bilateral del contrato', por concepto de obras ejecutadas y no canceladas, más los correspondientes intereses moratorios" (...) Resulta claro, entonces, que la pretensión de ejecución de la obligación de pago se cimentó en las obligaciones contenidasen el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública 1211 de 1999, firmada por el director general del INPEC, el interventor y el contratista el 31 de julio dé 2001, no en el "acta de recibo final", suscrita el 18 de octubre de 2000 por el contratista, el interventor y la directora de interventorías, con el visto bueno del comisionado de la dirección general designado por resolución 2712 del 4 de agosto de 200062. En ese ese escenario, la oposición a la solicitud de pago del acta de entrega final que el órgano demandado considera configurativa de la conducta gravemente culposa por el presunto desconocimiento de las cláusulas contractuales, en específico, la relativa a la modalidad de pago por precios unitarios, no tiene relación directa con el origen de la condena, porque la orden de pago dispuesta en el proceso ejecutivo, tanto del crédito como de los intereses moratorios, devino por la omisión de cancelar las obligaciones contraídas por el representante del INPEC en el acta de liquidación bilateral. Al respecto, resulta oportuno mencionar que (...) el detrimento patrimonial que —según el ente demandante— devino por la oposición al pago del acta de recibo final derivó, en realidad, del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el acta de liquidación bilateral (...) suscrita por el director del organismo sin atender las previsiones presupuestales que aseguraran el pago de las cuentas liquidadas, desconociendo el Estatuto Orgánico de Presupuesto, conforme al cual "ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible (...) Notes, (sic) por demás, que para la época en que el director general firmó el acta de liquidación bilateral que prestó merito ejecutivo -31 de julio de 2001-, Dora Susana Fonseca no tenía vinculación laboral vigente con el Instituto, pues su renuncia al cargo de asesor código 1020, grado 8, se hizo efectiva a partir M 17 de julio de 2001, como consta en la certificación expedida por la Subdirección de Talento Humano del INPEC. Por tanto, el detrimento derivado del impago de las obligaciones contenidas en dicho documento no puede atribuirse a la demandada, porque para el momento en que se estructuró el daño patrimonial objeto de la condena impuesta contra el INPEC ella carecía de la condición de servidora pública. (...) De acuerdo con lo expuesto en precedencia, resulta forzoso concluir que la respuesta al segundo problema jurídico planteado es negativa, pues en el sub examine el menoscabo patrimonial por la condena al pago de intereses moratorios y costas procesales en el proceso ejecutivo devino por el impago de las deudas reconocidas en el acta de liquidación bilateral suscrita por el director general después M retiro del servicio de Dora Susana Fonseca, no por la presunta oposición al acta de entrega final que el INPEC le atribuyó a la demandada como conducta configurativa de culpa grave, comportamiento que, en todo caso, el organismo accionante no demostró. (...) En definitiva, la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la culpa, como violación del deber de cuidado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de febrero de 2015, exp. 32207, C.P. Olga Mélida Valle de de la Hoz; del 30 de agosto de 2017, exp. 45295, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; del 1 de octubre de 2018, exp. 46328, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; del 29 de noviembre de 2019, exp. 43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y del 7 de septiembre de 2020, exp. 49069, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; entre otras. Sobre la responsabilidad subjetiva y personal del agente, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre a valoración de pruebas legalmente acopiadas respecto de la conducta del servidor, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp. 43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 63
IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / CURADOR AD LITEM
Problema jurídico:
¿Procede condenar en costas cuando no esta demostrado que la demandada vencedora hubiera incurrido en gastos durante la segunda instancia, dado que su defensa estuvo a cargo de curador ad-Iitem, auxiliar de la justicia que desempeña dicha labor "gratuitamente"?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del CGP, entre las que se encuentra la relativa a su composición, integradas por expensas y gastos procesales, horarios de auxiliares de la justicia y agencias en derecho (...) Conforme a las reglas de procedencia de la condena en costas, la Sala observa que en este caso no procede su imposición por los componentes de expensas ni agencias en derecho, porque no aparece demostrado en el expediente que la parte demandada hubiera incurrido en gastos por esos conceptos durante la segunda instancia, dado que su defensa estuvo a cargo de curador ad-Iitem, auxiliar de la justicia que desempeña dicha labor "gratuitamente", (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el auxiliar de la justicia que obra como curador ad litem, ver: Corte Constitucional, sentencia C-083 de 2014.

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-08-08. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 05001233300020130011901. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020130011901-60266-sentencia).
