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clave: "consejo_estado:providencia:05001233100020120085201-68119-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se acreditó la culpa grave de los agentes estatales al incumplir el estándar de conducta"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-05-23"
radicado: "05001233100020120085201"
numero: "68119"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: se acreditó la culpa grave de los agentes estatales al incumplir el estándar de conducta

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-05-23
- **Radicado:** 05001233100020120085201
- **Número interno:** 68119
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION DE REPETICION
- **Actor:** POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- **Demandado:** JOHN MANUEL LOPEZ GIRALDO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020120085201-68119-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233100020120085201/2FAF26F55DA9E59764186AA3F88D8850FCDE0A44AC50AE645AB070048FD6CC23/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000201200852011100103

## Problema jurídico

¿Se acreditó la culpa grave de los agentes estatales al incumplir el estándar de conducta que el Reglamento de Vigilancia Urbana y Rural de la Policía Nacional dispone respecto del porte y uso de armas de fuego por parte de los efectivos policiales?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿Se encuentra acreditado el pago efectivo de la condena a partir de los documentos que allegó la parte demandante?
- ¿Se acreditó la condición de agentes estatales de los demandados?
- ¿En las actuaciones de los funcionarios públicos que sean desplegadas con la intención dirigida a realizar la actividad generadora del daño…

## Fundamentos jurídicos

- Resolución 9960 de 1992, art. 131

## Extracto

Las circunstancias fácticas que han sido puestas de presente por esta Sala, a no dudarlo, permiten desde una primera lectura de lo ocurrido, reconocer la conducta gravemente culposa de un agente que utilizó un arma de dotación oficial de manera negligente y en total contravención de los reglamentos que regulan el manejo de armas de fuego, pues bajo una tarea ajena su investidura, pretextando enseñar su funcionamiento a un menor de edad, cargó el revólver en presencia del mismo, lo cual, per se, implicaba un riesgo para la integridad de los presentes y que, en efecto, terminó concretándose en la detonación del arma en contra de la humanidad del niño.

## Síntesis temática

La culpa grave del agente se configura cuando manipula un arma de dotación oficial sin atender las reglas de manejo, y con ello crea un riesgo que se concreta en el daño. La regla se apoya en que el manejo de armas de fuego exige el cuidado propio de la contingencia y el peligro que representan, y en que la contravención de los reglamentos que regulan su uso es prueba de la conducta gravemente culposa. Por ello, la utilización de un arma en circunstancias innecesarias y sin justificación compromete la responsabilidad del agente. En el asunto, un agente estatal cargó un revólver en presencia de un menor de edad, a quien pretendía enseñar su funcionamiento, y el arma se disparó e hirió al niño, por lo que la Sala revocó la sentencia de primera instancia y reconoció la culpa grave. En la práctica, la entidad que repite puede acreditar la culpa grave con los hechos que muestren el incumplimiento de los reglamentos de manejo de armas.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO, PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, CULPA GRAVE, DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE, PRUEBA DE LA CULPA GRAVE, VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE, PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, USO RESTRINGIDO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, DISPARO DE ARMAS DE FUEGO, DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, MUERTE DE MENOR DE EDAD, CULPA LEVE, PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, DOCUMENTO PÚBLICO, VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO, SISTEMA DE SANA CRÍTICA, SERVIDOR PÚBLICO, DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO, VALORACIÓN DE LA HOJA DE VIDA, MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, DEMOSTRACIÓN DEL DOLO, CONCEPTO DE CULPA GRAVE, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA, FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, AUSENCIA DEL DOLO, DETRIMENTO DEL PATRIMONIO, PARTE DEMANDANTE, REDUCCIÓN DE LA CONDENA, IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS CORRIENTE, IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO

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## Texto del documento

ACCIÓN DE REPETICIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO RESTRINGIDO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DISPARO DE ARMAS DE FUEGO / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / MUERTE DE MENOR DE EDAD / CULPA LEVE
Problema jurídico:
¿Se acreditó la culpa grave de los agentes estatales al incumplir el estándar de conducta que el Reglamento de Vigilancia Urbana y Rural de la Policía Nacional dispone respecto del porte y uso de armas de fuego por parte de los efectivos policiales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las circunstancias fácticas que han sido puestas de presente por esta Sala, a no dudarlo, permiten desde una primera lectura de lo ocurrido, reconocer la conducta gravemente culposa de un agente que utilizó un arma de dotación oficial de manera negligente y en total contravención de los reglamentos que regulan el manejo de armas de fuego, pues bajo una tarea ajena su investidura, pretextando enseñar su funcionamiento a un menor de edad, cargó el revólver en presencia del mismo, lo cual, per se, implicaba un riesgo para la integridad de los presentes y que, en efecto, terminó concretándose en la detonación del arma en contra de la humanidad del niño. En este sentido, se observa que el exagente obvió la naturaleza de contingencia y peligro que exige el manejo prudente de un arma de fuego y la empleó en circunstancias completamente innecesarias, sin justificación alguna del hecho, propiciando mediante su comportamiento el fatídico desenlace. Con ello, es claro que otro agente de la Policía Nacional, en las mismas condiciones, habría obrado de manera diferente a como obró [JML], contemplando cualquier otra forma de dar respuesta a los cuestionamientos del menor, sin necesidad de manipular el arma de dotación oficial que comporta una fuente de riesgo y, por ello, trae consigo el deber de evitar las consecuencias que de ésta podrían derivar; de ahí que, se exige el debido cuidado y custodia del arma, en atención a las normas que regulan la actividad policial, por lo que su uso se limita a situaciones en que la gravedad de las condiciones lo ameriten. Así, la conducta descuidada del exagente que causó el daño ya conocido, hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde a quien debe atender la actividad de policía en forma habitual. En este punto, vale la pena reiterar que el señor […], era un Patrullero miembro de la Policía Nacional que recibió toda la instrucción correspondiente al manejo de las armas de fuego, al punto que se le permitió su porte y manejo, por lo cual es dable concluir que conocía claramente las normas que debían guiar su actuar con debida diligencia y cuidado exigidas de su condición; aun así, optó por utilizar su arma, previamente cargada, en presencia de un menor de edad -13 años- quien actuó con la inocencia y desconocimiento propio de un niño de su edad, indagando por el funcionamiento de un arma, circunstancia que de ninguna manera, lo exculpa de la responsabilidad que se le endilga. Así las cosas, para la Sala, el resultado lesivo que se presentó el 8 de febrero de 1997, consistente en la muerte del menor […], por el cual la entidad demandante pagó […] a título de indemnización, provino de un actuar gravemente culposo de parte del señor [JMLG]. En consecuencia, al cumplirse el requisito subjetivo que exige la acción de repetición, hay mérito para acceder parcialmente a lo solicitado en el recurso de apelación y, por ende, a las pretensiones de la demanda en lo que respecta al exagente referido. […] [S]i bien el señor [TP] le facilitó el arma a su compañero [JML], esto no implica que el préstamo, per se, haya ocasionado la muerte del menor, pues si bien el revólver le fue asignado al primero de los demandados, no se desconoce que el señor […] colocó su arma a disposición de otro agente de la Policía Nacional, que contaba con el debido entrenamiento y conocimiento respecto del manejo que debe darse a las armas de fuego y, por tanto, tenía la capacidad y era completamente consciente del cuidado que requería la situación. Aunado a lo cual, el señor […] se aseguró de descargar el revólver antes de entregarlo a […], de manera tal que, incluso por descuido, no fuera posible provocar un daño de esa magnitud. En ese sentido, no puede predicarse que la actuación fue desplegada con culpa grave (imprudencia, impericia o negligencia extrema) y que, por ello, haya sido la causa directa del daño ocasionado. […] De conformidad con las disposiciones normativas precitadas, se evidencia que al señor Posada le asistía un deber de abstención del empleo del arma que le fue asignada en situaciones en que las circunstancias no lo exigieran; pese a ello, la gravedad o levedad de la conducta debe analizarse en el marco de lo que normalmente se le haya podido exigir en el cumplimiento de sus obligaciones o lo que, bajo criterios de razonabilidad, se haya esperado de su actuación, de acuerdo con las condiciones en que se causó el daño. De ahí resulta claro que el incumplimiento de los deberes que el cargo le exigía al señor [TE], no resultó de tal dimensión que únicamente pueda explicarse por la necedad, la temeridad o incuria del mismo, de manera que se califique como un actuar gravemente culposo; sin embargo, sí se trata un comportamiento desplegado bajo el modelo de conducta de culpa leve, consistente en la omisión de la diligencia del hombre normal, es decir, la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios. […] En consecuencia, de conformidad con el material probatorio, no puede determinarse que se encuentre acreditado el nexo de causalidad entre una conducta gravemente culposa cometida por el señor [TEPS] y el daño endilgado al Estado en sede de reparación directa, de manera que se impone no acceder a las pretensiones de la demanda en lo que respecta al exagente referido.
FUENTE FORMAL:
MINISTERIO DE DEFENSA, RESOLUCIÓN 9960 DE 1992 - ARTÍCULO 131
PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / SISTEMA DE SANA CRÍTICA
Problema jurídico:
¿Se encuentra acreditado el pago efectivo de la condena a partir de los documentos que allegó la parte demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cuanto a la acreditación del pago, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que no existe en el ordenamiento jurídico una disposición legal que establezca para su prueba un requisito ad solemnitatem o ad probationem, motivo porque se cuenta, en principio, con plena libertad probatoria para acreditar su efectivo cumplimiento. Por ello, frente a la prueba del pago, será cada juez quien establezca, con fundamento en la sana crítica y la lógica de lo razonable, si de los medios de prueba que obran en el expediente se desprende la demostración de la extinción de la obligación principal. Las órdenes de pago suscritas por el ordenador del gasto, o el secretario, o el director o el jefe de presupuesto de la Entidad Pública, son documentos de carácter público y vinculantes, que contienen y reflejan la propia manifestación de la voluntad de la entidad condenada, en el sentido de hacer constar el cumplimiento de la condena. Así, en tanto los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario de los autoriza, resulta incuestionable la capacidad probatoria que de ellos emana, sin perjuicio de la tacha de falsedad que en su contra pueda elevar la parte contra quien se aducen. […] Los documentos […] demuestran que la entidad demandante programó y efectuó el pago de una suma de dinero, la cual corresponde en su integridad a la señalada en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia […]. Con base en ello, en tanto los documentos referidos estuvieron a merced de la parte demandada y no fueron objetados ni tachados de falsos, ahora, valorados judicialmente, acreditan el segundo de los requisitos objetivos referidos en los párrafos anteriores. Por lo anterior, en tanto prosperan los argumentos precisados por la entidad demandante en el escrito de apelación respecto de la acreditación del pago de la condena por la que ahora se repite, se revocará la decisión de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la forma de acreditar el pago de la condena en la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de septiembre de 2013, rad. 25361, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264
PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / VALORACIÓN DE LA HOJA DE VIDA / MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL
Problema jurídico:
¿Se acreditó la condición de agentes estatales de los demandados?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 Constitucional, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. En el trámite de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia ofició a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional – Seccional Antioquia, con el fin de que allegara los siguientes documentos, incorporados en debida forma al proceso: Copia auténtica del extracto de hoja de vida de […], en la que consta su ingreso a la institución el 12 de septiembre de 1996, bajo el cargo de “nivel ejecutivo”; así como la copia de la Resolución de Nombramiento […] y su respectiva acta de posesión. […] A partir de estas piezas procesales, se infiere la condición de agentes estatales de los señores […], quienes ejercían sus funciones para la fecha de los hechos motivo de investigación, con lo cual, se tiene por acreditado el tercer requisito objetivo propio de la acción de repetición.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 123
PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL
OBITER DICTUM
La evaluación y determinación de la existencia de dolo o culpa grave hace parte del objeto de la acción de repetición, y se funda en un análisis comparativo de una conducta concreta frente a un estándar o modelo de conducta que está dispuesto en la Ley. En el sub examine, la conducta que se describe en la demanda corresponde a la desplegada el 8 de febrero de 1997, por los agentes […] cuando, prestando servicio, el primero de ellos disparó el arma de dotación oficial perteneciente al señor […], causándole la muerte a […]. Por lo tanto, el estándar de conducta con el cual se debe evaluar el actuar de los demandados es el contenido en las normas del Código Civil, ya que si bien la demanda fue instaurada el 20 de junio de 2012, cuando la Ley 678 de 2001 ya se encontraba vigente, las nociones de dolo y culpa grave previstas como modelo de conducta en esta Ley no estaban vigentes para la época de los hechos. De acuerdo con el artículo 63 del Código Civil, la “culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”. Así, se ha entendido que reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario. Dada la evidente naturaleza privada del precepto civil, pues el cuidado de los “negocios” no es propiamente asunto de resorte estatal, cuando se pretende valorar la conducta de un sujeto cualificado como lo son los agentes estatales, es pertinente confrontarla con los mandatos que la Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales le imponían al respectivo agente o exagente, a fin de establecer su apego al estándar de conducta que le era exigido por las normas. Así, a la hora de definir si un agente estatal obró con culpa grave, debe tenerse en cuenta como factor para su configuración si su conducta implicó la “omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones” a que se refiere el artículo 6 constitucional, así como la falta “a los postulados de la buena fe” que establece el artículo 83 superior, o la “infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona”, indicada en el artículo 91 constitucional, y con estos, entre otros, el incumplimiento de las funciones que la ley especial o el reglamento le encargue al respectivo agente, tal como lo prevé el artículo 123 superior.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, 83, 91, 123, DECRETO 1355 DE 1970 - ARTÍCULO 29, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 63, LEY 678 DE 2001
LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / AUSENCIA DEL DOLO / DETRIMENTO DEL PATRIMONIO / PARTE DEMANDANTE / REDUCCIÓN DE LA CONDENA / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS CORRIENTE / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO
Problema jurídico:
¿En las actuaciones de los funcionarios públicos que sean desplegadas con la intención dirigida a realizar la actividad generadora del daño, la condena debe ser el equivalente al 100% de lo pagado por la parte demandante en el proceso antecedente, como consecuencia de dicha actuación; sin embargo, si el detrimento patrimonial de la entidad demandante tuvo como génesis una culpa grave del funcionario, la condena deberá reducirse proporcionalmente?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n las actuaciones de los funcionarios públicos que sean desplegadas con la intención dirigida a realizar la actividad generadora del daño, la condena sea en el equivalente al 100% de lo pagado por la parte demandante en el proceso antecedente, como consecuencia de dicha actuación; sin embargo, si el detrimento patrimonial de la entidad demandante tuvo como génesis una culpa grave del funcionario, la condena deberá reducirse proporcionalmente, pues resulta claro que, en estos casos aquél no tenía la “intención”, sino que la actuación generadora del daño fue producto de su grave descuido y falta de diligencia. En este punto, se recuerda que el análisis que se realizó en el caso concreto sobre la responsabilidad del demandado fue efectuado a la luz de una conducta gravemente culposa. Así las cosas, la Sala estima procedente que el reembolso que se efectuará corresponderá al ochenta por ciento (80%) de la suma que pagó la Nación-Ministerio de Defensa –Policía Nacional a los beneficiarios de la condena contenida en la sentencia del 25 de noviembre de 2009. Para estos efectos, la Sala tendrá en cuenta que, del monto pagado por la Policía Nacional, ha de descontarse el rubro correspondiente a los intereses, pues éstos le corresponden asumirlos al ente administrativo condenado y no pueden ser imputados como obra del actuar gravemente culposo del demandado [JMLG].

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-05-23. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 05001233100020120085201. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020120085201-68119-sentencia).
