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clave: "consejo_estado:providencia:05001233100020100140601-54740-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el proceso de controversias contractuales debe regirse bajo el Código Contencioso Administrativo al haberse presentado la demanda"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-11-04"
radicado: "05001233100020100140601"
numero: "54740"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: el proceso de controversias contractuales debe regirse bajo el Código Contencioso Administrativo al haberse presentado la demanda

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-11-04
- **Radicado:** 05001233100020100140601
- **Número interno:** 54740
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** UNIÓN TEMPORAL LA CONSTRUCTORA, AZ CONSTRUCCIONES LTDA, CONSTRUCTORA ACTUAL LTDA
- **Demandado:** EMPRESA AGUASCOL S.A. E.SP, MUNICIPIO DE CAUCASIA, FONDO FINANCIERO DE PROYECTOSDE DESARROLLO - FONADE, NACION - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020100140601-54740-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233100020100140601/E5BBBE14BB0FC9CDF9EAA95BD4B0A80E6BBF6DC0C1A875DDF479AE258506C6A1/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000201001406011100103

## Regla de decisión

El proceso de controversias contractuales debe regirse bajo el Código Contencioso Administrativo al haberse presentado la demanda cuando esta norma aún se encontraba vigente.

## Problema jurídico

¿El proceso de controversias contractuales debe regirse bajo el Código Contencioso Administrativo al haberse presentado la demanda cuando esta norma aún se encontraba vigente?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural?
- ¿La liquidación del contrato de obra debe someterse a lo estipulado en el Estatuto General de Contratación contenido en la Ley 80 de 1993?
- ¿Cuál es el alcance de la liquidación bilateral del contrato y sus efectos sobre las partes del contrato?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984
- Ley 1437 de 2011, art. 308

## Extracto

Como la demanda se instauró ante esta jurisdicción en el año 2010, se rige por lo prescrito en el CCA, toda vez que la Ley 1437 de 2011 (CPACA), conforme a su artículo 308, entró a regir el 2 de julio de 2012, y en virtud del inciso tercero de la misma disposición, “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

## Síntesis temática

El proceso de controversias contractuales debe regirse bajo el Código Contencioso Administrativo al haberse presentado la demanda cuando esta norma aún se encontraba vigente. La Ley 1437 de 2011 (CPACA), conforme a su artículo 308, entró en vigor el 2 de julio de 2012, y en virtud del inciso tercero de la misma disposición, los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL, VIGENCIA DE LA NORMA PROCESAL, TRÁNSITO DE LA NORMA PROCESAL, CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA PROCESAL, CUMPLIMIENTO DE LA NORMA PROCESAL, APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, CONVENIO DE COLABORACIÓN, CONVENIO INTERNACIONAL, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, CONTRATO DE OBRA, CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CLASES DE CONTRATO ESTATAL, NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO ESTATAL, NORMATIVIDAD DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO, CONTRATO ESTATAL FINANCIADO CON FONDOS EXTRANJEROS, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, VIGENCIA DE LA NORMA, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, BUENA FE CONTRACTUAL, APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, PRINCIPIO DE MORALIDAD, PRINCIPIO DE EFICACIA, PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS, EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES, FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL, INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL / VIGENCIA DE LA NORMA PROCESAL / TRÁNSITO DE LA NORMA PROCESAL / CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA PROCESAL / CUMPLIMIENTO DE LA NORMA PROCESAL / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El proceso de controversias contractuales debe regirse bajo el Código Contencioso Administrativo al haberse presentado la demanda cuando esta norma aún se encontraba vigente?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como la demanda se instauró ante esta jurisdicción en el año 2010, se rige por lo prescrito en el CCA, toda vez que la Ley 1437 de 2011 (CPACA), conforme a su artículo 308, entró a regir el 2 de julio de 2012, y en virtud del inciso tercero de la misma disposición, “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308
CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL / CONVENIO DE COLABORACIÓN / CONVENIO INTERNACIONAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO DE OBRA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural?
Respuesta al problema jurídico: Si
La legitimación en la causa refiere a la aptitud para ser parte en un proceso judicial concreto, y, por tanto, a la posición que tienen los sujetos procesales frente a la situación fáctica y jurídica alegada en el mismo, de manera que estará legitimado en la causa quien tenga la posibilidad de intervenir en el proceso para formular pretensiones o controvertirlas, y en razón a ello, actuará en condición de sujeto activo o pasivo en la controversia puesta en conocimiento del juez. En este sentido, esta Corporación ha dicho que quien formula las peticiones en el proceso y quien debe rebatirlas deben tener un interés legítimo en la declaración que se pretende, por lo que solo corresponderá hacer solicitudes contra ciertas personas, en la medida que cuentan con un interés legítimo frente al derecho discutido en la controversia. En ese orden, la legitimación en la causa está relacionada con el objeto mismo de la litis, pues se trata de un elemento sustancial vinculado con la pretensión, siendo en consecuencia un presupuesto fundamental a definir para la emisión de la respectiva sentencia. En ese orden, por cuanto la exigencia de legitimación en la causa por pasiva, alude a la aptitud que debe reunir la persona contra quien se dirige la demanda, esta Subsección ha indicado que la entidad contra la cual se dirigen las pretensiones esté vinculada funcional o materialmente con los hechos que dan origen a la reclamación, lo cual debe examinarse desde la óptica de las responsabilidades que le corresponden y el objeto del medio de control que se ejerce. (…) Como lo pretendido en el caso concreto tiene fundamento exclusivo en el vínculo negocial creado a partir del contrato de obra No. 001 de 2007, sus estipulaciones y las demás obligaciones dispuestas por la ley en cabeza de las partes del negocio jurídico (específicamente en materia de restablecimiento del equilibrio económico del contrato), atendiendo al principio de relatividad de los contratos, se deduce que la legitimación en la causa en el presente asunto le asiste a los sujetos sobre los cuales recayeron los derechos y obligaciones pactados en el contrato que suscitó la controversia. El principio de relatividad contractual conlleva a que el contrato solo produzca efectos entre las partes que los han celebrado, de manera que sólo a ellas vincula con fuerza obligatoria, y, por ende, únicamente a ellas perjudican y aprovechan sus efectos. En el mismo sentido, esto significa que el contrato no daña ni beneficia a los que no han figurado en él como parte, principio que los romanos denominaron como “res inter alios acta tertiis nec nocent nec prosunt” y que para el caso concreto, determina la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio, toda vez que esa entidad no fue parte del contrato de obra que suscitó la controversia y no existe alguna manifestación de su voluntad dirigida a contraer obligaciones con la demandante. (…) [S]i bien el contrato de obra fue financiado con los recursos obtenidos por cuenta del convenio, tal circunstancia no determina la existencia de vínculo alguno del Ministerio con la celebración, ejecución y liquidación del contrato de obra. (…) Se advierte, igualmente, que los reclamos de la demandante no se sustentan en algún tipo de actuación u omisión del Ministerio vinculada a las previsiones del convenio interadministrativo No. 2060367, toda vez que el fundamento fáctico de las pretensiones se circunscribió a reclamar: un desequilibrio por el vencimiento de la validez de la oferta; los costos adicionales atribuibles al invierno; los costos adicionales por la tala y disposición de un árbol; las obras adicionales por cuenta de las especificaciones técnicas de EPM; y, finalmente, la mayor permanencia en obra. De esta forma, atendiendo a las pretensiones de la demanda y los hechos que las sustentan, la Sala arriba a las mismas conclusiones del Tribunal, pues no resulta jurídicamente procedente predicar una vinculación entre la responsabilidad contractual vinculada a los hechos que originan el presente proceso con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la legitimación en la causa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de julio de 2022, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico, rad. 68115; auto del 27 de agosto de 2021; C. P. José Roberto Sáchica Méndez, rad. 67194. Respecto a la autonomía de los contratos cuando están relacionados entre sí, consultar sentencia del 2 de marzo de 2022, C. P. Martín Bermúdez Muñoz, rad. 49184 y del 11 de mayo de 2022, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico, rad. 66430.
CLASES DE CONTRATO ESTATAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO ESTATAL / NORMATIVIDAD DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL FINANCIADO CON FONDOS EXTRANJEROS / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / VIGENCIA DE LA NORMA
Problema jurídico:
¿La liquidación del contrato de obra debe someterse a lo estipulado en el Estatuto General de Contratación contenido en la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
El inciso final del artículo 13 original de la Ley 80 de 1993 , facultó a las entidades públicas para celebrar contratos con organismos multilaterales de crédito, con personas extranjeras de derecho público o con organismos de cooperación, autorizando además la posibilidad de acogerse a sus reglamentos internos de contratación para adelantar los proyectos derivados de esos convenios, siempre que dichos organismos los financien, pero solo en lo que refiere a (i) el procedimiento de selección del contratista, y (ii) las cláusulas especiales del contrato relacionadas con la ejecución, el cumplimiento, el pago y los ajustes. En consecuencia, los demás aspectos jurídicos del contrato quedaban sujetos a la Ley 80 de 1993, toda vez que la norma no autorizó la remisión en bloque a los estatutos internos de esos organismos. (…) [L]a Ley 1150 de 2007 de forma amplia permitió que los contratos financiados en más del 50% por organismos internacionales puedan sujetarse íntegramente a las reglas de dichos organismos, por lo que las partes están facultadas para excluir en la totalidad del negocio jurídico la aplicación del Estatuto General de Contratación Pública. Visto lo anterior, se recuerda que el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 establece que en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. En concordancia con esta preceptiva, la Ley 1150 de 2007, que empezó a regir a partir de enero de 2008, determinó en el artículo 31 que los contratos o convenios a que se refiere su artículo 20 y que se encuentren en ejecución al momento de su entrada en vigencia, continuarán rigiéndose por las normas vigentes al momento de su celebración hasta su liquidación. De esta forma, en la medida que la Licitación Pública No. 001 de 2007 inició el 19 de julio de 2007, y el consecuente el contrato de obra No. 001 de 2007 fue celebrado el 22 de octubre de 2007, fecha en la cual la entidad contratante aceptó la oferta presentada por la Unión Temporal procediendo a suscribir un documento reconociendo el contrato , no hay duda de que al negocio jurídico objeto de la controversia le resulta aplicable lo dispuesto por el texto original del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, atendiendo a lo ya especificado en relación con el alcance del artículo 13 antes referido, y estando acreditado que en el numeral 4º de los pliegos de la licitación pública nacional que dio origen al contrato de obra se definió de forma expresa su sujeción a las normas de “Adquisiciones con Préstamos del BIRF y créditos de la AIF” , se advierte que, en el caso concreto, el negocio jurídico estudiado se rigió, en lo que refiere a (i) la licitación y (ii) las cláusulas de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes, por las normas antes indicadas, y en todo lo demás, por lo previsto en la Ley 80 de 1993, pues tal como ha sido explicado por la jurisprudencia de esta Sección, en este caso, el contrato se rige “a través de dos ordenamientos con la innegable complejidad jurídica que esto ofrece: el estatuto de cada organismo internacional, en los dos aspectos autorizados; y la Ley 80, en los demás tópicos”. De esta forma, aun cuando las partes no hubiesen pactado una fase de liquidación bajo el contrato de obra No. 001 de 2007, al tratarse de un contrato de ejecución diferida en el tiempo, sujeto a las normas de la Ley 80 de 1993 en aquellos asuntos diferentes a los ya especificados, el mismo debía ser objeto de liquidación de conformidad con el mandato imperativo de su artículo 60, con los efectos jurídicos y consecuencias que la misma ley establece para dicho acto.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a los contratos financiados con recursos de organismos internacionales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de junio de 2014, rad. 28279, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1896 DE 2004, DECRETO 2166 DE 2004, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 20, 31, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13 INCISO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE MORALIDAD / PRINCIPIO DE EFICACIA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Cuál es el alcance de la liquidación bilateral del contrato y sus efectos sobre las partes del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a regla del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, según la cual, los contratos celebrados por la entidades públicas se rigen por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, se completa al indicar que ello es así “salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”, estableciendo un escenario de prelación normativa que va de las disposiciones especiales a las generales, donde el legislador construyó reglas diferenciables frente al derecho común en orden a la protección del interés público que inspiran los contratos del Estado. Dentro del catálogo de previsiones especiales, hace parte el procedimiento de liquidación del contrato, imperativo aplicable principalmente a aquellos de tracto sucesivo y a los que comparten las características señaladas por la ley (artículo 60 de la Ley 80 de 1993), cuya finalidad es la determinación del estado de cumplimiento del negocio jurídico y el finiquito definitivo e integral del contrato. Por tanto, en los contratos como el que se estu

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

is, la liquidación bilateral del contrato es un negocio jurídico al interior del contrato, mediante el cual las partes, en perspectiva de lo ejecutado, (i) realizan el arqueo, cotejo y constatación de todos los aspectos que son llevados al balance definitivo del contrato, (ii) valoran sus resultados, y (iii) acuerdan su estado de ejecución final, por lo que al igual que ocurre con cualquier otro negocio jurídico, (iv) se le atribuyen los efectos derivados de los principios de normatividad de los contratos (artículo 1602 del Código Civil) y de buena fe contractual (artículo 1603 del Código Civil). Inherente a la liquidación del contrato, los pactos alcanzados bajo el acta de liquidación adquieren intangibilidad y, por tanto, no pueden ser desconocidos por las partes, ni invalidados, salvo por el consentimiento de ellas mismas o por causas legales; igualmente, en el marco de tales acuerdos, las partes pueden dejar salvedades respecto de los puntos que no quedan contenidos en el negocio jurídico, y frente a ellos, no se podrá oponer la fuerza vinculante de la liquidación bilateral.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, 1603
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿El demandante manifestó de forma clara, expresa y especifica las salvedades en la liquidación bilateral del contrato para que procedan como pretensiones de la demanda en el proceso contencioso administrativo?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n virtud del principio de la buena fe que debe inspirar el comportamiento de los contratantes, las partes no pueden resguardarse en salvedades genéricas y vagas para luego hacer valer toda clase de reclamaciones en sede judicial, pues en tal circunstancia, las partes, alejándose de la buen fe debida, sustraen el contenido del objeto del acto liquidatorio, despojándolo de sus efectos e introduciendo un factor de litigiosidad que bajo las premisas amplias de los mecanismos de justicia administrativa, estarían llamadas a ser resueltas en sede administrativa. En ese sentido, se ha explicado que las salvedades que habilitan una reclamación judicial por conceptos no incluidos en la liquidación, deben ser expresas, claras y específicas, por lo que, aunque no se exige en su contenido un detalle exhaustivo de las circunstancias que fundamentan la reclamación, sí es necesario que las salvedades suministren un mínimo de certeza y concreción que permita a las partes conocer qué aspectos no quedan comprendidos en el acuerdo bilateral. (…) [L]as inconformidades en el documento de liquidación bilateral deben: (i) reseñarse de manera expresa, clara, concreta y específica, de manera que no son válidas las salvedades genéricas; (ii) identificar de manera clara, aunque sucinta, las circunstancias que le sirven de fundamento fáctico a la reclamación; así como (iii) incluir una breve consideración sobre las razones que dan soporte a la reclamación, es decir, al menos someramente, las razones o fundamentos por los que se considera que la salvedad es viable. (…) cuando se trata de contratos que se han liquidado en forma bilateral, el estudio de las pretensiones se ve condicionado a que se hayan dejado las respectivas constancias o salvedades de forma expresa, clara y concreta en el acta respectiva como se ha explicado, pues, en la medida que la liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, no pueden con posterioridad demandarse reclamaciones que no hicieron las partes en ese momento, desconociendo el principio de buena fe en materia contractual. (…) [L]e asiste razón al Tribunal a quo en los argumentos y fundamentos que llevaron a negar las pretensiones de la demanda, toda vez que la sola indicación de reservarse el derecho a reclamar o de haber objetado una primera versión del acta, o la existencia de reclamos presentados por el contratista durante la ejecución del contrato, de ninguna manera suplen la exigencia antes descrita encaminada a conciliar los efectos del acta con las salvedades que en ella se consignan, pues de no ser así, se despojaría de los efectos al acto que se acuerda, que por virtud de la ley, está llamado a producirlos en tanto medie el consentimiento libre de todo vicio. En consecuencia, atendiendo al indiscutido carácter y efectos del acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública No. 001 de 2007, el Tribunal a quo no incurrió en una indebida valoración probatoria, pues a la vez que reconoció y valoró los hechos aducidos por el contratista y que constan en el expediente, determinó con total certeza que éstos no se sobreponen a los efectos del negocio jurídico contenido en el acta de liquidación y sus efectos, los que, por demás, no suplen la ausencia de precisas salvedades en relación con los conceptos ahora reclamados en sede judicial. Bajo estas consideraciones, la Sala confirmará el fallo recurrido.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la manifestación de salvedades en la liquidación bilateral del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de mayo de 2015, rad. 31347 y del 8 de junio de 2022, rad. 53299, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL
Problema jurídico:
¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en vigencia del Código Contencioso administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 171 del CCA , la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta para resolver sobre la procedencia de la condena en costas a la parte vencida. Por tanto, en consideración a que no se evidenció que la parte demandante haya actuado temerariamente, o que de cualquier otra forma haya atentado contra la lealtad procesal, no habrá lugar a su imposición.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-11-04. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 05001233100020100140601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020100140601-54740-sentencia).
