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clave: "consejo_estado:providencia:05001233100020090150801-59310-sentencia"
titulo: "Acción de controversias contractuales: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-02-17"
radicado: "05001233100020090150801"
numero: "59310"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Acción de controversias contractuales: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-02-17
- **Radicado:** 05001233100020090150801
- **Número interno:** 59310
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** CONCORPE, CONSORCIO COBACO, GISAICO
- **Demandado:** DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020090150801-59310-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233100020090150801/94F1575D87A132BD37E455AB5D35C6A30BE7E4F87B9538922E820798980418F3/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000200901508011100103

## Problema jurídico

¿La única forma de exonerar al constructor de la responsabilidad por la estabilidad de la obra contratada es acreditar una causa extraña?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el siniestro de estabilidad de la obra?
- ¿La motivación del acto administrativo que declara la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra, debe identificar y cuantificar los deterioros de la obra y establecer que los daños de la…
- ¿Se configuró la causal de falsa motivación respecto al acto que declaró la ocurrencia del siniestro?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 679 de 1994, art. 17
- Ley 80 de 1993, arts. 25 núm. 19 y 5
- Ley 84 de 1873, arts. 2060 núm. 3 y 2060 núm. 4

## Extracto

En lo que refiere a la obligación del constructor a responder por la estabilidad de la obra contratada, esta Subsección ha reiterado que el contrato de obra lleva implícita una carga principal en cabeza del contratista, que constituye a su vez la asunción de un riesgo elemental, consistente en asumir y sanear los vicios que den lugar a la pérdida de estabilidad de la obra construida.

## Síntesis temática

El constructor responde por la estabilidad de la obra que entregó y solo se exonera si acredita una causa extraña o un eximente de responsabilidad, pues su obligación es de resultado. La regla se apoya en tres razones. Primera, la obligación nace del numeral 3 y 4 del artículo 2060 del Código Civil, del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y de la naturaleza del contrato de obra, que implica entregar una obra estable y capaz de prestar el servicio para el que fue concebida. Segunda, la exigibilidad no depende de la culpa ni de la diligencia del contratista, pues probado el vicio de construcción, de los materiales o del suelo, la falla le es imputable y debe probar que los daños no le son atribuibles. Tercera, se trata de una obligación accesoria y postcontractual, por lo que no se analiza si el constructor cumplió las prestaciones principales en forma y tiempo. En el caso, la pretensión se negó y se confirma la decisión. La Subsección reitera esta línea sobre la responsabilidad del contratista por la estabilidad de la obra.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONTRATO DE OBRA, ACTIVIDAD CONSTRUCTORA, OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR, RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR, EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA, PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, OBLIGACIÓN DE RESULTADO, RESPONSABILIDAD POSCONTRACTUAL, TEORÍA RES IPSA LOQUITUR, CONCEPTO DE RES IPSA LOQUITUR, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR, CAUSA EXTRAÑA, CARACTERÍSTICAS DE LA CAUSA EXTRAÑA, PRUEBA DE LA CAUSA EXTRAÑA, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO, DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, PROBLEMAS DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PÓLIZA DE SEGURO, PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INEXISTENCIA DE LA FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RECONOCIMIENTO DEL SINIESTRO, CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, CAUSALES DE EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO, HECHO DEL TERCERO, CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, CAUSACIÓN DEL DAÑO, INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, PRUEBA DEL SINIESTRO, CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, CARGA DE LA PRUEBA, APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA, FALTAS DEL CONTRATISTA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, DEBERES DEL CONTRATISTA, CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, COMPROBACIÓN DE LOS COSTOS, COSTOS DE LA OBRA PÚBLICA, PRUEBA DE LA DEDUCCIÓN DE COSTOS, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONTRATO DE OBRA / ACTIVIDAD CONSTRUCTORA / OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR / RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR / EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / OBLIGACIÓN DE RESULTADO / RESPONSABILIDAD POSCONTRACTUAL / TEORÍA RES IPSA LOQUITUR / CONCEPTO DE RES IPSA LOQUITUR / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR / CAUSA EXTRAÑA / CARACTERÍSTICAS DE LA CAUSA EXTRAÑA / PRUEBA DE LA CAUSA EXTRAÑA
Problema jurídico:
¿La única forma de exonerar al constructor de la responsabilidad por la estabilidad de la obra contratada es acreditar una causa extraña?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n lo que refiere a la obligación del constructor a responder por la estabilidad de la obra contratada, esta Subsección ha reiterado que el contrato de obra lleva implícita una carga principal en cabeza del contratista, que constituye a su vez la asunción de un riesgo elemental, consistente en asumir y sanear los vicios que den lugar a la pérdida de estabilidad de la obra construida. Esta obligación en cabeza del constructor -o ejecutor- tiene origen en el artículo 2060, numerales 3 y 4 del Código Civil , en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así como en la naturaleza misma del contrato de obra, negocio jurídico que entraña una obligación de resultado consistente en entregar una obra estable y capaz de brindar el servicio para el cual fue concebida, de manera que evidenciada la ausencia de estabilidad, y por ende, acecido el riesgo asumido por el contratista ejecutor, éste debe subsanar las fallas que la obra presente después de su entrega y que afecten o impidan su uso, o, demostrar un eximente de responsabilidad. En este sentido, la jurisprudencia de esta Sección ha explicado respecto de la responsabilidad del contratista ejecutor frente a la estabilidad y calidad de la obra, que: Resulta exigible con prescindencia de cualquier consideración sobre la culpa o diligencia del contratista, ya que, habiéndose probado que el daño se originó por la existencia de vicios de la construcción, de los materiales o del suelo –que el contratista debió conocer-, las fallas de la obra le son imputables. Al tratarse de una obligación de resultado, verificada la existencia de fallas que amenacen seriamente o impidan la correcta utilización de la obra construida, y, por ende, acaecido el riesgo asumido por el contratista, éste tiene la carga de probar que los daños no le son imputables. Es una obligación accesoria y distinta de las obligaciones principales o específicas del negocio jurídico, de manera que al exigirse su cumplimiento, no se cuestiona si las obligaciones del contrato fueron satisfechas -o no- en la forma y tiempo debidos; lo que está en discusión es el incumplimiento de una prestación accesoria, posterior a la extinción de aquéllas, es decir, se trata de una obligación postcontractual. […] [B]ajo el análisis de la obligación del contratista ejecutor frente a la estabilidad de la obra, no se analiza si el constructor obró con culpa o sin ella, o si los daños evidenciados fueron resultado del deficiente cumplimiento de las prestaciones acordadas, o si se le atribuyen obligaciones que no se hallaban pactadas en el contrato, pues el simple resultado dañoso, esto es, la ruina de la construcción, habla por sí misma –res ipsa loquitur-, revelando que el resultado que se debía garantizar no se cumplió; en consecuencia, ratificando lo expuesto por esta Corporación, en el análisis de la responsabilidad derivada del incumplimiento de la obligación de garantizar la estabilidad de la obra, “la única forma de destruir la relación de causalidad entre el hecho imputable y el daño es a través de la aducción de una causa extraña, siempre que la naturaleza del fenómeno lo permita”. Por su parte, el artículo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, establecía que el contratista debía prestar garantía única para avalar el cumplimiento de sus obligaciones, garantía consistente en “pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias”. En el mismo sentido, el artículo 17 del Decreto 679 de 1994, también vigente para la fecha de celebración y ejecución del contrato, incluyó como riesgo objeto de amparo de la garantía única el de estabilidad de la obra, cuyas condiciones deben determinarse en cada caso con sujeción a los términos del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la obligación del constructor de responder por la obra contratada, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de julio de 2016, rad. 25763, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 28 de abril de 2021, rad. 53667, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 2 de agosto de 2018, rad. 37317, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 20 de febrero de 2020, rad. 43766, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 14 de julio de 2016, rad. 35763, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 679 DE 1994 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 19, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2060 NUMERAL 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2060 NUMERAL 4
EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / PROBLEMAS DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PÓLIZA DE SEGURO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
Problema jurídico:
¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el siniestro de estabilidad de la obra?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]onstituida la garantía de estabilidad a través de la figura de la póliza de seguros -como acaeció en el caso concreto-, debe traerse a colación que, según se ha indicado por esta Corporación en diversas oportunidades: Aunque por virtud del seguro, el riesgo derivado del eventual incumplimiento de garantizar la estabilidad de la obra se traslada al asegurador, ello no supone el traslado de la responsabilidad que le corresponde al contratista sobre el particular. El amparo de estabilidad de la obra no está destinado a cubrir cualquier clase de defecto, desperfecto o afectación que presenten las obras con posterioridad a su entrega y recibo a satisfacción por parte de la entidad, requiriéndose, para su efectividad, que los daños surgidos sean de tal magnitud que amenacen seriamente su correcta utilización o la impidan, y deben obedecer, además, a circunstancias imputables al contratista. Las entidades estatales tienen la potestad de declarar, mediante acto administrativo, los siniestros que se cubren con las pólizas de seguros que los contratistas constituyen para amparar los riesgos que corren con ocasión de la ejecución del contrato, incluyendo el relativo a la estabilidad de la obra; este acto goza de los atributos de presunción de legalidad y ejecutividad -emanados del poder público-. En consecuencia, el acto que declara el siniestro de estabilidad de la obra se entiende ajustado al ordenamiento jurídico, pues el legislador da por cierto que cumple con los elementos de validez que justifican su origen y, por ello, está llamado a desencadenar sus efectos. En consecuencia, una vez en firme la declaratoria del siniestro, cualquier inconformidad del contratista -o asegurador- deberá ser planteada ante el juez contencioso administrativo, teniendo la carga de desvirtuar la presunción de legalidad que cobija al acto, cuyo estudio oficioso está vedado para el juez. El ejercicio de la potestad antes indicada no excluye la exigencia contenida en el artículo 1077 del Código de Comercio, conforme al cual, corresponde “al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida”. Sin embargo, esta exigencia se torna diferente al tratarse de garantías de cumplimiento constituidas en favor de entidades públicas, pues en tal caso, conforme a la potestad ya indicada, la entidad estatal no discute ante la compañía aseguradora la existencia del siniestro y el monto del perjuicio, sino que expide un acto administrativo unilateral donde los determina y declara; en otras palabras, el acto administrativo es la prueba de la realización del riesgo, por lo que corresponde a un verdadero privilegio para la administración, ya que le basta su propia decisión fundamentada, que como se explicó, goza de la presunción de legalidad. En consecuencia, la Sala descartará los argumentos del demandante tendientes a afirmar alguna suerte de inoperancia de la presunción de legalidad frente a los actos demandados, con fundamento en lo cual afirmó ampliamente durante el proceso que era la entidad territorial demandada quien debía probar la legalidad de su acto; contrapuesto a lo pretendido por la parte activa, los actos administrativos expedidos con ocasión de la actividad contractual no se presumen ilegales cuando la administración es “coparticipe” en la ejecución del negocio jurídico, afirmación que desconoce la obligación implícita de colaboración entre las partes para la obtención de una finalidad pública que caracteriza al contrato estatal, así como el deber de hacerlo bajo los postulados de la buena fe. Se observa, por tanto, que en el caso concreto y para hallar favorables sus pretensiones, le correspondía al demandante la carga de desvirtuar la presunción de legalidad que cobija a los actos demandados bajo los cargos de nulidad aducidos en la demanda; además, dado que lo impugnado por el contratista es su responsabilidad frente a la obligación de garantizar la estabilidad de la obra que ejecutó, debía acreditar una circunstancia que lo exima de esa responsabilidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la garantía de estabilidad de la obra, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de agosto de 2018, rad. 37317, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 26 de agosto de 2019, rad. 44170, C. P. Alberto Montaña Plata; y sentencia de 3 de mayo de 2001, rad. 12724, C. P. Ricardo Hoyos Duque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077
AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / RECONOCIMIENTO DEL SINIESTRO / CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD / CAUSALES DE EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / FUERZA MAYOR / CASO FORTUITO / HECHO DEL TERCERO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / CAUSACIÓN DEL DAÑO
Problema jurídico:
¿La motivación del acto administrativo que declara la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra, debe identificar y cuantificar los deterioros de la obra y establecer que los daños de la obra son imputables al contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
Sobre el vicio de falsa motivación, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado que se configura cuando las razones invocadas en los fundamentos del acto administrativo son contrarias a la realidad, esto es, cuando se expresan los motivos de la decisión -total o parcialmente- pero los argumentos no están acordes con la realidad fáctica y probatoria, lo que puede suceder en uno de tres eventos: (i) porque los motivos determinantes de la decisión se basaron en hechos que no estaban debidamente acreditados; (ii) cuando habiéndose probado unos hechos, éstos no son tenidos en consideración, aunque habrían podido llevar a tomar una decisión sustancialmente distinta; y, (iii) por apreciación errónea de los hechos, de suerte que estando acreditado que ocurrieron, no tienen el alcance o los efectos que les da el acto administrativo acusado. Así mismo, esta Sección ha explicado que la motivación del acto administrativo mediante el cual se declara la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra, debe estar encaminada: (i) a identificar y cuantificar los deterioros de la obra y, (ii) a establecer que los daños de la obra son imputables al contratista; en este sentido, si la garantía pretende exigirse a través de la expedición de un acto administrativo, en tal acto la entidad pública contratante debe cumplir con la acreditación de ambos supuestos, pues, aun cuando se admita que tiene competencia para proferirlo -asunto no discutido en el presente asunto-, ello no la releva de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ir de sendos ensayos y estudios debidamente acreditados, los deterioros de la obra, que éstos amenazaban su correcta utilización, así como la cuantía de los daños y su imputabilidad al contratista. Por tanto, no hay duda de que, a diferencia de lo afirmado por el consorcio demandante, en los actos demandados se determinó de manera concreta y sustentada las causas de las fallas de estabilidad presentadas en la obra, su cuantía y la responsabilidad del contratista.
CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARACTERÍSTICAS DE LA CAUSA EXTRAÑA / CAUSA EXTRAÑA / CAUSALES DE EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA / FALTAS DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO
Problema jurídico:
¿El contratista acreditó la causa extraña para exonerase de responsabilidad ante la ocurrencia del siniestro de la obra?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a parte actora no acreditó que los fallos en la vía fueren atribuibles al diseño entregado por el Departamento, pues en adición a la insuficiencia de las pruebas antes indicadas para ello, existen otras que reafirman lo contrario […]. Adicionalmente, en lo que refiere a los materiales, la Sala encuentra que no es cierto que el consorcio hubiese advertido que los materiales eran inapropiados para construir la vía y que no permitieran garantizar su estabilidad, pero que en todo caso, la interventoría le hubiese ordenado utilizarlos. De la lectura de la correspondencia cruzada, lo que se puede concluir es que si bien es cierto que la interventoría modificó la especificación del material utilizado, el contratista solo estuvo en desacuerdo con ello, en la medida que le representaba una mayor onerosidad. […] [C]ontrario a lo indicado por el contratista, éste aceptó realizar la construcción de la obra que le fue encargada, con la variación de las especificaciones del material de préstamo para terraplenes -que por cierto no refiere a la totalidad de material de la obra, que también se encontró deficiente-, y por ende, asumió los riesgos derivados de su utilización; asunto distinto es que nunca estuvo de acuerdo, y así lo hizo saber, con las consecuencias económicas que ello implicaba por la mayor dificultad para su manejo, la necesidad de tratamientos adicionales y los consecuentes impactos en los rendimientos. Las pruebas relatadas indican que si bien los materiales no cumplían las especificaciones inicialmente pactadas en el contrato, la entidad contratante estaba habilitada contractualmente para modificarlas , y aunque esa determinación podía ser objetada por el contratista dentro de los dos (2) días calendario siguientes al recibo de la orden, “señalando claramente y en detalle, las bases en las cuales fundamenta su objeción” , los verdaderos motivos sustentados de su inconformidad consistieron en la mayor onerosidad derivada de su utilización; es claro que si el contratista, experto en construcción vial y colaborador de la administración en la consecución del objeto contractual, estimaba que pese a los porcentajes de compactación y demás especificaciones instruidas, dicho material generaría que la obra fallara prematuramente, así lo debía informar de forma clara, precisa y sustentada, lo cual no hizo, no siendo suficientes manifestaciones genéricas o vagas sobre la estabilidad de las obras para exonerarse de responsabilidad. […] [A]un cuando el contratista debía atender las instrucciones de la interventoría, ello no puede considerarse como una razón válida para relevarle de la pericia y probidad que como experto en el desarrollo de la obra se le demanda en la realización del proyecto, responsabilidad que a su vez, conlleva un deber de precaución y cautela ante la ocurrencia de circunstancias que puedan obstaculizar el resultado esperado al celebrar el negocio jurídico. En este sentido, se ha explicado por esta Sala respecto del contratista de obra […]. [L]a labor del contratista no puede restringirse o limitarse al acatamiento de instrucciones de su contraparte contractual durante la ejecución del contrato, sin observar en medio de su desarrollo, su experiencia, conocimiento y capacidad técnica para anticipar las eventuales consecuencias nocivas de tales requerimientos, exigencia que deriva también del principio de la buena fe contractual, el cual impone a las partes una actitud de fidelidad, honestidad y permanente colaboración en la relación contractual, con el fin de garantizar la ejecución óptima y eficiente del objeto contractual en procura de la satisfacción de los fines de interés público comprometidos. Debe añadirse que esta circunstancia, por demás, fue prevista y aceptada como una obligación expresa por el contratista bajo el negocio jurídico celebrado […]. [A]tendiendo a la naturaleza del contrato de obra (riesgo y ventura) y de la responsabilidad frente a la estabilidad de lo construido, le correspondía al contratista acreditar una causa extraña, más no limitarse a generar dudas sobre otras circunstancias que, además de la acreditada falta de calidad de la obra que construyó, pudieron incidir en las fallas advertidas, toda vez que esas dudas son insuficientes para configurar un eximente de responsabilidad en el caso concreto, así como para enervar la presunción de legalidad de los actos administrativos en los que, fundadamente, se imputó al contratista el incumplimiento postcontractual que dio lugar a la declaratoria del siniestro.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de los deberes del contratista, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de mayo de 2021, rad. 64033, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia de 29 de agosto de 2007, rad. 15324, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / PRUEBA DEL SINIESTRO / CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPROBACIÓN DE LOS COSTOS / COSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / PRUEBA DE LA DEDUCCIÓN DE COSTOS / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La entidad demandada omitió probar la cuantía del siniestro al momento de la declaración de la ocurrencia de este?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o le asiste razón a la actora al pretender la nulidad del acto con fundamento en que no se cuantificó ni demostró por la entidad demandada la cuantía del siniestro, toda vez que ello sí se hizo conforme a los antecedentes administrativos y el propio acto acusado. Además, por cuanto el demandante tampoco acreditó, a pesar de asistirle la carga procesal, que el acto estuviere falsamente motivado respecto de los motivos que determinaron la configuración del siniestro, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-02-17. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 05001233100020090150801. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020090150801-59310-sentencia).
