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clave: "consejo_estado:providencia:05001233100020080071201-59410-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: no debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-01-24"
radicado: "05001233100020080071201"
numero: "59410"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: no debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-01-24
- **Radicado:** 05001233100020080071201
- **Número interno:** 59410
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION DE REPETICION
- **Actor:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION
- **Demandado:** CARLOS AUGUSTO ESCOBAR ROJAS
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020080071201-59410-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233100020080071201/07595DE2B77833F82CF706D6CE8C751F88A2B76D961BD16428F22C69AB635134/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000200800712011100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Problema jurídico

¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Los documentos allegados por la parte demandante al caso sub examine, acreditan el pago efectivo de la condena judicial en cumplimiento de la sentencia del 2 de junio de 2005 proferida por el…
- ¿Se configuró dolo o culpa grave por parte del demandado en el caso sub examine, en cuanto el mismo adoptó las decisiones que condujeron a la privación de la libertad por el delito de peculado por…
- ¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine, aunque el demandado no haya intervenido en la segunda instancia?

## Extracto

Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior. Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior… .

## Síntesis temática

La Ley 678 de 2001 no se aplica a los aspectos sustanciales de la acción de repetición cuando la condena que la origina y los hechos son anteriores a su vigencia, y que el pago de la condena puede acreditarse por cualquier medio legalmente válido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, la ley se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogación, sin perjuicio de excepciones; los hechos anteriores siguen la normativa previa. Segunda, las decisiones que sustentaron la condena se dictaron en 1994 y 1995, es decir, antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001. Tercera, el ordenamiento civil no establece una tarifa legal para acreditar el pago, por lo que los documentos aportados, como comprobantes de egreso y certificados de disponibilidad, pueden acreditar el pago de la condena. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha de los hechos y de la condena determina la ley sustancial de la repetición, y la prueba del pago se aprecia por las reglas de la sana crítica.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN, IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, LEY 678 DE 2001, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO, APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, DOLO, CULPA GRAVE, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, DOCUMENTO, PAGO DE LA OBLIGACIÓN, PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN, RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN, JUEZ, DEBERES DEL JUEZ, FACULTADES DEL JUEZ, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, MEDIOS DE PRUEBA, VALIDEZ DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, SISTEMA DE SANA CRÍTICA, PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, SENTENCIA JUDICIAL, PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, COMPROBANTE DE EGRESO DE CONTABILIDAD, PAGO DE CONDENA JUDICIAL, ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL, NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, FISCALÍA SECCIONAL, INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE, AUSENCIA DEL DOLO, CONCEPTO DE DOLO, CULPA, CONCEPTO DE CULPA GRAVE, COPIA DE LA SENTENCIA, FUNCIONARIO PÚBLICO, RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO, INDICIO GRAVE, PECULADO, FISCAL SECCIONAL, IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, PECULADO POR APROPIACIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, DETENCIÓN PREVENTIVA, DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, PROCESO PENAL, INVESTIGACIÓN PENAL, ALCALDE MUNICIPAL, PRUEBA DIRECTA, PRUEBA INDICIARIA, CONCEPTO DE PRUEBA INDICIARIA, SINDICADO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COSTAS PROCESALES, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

ACCIÓN DE REPETICIÓN / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / LEY 678 DE 2001 / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / DOLO / CULPA GRAVE / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad?
Respuesta al problema jurídico: No
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior. Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior (…). Por ende, como en este caso las decisiones que sustentaron la condena en contra de la Fiscalía General de la Nación se dictaron el veintinueve (29) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y el veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995), la Ley 678 de 2001 no es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 30330, C.P. Ruth Stella Correa y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de junio de 2018, exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de julio de 2019, exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DOCUMENTO / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / VALIDEZ DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / SENTENCIA JUDICIAL / PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL / CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / COMPROBANTE DE EGRESO DE CONTABILIDAD / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Los documentos allegados por la parte demandante al caso sub examine, acreditan el pago efectivo de la condena judicial en cumplimiento de la sentencia del 2 de junio de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Nuestra codificación civil no establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación, pues estableció la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de acreditar ese acto extintivo de obligaciones (…) Si bien es cierto que el Código Civil hace referencia a la “carta de pago”, así como al recibo o paz y salvo, que es la declaración del acreedor de haber recibido de forma satisfactoria el pago, la cual es una prueba documental que por provenir del acreedor tiene la entidad suficiente para acreditar el pago o la solución de la obligación, no es esta la única prueba que prevé el ordenamiento jurídico para tal efecto, pues, se recuerda, no hay tarifa probatoria para acreditar el pago efectivo y, por ende, el deudor puede valerse de cualquier medio legalmente válido. En este orden de ideas, el juez debe valorar de forma conjunta los medios de prueba allegados, bajo los parámetros de la sana crítica. (…) Pues bien, al expediente fueron allegados: i) la liquidación de la sentencia judicial en favor del señor (…), la cual fue elaborada por la División Financiera de la Fiscalía General de la Nación; ii) el certificado de disponibilidad presupuestal No. 222 del 6 de abril de 2006, para el “cumplimiento integral [del] pago de sentencia ordenada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 2 de junio de 2005”; iii) las resoluciones 405 del 30 de noviembre de 200549 y 158 del 10 de abril de 2006, por medio de las cuales se ordenó el pago de noventa y siete millones setecientos trece mil cuatrocientos veintisiete pesos ($97’713.427), por concepto de “perjuicios” y doce millones doscientos treinta mil trescientos setenta y cuatro pesos ($12’230.374), por concepto de intereses moratorios; y iv) copia de los comprobantes de egreso 197850 y 51451, expedidos por la oficina de servicios administrativos de la Fiscalía General de la Nación, los cuales dan cuenta de que los montos descritos fueron consignados a la cuenta corriente núm. 196-12367-3 del Banco Popular, cuyo titular es el abogado (…) (apoderado del señor (…) en el proceso de reparación directa). (…) Para la Sala, los anteriores documentos registran la erogación que se hizo en cumplimiento de la sentencia del dos (2) de junio de dos mil cinco (2005), dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se reconocieron los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor (…). Por consiguiente, son suficientes para comprobar el pago de la condena, de acuerdo con las consideraciones expuestas anteriormente. (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de septiembre de 2013, exp. 25631, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencia C–523 de 2009, M.P. María Victoria Calle.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626
ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FISCALÍA SECCIONAL / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / CONCEPTO DE DOLO / CULPA / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / COPIA DE LA SENTENCIA / FUNCIONARIO PÚBLICO / RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / INDICIO GRAVE / PECULADO / FISCAL SECCIONAL / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PECULADO POR APROPIACIÓN / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / DETENCIÓN PREVENTIVA / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN PENAL / ALCALDE MUNICIPAL / PRUEBA DIRECTA / PRUEBA INDICIARIA / CONCEPTO DE PRUEBA INDICIARIA / SINDICADO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Se configuró dolo o culpa grave por parte del demandado en el caso sub examine, en cuanto el mismo adoptó las decisiones que condujeron a la privación de la libertad por el delito de peculado por apropiación de un sindicado, de forma específica, de un alcalde municipal?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l régimen jurídico aplicable para determinar la responsabilidad de los demandados y, por ende, establecer si actuaron con dolo o culpa grave, es el vigente a la fecha en que los hechos ocurrieron [Código Civil]; por tanto, no hay lugar a acudir a las presunciones establecidas en esta materia por la Ley 678 de 2001. En los términos del citado artículo 63 del Código Civil, el dolo consiste en la “intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. Constituye un concepto jurídico relacionado con la intención del sujeto de generar el resultado o de realizar el verbo rector que describe la acción típica; por consiguiente, de manera independiente a que se entienda como un elemento psicológico o normativo, lo cierto es que su análisis se efectúa en el fuero interno del individuo, puesto que su acreditación supone la constatación de un elemento cognoscitivo (conocer la realidad, la trasgresión normativa o el resultado esperado) y volitivo (aceptar o buscar intencionalmente la consecuencia derivada del comportamiento). La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran. Con el juicio sobre la culpa se imputa así la obligación de reparar un daño previsto o que, siendo previsible, confió imprudentemente en su capacidad de evitarlo, teniendo en cuenta que el ejercicio de una función o servicio público implica unos deberes expresamente establecidos en la ley o el reglamento derivados de las funciones detalladamente definidos en estos que el funcionario o servidor se ha comprometido a cumplir. En consecuencia, este no podrá excusar su responsabilidad arguyendo la ignorancia de los conocimientos necesarios para su ejercicio, ya que ello lo colocaría en una culpa inicial. La culpa grave, a su vez, al tenor del referido artículo 63 del Código Civil, implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño. En esa perspectiva, la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no equivale automáticamente al dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial del Estado no ata al juez de la repetición, el cual debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, bajo las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron las pruebas allegadas al proceso de reparación. (…) Para acreditar la conducta que se reprocha al demandado, el extremo demandante aportó: i) copia de la sentencia del 2 de junio de 2005, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el marco del proceso de reparación directa y ii) copia del auto interlocutorio de 21 de marzo de 1995, por medio del cual se formuló acusación penal al señor (…), por el delito de peculado por “apropiación y por uso”, así como las decisiones por medio de las cuales se resolvió su situación jurídica (auto del 29 de octubre de 1994, por medio de la que se le impuso medida de aseguramiento domiciliaria y del 20 de febrero de 1995, en la que se ordenó su reclusión en establecimiento carcelario. Las anteriores pruebas no demuestran que la actuación del agente estatal demandado fue dolosa o gravemente culposa, porque: (…) [L]a Sala no puede fundar su decisión con base en las conclusiones a las que llegó el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de reparación directa, por cuanto la citada sentencia del 21 de junio de 2005 no hizo ninguna alusión a la conducta subjetiva del hoy demandado, sino que, por el contrario, su juicio se centró en la responsabilidad objetiva de la entidad. (…) Tampoco se configura la responsabilidad del demandado con fundamento en las providencias penales allegadas, en cuanto existía más de un indicio grave de la posible realización del delito de peculado por parte del mencionado (…) y, según Decreto 2700 de 1991 entonces vigente sólo se requería la existencia de un indicio grave de responsabilidad en contra del sospechoso, para que procediera tal medida privativa de la libertad; requisito este que fue superado en el asunto de autos. (…) Las pruebas relacionadas [en el proceso] permitieron al fiscal hoy demandado establecer la posible comisión del delito de peculado por “apropiación y uso” en favor de tercero; delitos estos que, de acuerdo con la legislación vigente cuando fue ordenada la privación de la libertad en cuestión, tenía lugar cuando un servidor público se apropiara, en favor suyo o de un tercero, de bienes del Estado; o cuando un empleado oficial usara indebidamente o permita que otro usara bienes del Estado. Además, uno de estos delitos era castigado con pena de prisión superior a los dos años, como la exigida por el artículo 397.2 del Decreto 2700 de 1991 para que procediera la detención preventiva. En efecto, de acuerdo con los hechos referidos en procedencia, que fueron acreditados con documentos públicos que no fueron reargüidos en este contencioso, la imposición de la medida de aseguramiento que originó la condena en sede de reparación directa se fundamentó, en primer lugar, en la declaración del mismo (…), quien: i) confesó que el valor del cemento se incrementaba en un cuatro por ciento (4%) sobre el valor de las ventas; ii) aceptó que el pago de las cuentas se hacía a nombre de otra persona (…) pero que las utilidades eran suyas; y iii) que por fallas en su transporte, el “cemento se cargó utilizando las volquetas de la entidad”. (…) Así pues, de acuerdo con los medios de convicción recabados en la investigación penal, cabía concluir que (…), en su condición de alcalde del municipio Caracolí, permitió el provecho económico en favor (…) con los incrementos en el precio real de los bienes que este suministraba a título de venta en claro detrimento del municipio de Caracolí; y que dicho alcalde permitía el uso de bienes afectados al servicio público, en beneficio del mismo Galeano Giraldo. De esta forma, la medida de aseguramiento de detención preventiva se ajustó a derecho y se revela razonable, puesto que se soportó en varias declaraciones que, si bien no fueron suficientes para declarar la responsabilidad penal de la comisión de delito que se le imputaba, superaban incluso el nivel de certeza exigido en esa etapa procesal para la imposición de la medida de aseguramiento de la que fue objeto (…). Nótese que la medida de aseguramiento no se basó en indicios graves en contra del investigado, sino en pruebas directas con un mayor nivel de convicción que los indicios. La prueba indiciaria está conformada por un raciocinio en el que un hecho desconocido es inferido a partir de uno conocido, por lo que su fuerza probatoria reside en la solidez del vínculo que une los dos hechos. Se presenta un indicio grave, entonces, cuando existe relación de causalidad probable entre el hecho conocido y el desconocido (…). En este orden de ideas, no queda más que concluir que el señor (…), al proferir la decisión privativa de la libertad por la cual fue condenada la entidad pública demandante a una reparación patrimonial, no obró con el grado de culpabilidad dolo o culpa grave exigidos para la procedencia de la acción de repetición, no solo porque no se demostró por parte del extremo demandante que la decisión adoptada por dicho ex fiscal fuera contraria a derecho o desconociera las normas que se encontraba obligado a aplicar, sino también en atención a que no se presentó ningún elemento de convicción del cual pueda deducirse que tal demandando, al dictar la medida de aseguramiento, hubiera tenido la intención de causar daño al sindicado u obrado con grado tal de negligencia que permita establecer su responsabilidad en esta oportunidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre del 2009, exp. 05001-23-25-000-1998-02246-01 (35529), C.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de febrero de 2015, exp. 32207, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz (E); sentencia del 30 de agosto de 2017, exp. 45295, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); sentencia del 1 de octubre de 2018, exp. 46328, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp. 43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 7 de septiembre de 2020, exp. 49069, C.P .Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp. 43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 16848, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 17 de octubre de 2013, exp. 23354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de noviembre de 2017., exp. 63001-23-31-000-2003-00597-01 (41974), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero. De igual forma, ver, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 26 de mayo de 1971, G.J. nº 2340 A 2345.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine, aunque el demandado no haya intervenido en la segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
Según el CGP, la condena en costas procede contra la “parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto” (CGP, artículo 365, numeral 1). Sin embargo, también señala prevé que “[s]olo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación” (numeral 8, ejusdem). Como la parte demandada no intervino en segunda instancia, la Sala se abstendrá de condenar en costas a su favor (…).
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-01-24. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 05001233100020080071201. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020080071201-59410-sentencia).
