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clave: "consejo_estado:providencia:05001233100020020068401-60773-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el régimen de contratación de EPM, se gobierna por el derecho común o privado y los actos expedidos"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-09-23"
radicado: "05001233100020020068401"
numero: "60773"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: el régimen de contratación de EPM, se gobierna por el derecho común o privado y los actos expedidos

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-09-23
- **Radicado:** 05001233100020020068401
- **Número interno:** 60773
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** PEREZ Y CIA LTDA
- **Demandado:** EPM
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020020068401-60773-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233100020020068401/F9C558CAC46138746AAC1666189D4F6445558826C9E01E9BEE8B3F78B60002F5/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000200200684011100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Problema jurídico

¿El régimen de contratación de EPM, se gobierna por el derecho común o privado y los actos expedidos con ocasión del negocio jurídico, son actos contractuales?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Es pasible de anulación la Resolución 196502 de 2001, mediante la cual EPM liquidó unilateralmente el contrato de obra 1104308 de 1999, después de que, como aduce la parte recurrente…
- ¿Es procedente incluir cláusulas de exoneración de responsabilidad en los contratos, en cuanto esta estipulación no implique una condonación del dolo futuro…
- ¿Incumplió EPM su obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato 1104308 de 1999, al no reconocer, a favor de la contratista…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 142 de 1994

## Extracto

En los términos de la Ley 142 de 1994, EPM se constituye como una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios cuyo régimen de contratación se gobierna por el derecho común.… El contrato… celebrado entre EPM y la sociedad accionante, cuyo objeto era la realización de labores en medidores y acometidas de acueducto y alcantarillado, se gobernaba por normas de derecho privado, característica de la cual se colige, adicionalmente, como consecuencia necesaria, que los actos expedidos por aquel con ocasión de dicho negocio jurídico, no son actos administrativos sino actos contractuales, incluido el que liquidó unilateralmente el contrato mencionado y que es objeto de controversia en este punto.

## Síntesis temática

El contratista no puede anular la resolución de EPM que liquida unilateralmente un contrato de obra, ya que este régimen de contratación se rige por el derecho privado y no por el derecho administrativo, por lo que los actos expedidos en el marco del contrato no son actos administrativos sino contractuales. La Sección Tercera del Consejo de Estado confirma que la liquidación unilateral es un acto contractual y no administrativo, por lo que no está sujeto a los mismos requisitos y efectos que un acto administrativo. Esta decisión reitera la jurisprudencia que establece que las empresas de servicios públicos domiciliarios como EPM se rigen por el derecho privado en sus contratos, lo que implica que las cláusulas de liquidación son pactos accesorios y no actos administrativos obligatorios.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, CONTRATO DE OBRA, CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, NATURALEZA JURÍDICA DE LA EPM, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, NORMA DE DERECHO PRIVADO, ACTO CONTRACTUAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES, CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD, INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE LA BUENA FE, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, CONCEPTO DE BUENA FE, ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE, CLÁUSULA ABUSIVA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, SANCIÓN POR ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE, PERJUICIO PATRIMONIAL, PERJUICIO EXTRAPATRIMONIAL, DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS, CONTRATISTA, PRINCIPIO DEL CONTRATISTA COLABORADOR DE LA ADMINISTRACIÓN, NIVELES DE RIESGO, RESPONSABILIDAD POR RIESGO, RIESGO CONTRACTUAL, RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, ETAPA PRECONTRACTUAL, INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL, FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, ACUERDO DE VOLUNTADES, DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, FORMA DE PAGO, COMPENSACIÓN, CONCEPTO DE COMPENSACIÓN, PROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN, VALIDEZ DE LA COMPENSACIÓN, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL, INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, RIESGO PREVISIBLE, INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, TASA DE CAMBIO, TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO, DÓLAR, TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN, APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN, EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO, MERCADO CAMBIARIO, OPERACIÓN DE CAMBIO DE DIVISAS, MONEDA EXTRANJERA, VARIACIÓN DEL PRECIO, CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO, REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL, PRESUPUESTO DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, IMPREVISIBILIDAD, INFLACIÓN, PLIEGO DE CONDICIONES, ACEPTACIÓN TÁCITA DE LA OFERTA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍA, FACTURA, PRETENSIÓN SUBSIDIARIA, ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA, SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA, IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, EXISTENCIA DEL CONTRATO, DICTAMEN PERICIAL, OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL, CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL, CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL, OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL, REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL, IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL, VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, PRECIO DE LA MERCANCÍA, PRECIO DE LA MERCANCÍA IMPORTADA, VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, SISTEMA DE SANA CRÍTICA, IDONEIDAD DEL PERITO, FINALIDAD DEL PERITAJE, CREDIBILIDAD DEL PERITO, INSUMOS, PRECIO

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EPM / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / NORMA DE DERECHO PRIVADO / ACTO CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El régimen de contratación de EPM, se gobierna por el derecho común o privado y los actos expedidos con ocasión del negocio jurídico, son actos contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n los términos de la Ley 142 de 1994, EPM se constituye como una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios cuyo régimen de contratación se gobierna por el derecho común. (…) [E]l contrato (…) celebrado entre EPM y la sociedad accionante, cuyo objeto era la realización de labores en medidores y acometidas de acueducto y alcantarillado, se gobernaba por normas de derecho privado, característica de la cual se colige, adicionalmente, como consecuencia necesaria, que los actos expedidos por aquel con ocasión de dicho negocio jurídico, no son actos administrativos sino actos contractuales, incluido el que liquidó unilateralmente el contrato mencionado y que es objeto de controversia en este punto. Ante todo, resulta oportuno advertir que, la Sección Tercera en sentencia de unificación precisó que en aplicación de las normas que gobiernan los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios —como el que se analiza en esta oportunidad—, las cláusulas de liquidación tienen origen y corresponde a un pacto accesorio, de modo que no existe en el curso final del contrato una norma que les imponga llevar a cabo su realización, como si sucede bajo el EGCAP.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza jurídica de los actos expedidos las empresas de servicios públicos domiciliarios, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 20 de febrero de 2017, rad. 56562, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Con relación a la liquidación de los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 9 de mayo de 2024, rad. 53962, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 30 de septiembre de 2019, rad. 43036, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 15 de octubre de 2020, rad. 50389, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994
CONTRATO DE OBRA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD / ACTO CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Es pasible de anulación la Resolución 196502 de 2001, mediante la cual EPM liquidó unilateralmente el contrato de obra 1104308 de 1999, después de que, como aduce la parte recurrente, se hubiera cumplido el plazo estipulado para proceder en tal sentido?
Respuesta al problema jurídico: No
En el sub examine, se observa que los numerales 2.25. y 2.37 del pliego de condiciones, que forma parte integral del contrato 1104308 celebrado entre EPM y la sociedad demandante en marzo de 1999, previó expresamente la posibilidad de que EPM liquidara unilateralmente el contrato (…). [E]s preciso afirmar que EPM se encontraba plenamente habilitada para liquidar unilateralmente el contrato, bajo la condición que, vencido el plazo de ciento veinte (120) días fijado para que las partes efectuaran la liquidación bilateral del contrato, esta no se realizara, ya fuera porque la sociedad contratista no se hubiere presentado o por falta de acuerdo. Condición que fue cumplida (…). Pero, en modo alguno, cabe entender que dicho corte de cuentas se encuentra revestido de los atributos de ejecutividad, obligatoriedad y presunción de legalidad, propios de los actos administrativos. (…) [E]sta Subsección concluye que no hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 196502 del de 2001 expedida por EPM, con independencia de que en el pliego de condiciones se hubiera omitido fijar un término perentorio para que esa empresa liquidara unilateralmente el contrato, pues como se estableció, esta decisión no puede considerarse como un acto administrativo cuyos efectos vinculen o sean de obligatorio cumplimento para la contraparte, esto es, para la sociedad demandante.
PRINCIPIO DE LA BUENA FE / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / CONCEPTO DE BUENA FE / ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE / CLÁUSULA ABUSIVA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SANCIÓN POR ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE / PERJUICIO PATRIMONIAL / PERJUICIO EXTRAPATRIMONIAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
OBITER DICTUM
Como lo ha precisado la jurisprudencia, el principio de buena fe ―que orienta las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas y disciplina tanto la celebración como la ejecución de los contratos ― exige que la relación que surge con el negocio jurídico se ajuste a la satisfacción cabal de la finalidad económica, jurídica y social perseguida con su celebración. Esta exigencia se proyecta sobre las partes contratantes, cuyas facultades contractuales se orientan de acuerdo con los fines de la contratación (…). De acuerdo con ello, como sanción al incumplimiento de este deber derivado de la buena fe, el artículo 830 del Código de Comercio (“CCO”) prevé que “[e]l que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause”. (…) [L]a jurisprudencia administrativa ha dicho que las cláusulas abusivas son aquellas que no fueron negociadas individualmente y que “en contra de las exigencias de la buena fe cause[n] un desequilibrio importante”. Así, una actuación que conlleve ese desequilibrio se opone a la buena fe objetiva, aplicable en materia contractual (…). [C]uando la Administración, prevalida de la posición dominante que tenga en la negociación y ejecución del contrato, imponga al contratista unas condiciones que dificulten o hagan imposible el cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista, en términos que lleguen a ocasionarle perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales, habrá ocasionado un daño imputable a un acto u omisión antijurídica suya, dando así lugar a la obligación de indemnizarlo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de buena fe en la relación contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 18 de julio de 2012, rad. 21573, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Subsección B, sentencia de 24 de mayo de 2012, rad. 18931, C. P. Stella Conto Díaz Del Castillo; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 19 de octubre de 1994, rad. 3972, reiterada en sentencia de 9 de agosto de 2000, rad. 5372. Sobre el abuso de la posición dominante, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 13 de diciembre de 2002, rad. 6462; sentencia de 25 de agosto de 2021, rad. 19142-31-89-001-2013-00032-01; sentencia de 2 de febrero de 2001, rad. 5670; y sentencia de 19 de octubre de 2011, rad. 2001-847. Con relación a las cláusulas abusivas en el contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2011, rad. 19481, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; sentencia de unificación de 19 de noviembre de 2012, rad. 24897, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 830
CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD / PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS / CONTRATISTA / PRINCIPIO DEL CONTRATISTA COLABORADOR DE LA ADMINISTRACIÓN / NIVELES DE RIESGO / RESPONSABILIDAD POR RIESGO / RIESGO CONTRACTUAL / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / ETAPA PRECONTRACTUAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA ABUSIVA
Problema jurídico:
¿Es procedente incluir cláusulas de exoneración de responsabilidad en los contratos, en cuanto esta estipulación no implique una condonación del dolo futuro, una obligación sujeta a condición meramente potestativa, ni contravengan el orden público, el derecho público o las buenas costumbres?
Respuesta al problema jurídico: Si
[O]bserva la Sala que en los convenios bajo análisis se incluyeron cláusulas de exoneración de responsabilidad, cuyo pacto, como lo ha precisado esta Subsección, es admitido por el derecho colombiano, según los artículos 1604 y 1731 del CC, de acuerdo con los cuales el régimen de imputación de responsabilidad contractual puede modificarse por acuerdo mutuo, en cuanto esta estipulación no implique una condonación del dolo futuro, una obligación sujeta a condición meramente potestativa, ni contravengan el orden público, el derecho público o las buenas costumbres. Sin embargo, por implicar una renuncia a derechos del contratista, que es un colaborador de la Administración, su interpretación es restrictiva y en ella debe tomarse en cuenta todos los riesgos asumidos por cada parte, los cuales deben ser definidos desde la etapa precontractual, para verificar que no exista un desequilibrio desmesurado en detrimento de una de las partes; desequilibrio significativo que, de acuerdo con lo considerado anteriormente, permite inferir que fue incorporada un cláusula abusiva.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la inclusión de cláusulas de exoneración de responsabilidad en los convenios, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 4 de agosto de 2021, rad. 45004, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 31 de mayo de 2022, rad. 52386, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Con relación a la renuncia a derechos del contratista y los riesgos asumidos por cada parte, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de enero de 2024, rad. 57604, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1604, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1731
CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / FORMA DE PAGO / COMPENSACIÓN / CONCEPTO DE COMPENSACIÓN / PROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN / VALIDEZ DE LA COMPENSACIÓN / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL / ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE / CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / RIESGO PREVISIBLE / ETAPA PRECONTRACTUAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Incumplió EPM su obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato 1104308 de 1999, al no reconocer, a favor de la contratista, los sobrecostos en los que habría incurrido por una mayor permanencia en obra y la ejecución de obras extras y adicionales, pues aun cuando estos hechos motivaron la suscripción de convenios modificatorios, con inclusión de cláusulas de exoneración de responsabilidad, estas cláusulas, al decir de la parte accionante, fueron introducidas con abuso de la posición dominante del ente contratante?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala considera que resultaría un contrasentido exigir que en un contrato fijado por el sistema de precios unitarios se determinara, desde el principio y con exactitud, las cantidades de obra que debían ejecutarse durante la vigencia del contrato. Contrario a lo afirmado por el recurrente, el hecho de que el alcance de las obras hubiera sido inferior al previsto en el pliego de condiciones no deriva de una falta de diligencia o planeación, sino que resultaba previsible y acorde a la naturaleza y la finalidad del contrato mismo. (…) En este contexto se hizo necesaria la suscripción de las actas modificatorias, las cuales no solo fueron pactadas de mutuo acuerdo sino que, además, estuvieron debidamente justificadas (…). Así, en la mayoría de los convenios suscritos para la ejecución de obras extras y adicionales se estipuló que el pago de estas se realizaría compensándolo con el precio de algunos trabajos que no se ejecutarían. Esta denominada “compensación” (…) fue utilizado como instrumento para prevenir y evitar el desequilibrio prestacional del contrato (…). En tal virtud, la denominada compensación resulta un instrumento válido y eficaz para prevenir la ocurrencia de un posible rompimiento del equilibrio prestacional del contrato.

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

nocer ni reembolsar a la otrora contratista todos los sobrecostos en los que habría incurrido por la ejecución de mayores cantidades de obra y de obras adicionales, y la mayor permanencia en obra. La jurisprudencia civilista y administrativa ha precisado que, para que se configure un enriquecimiento sin justa causa, ha de producirse un desplazamiento patrimonial sin una causa jurídica, y que el demandante carezca de cualquier otra acción que le permita reparar la situación, dado su carácter subsidiario. En esta jurisdicción, esto supondría plantear una controversia de naturaleza extracontractual (reparación directa), como último recurso, a falta de otra acción. Como el desplazamiento patrimonial alegado tiene origen en una causa jurídica —la suscripción de las seis (6) acta de modificación dentro de la ejecución del contrato 1104308 de 1999—, que fue perseguida a través de la acción de controversias contractuales, no se cumplen los presupuestos referidos para la procedencia del enriquecimiento sin justa causa. Para llegar a esta conclusión, cabe recordar que, de acuerdo con lo argumentado por la parte actora a modo de sustento de la apelación, esta manifestó que EPM se habría enriquecido sin justa causa, al no pagar a la sociedad todas aquellas sumas que salieron de su patrimonio “como consecuencia de las omisiones y acciones fallidas de EPM por la falta de planeación de la obra a contratar y por la cual, de manera errónea compelió al contratista al cumplimiento de obras extras y adicionales que supuestamente compensaban la obra dejada de ejecutar”; imputaciones estas que denotan, claramente, un juicio de responsabilidad contractual. En este orden de ideas, no hay duda de que los rubros reclamados por la sociedad accionante se refieren a la ejecución de actividades amparadas bajo un contrato, sin que se hubiese afirmado en la demanda, y mucho menos demostrado en el proceso, algún hecho o circunstancia al margen de dicho negocio jurídico para efectos de imputar responsabilidad por un enriquecimiento sin causa a cargo de EPM.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la configuración del enriquecimiento sin justa causa, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 19 de noviembre de 1936; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de septiembre de 1986, rad. 3785, C. P. Jorge Valencia Arango; sentencia de 7 de junio de 2007, rad. 14669, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 25 de noviembre de 2004, rad. 25560, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; y sentencia de unificación de 19 de noviembre de 2012, rad. 24897, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / PRECIO DE LA MERCANCÍA / PRECIO DE LA MERCANCÍA IMPORTADA / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / IDONEIDAD DEL PERITO / FINALIDAD DEL PERITAJE / CREDIBILIDAD DEL PERITO / INSUMOS / PRECIO
Problema jurídico:
¿Es procedente que en segunda instancia se resuelva la objeción por error grave al dictamen pericial, planteada en primera instancia y no resuelta por éste?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como el Tribunal de primera instancia no se pronunció sobre las objeciones por error grave formuladas por ambos extremos, debe este juzgador resolver este aspecto de la controversia, de acuerdo con el artículo 238.6 del CPC. La Corporación ha precisado que la objeción por error grave al dictamen se funda en las discordancias o alteraciones del objeto del peritaje de tal entidad que las conclusiones que surjan sean igualmente equivocadas, pues al apreciarse equivocadamente el objeto, “necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven”. No obstante, la objeción se predica del objeto y no de las conclusiones o inferencias que alcancen los peritos. Como se aprecia, los reproches formulados por ambos objetores recaen básicamente en las conclusiones e inferencias del perito, no así en el objeto mismo de la prueba y, si bien, EPM refirió que en el cálculo efectuado se omitió incluir el precio real de adquisición de los insumos de cobre para, con ello, contrastarlos con el precio incluido en la propuesta, en últimas, este argumento apunta a cuestionar una variable que debía ser incluida para determinar los sobrecostos en los que habría incurrido la sociedad contratista, pero el objeto del peritaje, que es la cuantificación de dichos sobrecostos, no varió. En definitiva, ninguna de las razones aducidas en las objeciones supone una desviación del objeto de la prueba. En consecuencia, no se encuentra probado el error grave que se le endilga al dictamen pericial referido anteriormente, sin que, en todo caso, de esta conclusión se infiera su eficacia probatoria. Como lo ha precisado la Sala, el dictamen pericial, como toda prueba, debe ser valorado en conjunto con las demás pruebas y de forma razonada, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, esto es, con arreglo a los principios de la lógica y a las máximas de la experiencia -. Aparte, en la valoración de los peritajes practicados debe tenerse en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, así como la idoneidad del perito y su comportamiento en el proceso. (…) [L]a parte actora solicitó, al objetar el primer informe pericial referido en esta providencia, la designación de un nuevo perito para que cuantificara los sobrecostos que, alega, rompieron la conmutatividad del contrato bajo análisis. Petición que fue estimada por el a quo, quien decretó la práctica de un nuevo dictamen (…) [S]e concluye que los (…) dictámenes referidos en esta providencia carecen de un parámetro de comprobación intersubjetiva que permita cotejar el precio que, en efecto, desembolsó la sociedad contratista para la compra los insumos de cobre y el precio que por cada uno de estos calculó en su oferta, sin lo cual no es posible llegar a una conclusión sólida y clara sobre los sobrecostos en que la sociedad actora habría incurrido.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio del dictamen pericial y la objeción por error grave, cita: Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, rad. 2003-00002-01(AP), C. P. Danilo Rojas Betancourth; Sección Tercera, Subsección C, auto de 14 de diciembre de 2022, rad. 68201, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 8 de septiembre de 1993, rad. 3446; Corte Suprema de Justicia, sentencia de 7 de septiembre de 2020, rad. núm. 11001-31-10-019-2011-00622-02, SC3249-2020.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 238 NUMERAL 6

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-09-23. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 05001233100020020068401. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020020068401-60773-sentencia).
