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clave: "consejo_estado:providencia:05001233100020010001601-55467-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el juez a quo profirió un fallo inhibitorio"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-04-22"
radicado: "05001233100020010001601"
numero: "55467"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
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# Consejo de Estado: el juez a quo profirió un fallo inhibitorio

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-04-22
- **Radicado:** 05001233100020010001601
- **Número interno:** 55467
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** ASESORIAS E INTERVENTORIAS LTDA. AEI EN LIQUIDACION
- **Demandado:** DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020010001601-55467-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233100020010001601/ACF38D609DC9F3056C3D12835D09E262DAA3ACA11985F54B7E9633C4167C3E4A/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000200100016011100103

## Relevancia jurídica

Unifica la jurisprudencia.

## Problema jurídico

¿El auto de unificación de 18 de abril de 2013 puede ser aplicado a demandas que se interpusieron antes de esta fecha ?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Puntos clave

- ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera…
- ¿Procede la valoración de las copias simples aportadas al proceso?
- ¿Se acreditó que el departamento de Antioquia terminó unilateral el contrato de interventoría sin que se hubiese cumplido con el objeto del mismo?

## Extracto

El juez a quo profirió un fallo inhibitorio, al considerar que esta jurisdicción no era competente para conocer de la controversia, en atención al pacto arbitral que habían incluido las partes en la cláusula vigesimoctava del contrato 010-DAV-963. Lo anterior, en aplicación del auto de unificación del 18 de abril de 2013… la Sala debe revocar la decisión del a quo y, en su lugar, estudiar las pretensiones del actor, debido a que, como lo precisó posteriormente la jurisprudencia, los planteamientos del auto del 18 de abril de 2013 no son aplicables a las demandas que se presentaron con anterioridad a dicha fecha.

## Síntesis temática

El contratista no puede aplicar el auto de unificación de 18 de abril de 2013 a demandas presentadas antes de dicha fecha, ya que la jurisprudencia posterior estableció que dicha providencia no es retroactiva. Además, el Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera instancia, siempre y cuando la cuantía de la demanda exceda el límite establecido. La Sala también valorará las copias simples aportadas al proceso, siempre y cuando no hayan sido tachadas de falsas durante el desarrollo del mismo. Asimismo, la corporación ha diferenciado el incumplimiento contractual del desequilibrio económico del contrato estatal, estableciendo que el incumplimiento es una actuación culposa que genera consecuencias distintas al desequilibrio económico, que se fundamenta en situaciones lícitas y busca recuperar la conmutatividad del contrato. Finalmente, la terminación del contrato de interventoría por vencimiento del plazo no implica la indemnización de perjuicios, ya que el vínculo jurídico termina de manera normal y no por una terminación unilateral.

## Descriptores temáticos

AUTO DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL, EFECTOS DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL, COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL, VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, PRECIO DEL CONTRATO, CONTRATO ACCESORIO, CONTRATO DE OBRA, AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, AUSENCIA DE VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CARGA DE LA PRUEBA, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS, ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

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## Texto del documento

AUTO DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL / EFECTOS DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿El auto de unificación de 18 de abril de 2013 puede ser aplicado a demandas que se interpusieron antes de esta fecha ?
Respuesta al problema jurídico: No
El juez a quo profirió un fallo inhibitorio, al considerar que esta jurisdicción no era competente para conocer de la controversia, en atención al pacto arbitral que habían incluido las partes en la cláusula vigesimoctava del contrato 010-DAV-963. Lo anterior, en aplicación del auto de unificación del 18 de abril de 2013 (...) la Sala debe revocar la decisión del a quo y, en su lugar, estudiar las pretensiones del actor, debido a que, como lo precisó posteriormente la jurisprudencia, los planteamientos del auto del 18 de abril de 2013 no son aplicables a las demandas que se presentaron con anterioridad a dicha fecha.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar auto de unificación de 18 de abril de 2013, Exp. 85001-23-31-000-1998-00135-01(17859), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. Por otra parte, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, estableció que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgaría las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas, naturaleza que ostenta la entidad territorial demandada. También le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, por tratarse de un proceso iniciado en ejercicio de la acción de controversias contractuales con vocación de doble instancia en razón de la cuantía, dado que la pretensión mayor (numeral 2 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil) excede los $26’390.00010.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 30, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
OBITER DICTUM
El numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, establece que la acción de controversias contractuales caducará en el término de 2 años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Procede la valoración de las copias simples aportadas al proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala valorará las copias simples aportadas al proceso, toda vez que no fueron tachadas de falsas en el desarrollo del mismo. Lo anterior, en cumplimiento de la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2013, expedida por la Sala Plena de la Sección Tercera.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al valor probatorio de las copias simples, consultar sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, Exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), C.P. Enrique Gil Botero.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
[E]sta Corporación ha diferenciado las instituciones del incumplimiento y del equilibrio económico. Aunque el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 considera que el incumplimiento contractual es una causa del desequilibrio económico, la Sección Tercera ha afirmado que ello constituye una imprecisión legislativa, debido a que el incumplimiento obedece a otras causas y genera otro tipo de consecuencias. Ciertamente, el desequilibrio se fundamenta en actuaciones lícitas, esto es, el uso de las prerrogativas de la administración (hecho del príncipe o ius variandi), o la ocurrencia de situaciones ajenas a las partes (imprevisión). Por el contrario, el incumplimiento de las obligaciones transgrede el ordenamiento jurídico y constituye una actuación culposa de la parte que no honra sus compromisos contractuales. Sumado a ello, los efectos de ambas figuras son diferentes, puesto que, mientras en el desequilibrio se busca recuperar la conmutatividad del contrato, en el incumplimiento se pretende la ejecución de las obligaciones o la resolución del contrato y, en ambos casos, la indemnización de los perjuicios.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la diferenciación entre el incumplimiento del contrato y su equilibrio económico, consultar sentencia de 4 de febrero de 2022, Exp. 52001-23-31-000-2008-00259-01(56678), C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5
CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Se acreditó que el departamento de Antioquia terminó unilateral el contrato de interventoría sin que se hubiese cumplido con el objeto del mismo?
Respuesta al problema jurídico: Si
De la revisión que se hace del plenario, se colige que el contrato 010-DAV-96 no fue objeto de una terminación unilateral, puesto que la terminación se dio en atención al vencimiento del plazo. (...) Conforme a lo probado en el proceso, el plazo venció el 29 de junio de 199921, por lo que, cumplida esta fecha, no le era dable al demandante imponer la continuidad de la ejecución del contrato, o pretender la indemnización de perjuicios en razón a una supuesta terminación unilateral, pues simplemente el vínculo jurídico perdió su vigencia y se terminó de manera normal. (...) Bajo estos términos, la Sala no accederá a la pretensión de declarar la terminación del contrato 010-DAV-96, porque el mismo, se reitera, feneció por la extinción de su plazo desde el año 1999.
TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO ACCESORIO / CONTRATO DE OBRA / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Los actos de liquidación unilateral se encuentran viciados de nulidad por falsa motivación ya que se sustentaron en la prohibición prevista en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual los contratos no pueden adicionarse en más de un 50% de su valor inicial?
Respuesta al problema jurídico: No
Al margen de si el contrato se adicionó por encima del 50%, la Sala valorará desfavorablemente este cargo, por lo siguiente: como se explicó en el título anterior, el contrato se terminó de manera normal el 29 de junio de 1999, por lo que el paso que seguía para las partes era liquidarlo. En otros términos, luego de que no se llegara a un acuerdo en relación con la liquidación bilateral, era perfectamente posible que el ente contratante liquidara el contrato unilateralmente, sin que esto pueda confundirse, como pareciera hacerlo el accionante, con una terminación unilateral o con una actuación arbitraria. La administración no estaba en la obligación de adicionar el precio, una vez se agotaron los recursos inicialmente pactados, razón por la cual AEI no podía pretender que el contrato continuara adicionándose o prorrogándose. Sumado a ello, el contrato de obra de la carretera “Carolina – Guadalupe” venció el 20 de junio de 1999, lo cual hacía innecesario que se continuara con la interventoría. Debe recordarse que el contrato de interventoría es accesorio al de obra, por lo que, si este había terminado, no era coherente que aquel persistiera. Para la Sala, el Departamento de Antioquia simplemente afirmó que el tope del 50% ya se había superado, lo cual le impedía suscribir otra adición. Sin embargo, así eso no fuera cierto, no estaba en la obligación, se reitera, de continuar incrementando los recursos del contrato. Aunque es verdad que los objetos de los contratos de obra y de interventoría no se cumplieron a cabalidad, el que se acabaran los recursos y el plazo era un argumento suficiente para entender que el contrato culminó, sin que eso afecte la evaluación que debe hacer el ente contratante en relación con el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones. Es más, justamente esa es la finalidad de la etapa de liquidación: establecer el resultado final de la ejecución de las prestaciones a cargo de las partes, y determinar el estado económico final de la relación negocial, definiendo, en últimas, quién le debe a quién y cuánto. De esta manera, como en los actos enjuiciados se recibieron los trabajos del interventor a entera satisfacción, y se le pagó lo efectivamente ejecutado, no es posible predicar un supuesto vicio de ilegalidad que deba ser censurado en esta instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40 PARÁGRAFO 1
FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Procede la declaración de nulidad de los actos demandados por falta de competencia temporal ?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala no encuentra acreditado el vicio de falta de competencia temporal, puesto que, si bien la liquidación unilateral no se surtió en el término originalmente previsto, sí fue realizada dentro del término de caducidad de la acción contractual. Al respecto, debe recordarse que el término para liquidar el contrato es indicativo, por lo que, si las partes no realizan la liquidación bilateral en el término pactado en el pliego, en el contrato o en la ley, y la entidad no lo liquida de manera unilateral en los dos meses siguientes, las partes o la administración pueden, en los dos años contados a partir del vencimiento del último plazo, liquidar el contrato de manera bilateral o unilateral. Es decir, los términos para realizar la liquidación no son perentorios y una vez vencidos no se pierde la competencia. La preclusividad solo se determina por la acción de controversias contractuales, en tanto la liquidación no puede realizarse una vez caducada la acción.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar sentencia de 2 de mayo de 2002, Exp. 11001-23-26-000-2001-00031-01(20472), C.P. Germán Rodríguez Villamizar.
AUSENCIA DE VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Procede la declaración de nulidad de la liquidación unilateral del contrato por violación al debido proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala tampoco aprecia que al demandante se le haya violado su derecho al debido proceso, por lo siguiente: en primer lugar, como se explicó en repetidas oportunidades, el contrato no se terminó de manera unilateral, así que cualquier reproche del actor en este sentido carece de fundamento. En segundo lugar, del material probatorio obrante en el proceso, no se deriva que la liquidación unilateral haya sido arbitraria, pues, según lo dicho por el mismo demandante, las partes trataron de agotar la liquidación bilateral, pero no se llegó a un acuerdo. De ahí, no se desprendía la obligación del departamento de continuar la negociación de manera indefinida, sino que, presentada esta situación, era procedente la liquidación unilateral, tal y como lo permite la ley. Al demandante también se le permitió presentar el recurso de reposición en contra de esa decisión, que finalizó con la expedición de la Resolución 5347 de 2000, en la cual se estudiaron los cargos de inconformidad en contra de la Resolución 2478. Por consiguiente, al demandante se le respetó su debido proceso, y no se evidencia un vicio que comprometa la legalidad de estos actos.
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Hay lugar al reconocimiento de perjuicios al contratista derivado de la suspensión del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
Independientemente de que se considere que la administración no puede suspender unilateralmente el contrato -porque debe ser de común acuerdo con el contratista-, o que, por el contrario, se estime que dicha facultad, tal y como ocurre en España, emana de la potestas variandi de la administración, en este caso tales consideraciones no tienen incidencia, pues el acto de suspensión -el oficio 13275 del 16 de marzo de 1998- no fue cuestionado o demandado, y su legalidad nunca fue debatida en el proceso, lo cual, se reitera, impide que se declare ahora su nulidad o que se desconozcan sus determinaciones. (...) De cara a lo argumentado hasta el momento, es cierto que, en principio, esta situación pudo haberle generado un perjuicio indemnizable al actor, en tanto la suspensión se realizó sin su consentimiento. En armonía con esta idea, la cláusula vigesimoséptima del contrato prescribió que, de modificarse el contrato unilateralmente, se le pagarían al interventor las compensaciones e indemnizaciones a que tuviera derecho -aunque es verdad que la suspensión no altera como tal la cláusula del plazo, sí extiende su fecha de terminación-. (...) No obstante, la Sala no ordenará el pago de algún daño, porque AEI incumplió su carga de probar la naturaleza de los perjuicios y su monto. Más allá de lo dicho en la demanda, no hay prueba que demuestre que esta precisa suspensión generó algún perjuicio o sobrecosto que deba ser pagado por la entidad. Además, luego de la suspensión, el contratista celebró diferentes otrosíes y modificaciones, en los que pudo manifestar su inconformidad en relación con los efectos de aquella y, al no hacerlo, convalidó las condiciones económicas del negocio jurídico.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones 2478 y 5347 del año 2000 por medio de las cuales se liquidó unilateralmente el contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: No
Dado que no se acreditó ninguno de los argumentos planteados en la demanda y en el recurso de apelación, la sentencia del a quo será revocada, para, en su lugar, denegar las pretensiones.

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-04-22. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 05001233100020010001601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020010001601-55467-sentencia).
