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clave: "consejo_estado:concepto:11001030600020220003200-34-concepto-sin-reserva"
titulo: "Consejo de Estado: de lo anterior se desprende que el patrimonio autónomo no actúa con independencia funcional o decisoria"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Concepto"
fecha: "2026-05-19"
radicado: "11001030600020220003200"
numero: "34"
ponente: "MARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLA"
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# Consejo de Estado: de lo anterior se desprende que el patrimonio autónomo no actúa con independencia funcional o decisoria

- **Título oficial / radicado:** Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Concepto
- **Fecha:** 2026-05-19
- **Radicado:** 11001030600020220003200
- **Número interno:** 34
- **Ponente:** MARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLA
- **Sección / Sala:** Sala Consulta y Servicio Civil
- **Clase de proceso:** CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
- **Actor:** GOBIERNO NACIONAL
- **Demandado:** SIN DEMANDADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:concepto:11001030600020220003200-34-concepto-sin-reserva
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001030600020220003200/BA5C126C6993AF756073443191FE1AF0A7E244D16B86A161C94BC437420B7174/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202200032001100103

## Regla de decisión

La contratación celebrada por el patrimonio autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación -Fondo Francisco José de Caldas debe entenderse efectuada por un ente del Estado, en los términos del artículo 33 de la Ley 996 de 2005.

## Problema jurídico

¿Le son aplicables a la contratación celebrada por el patrimonio autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación -Fondo Francisco José de Caldas, las restricciones impuestas por la Ley 996 de 2005 - Ley de Garantías Electorales?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2226 de 2019, art. 3 núm. 15
- Ley 996 de 2005, art. 33

## Extracto

En primer lugar, como arriba se anotó, el Decreto 2226 en su artículo 3°, numeral 15, prevé que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene como función administrar el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia la Tecnología y la Innovación. También se ha explicado en líneas precedentes, que en virtud del contrato de fiducia mercantil 661 de 2018, dicho Ministerio ejerce la dirección y aprobación sobre los contratos o convenios celebrados por el patrimonio autónomo FFJC, incluso con la potestad de dictar instrucciones con base en las cuales se deben celebrar los actos y contratos derivados necesarios para cumplir con sus objetivos. De lo anterior se desprende que el patrimonio autónomo no actúa con independencia funcional o decisoria.

## Descriptores temáticos

CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO, FUNCIONES DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO, MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL, CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA, COLCIENCIAS, FUNCIONES DE COLCIENCIAS, FIDUPREVISORA, FONDO ADMINISTRADO POR LA FIDUPREVISORA, NATURALEZA JURÍDICA DE LA FIDUPREVISORA, SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL, CONTRATACIÓN DIRECTA, LÍMITES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES, LÍMITE LEGAL DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA, IMPROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA

## Guías prácticas relacionadas

- [Contratación directa](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/contratacion-directa.md): Cuándo la ley permite contratar sin concurso y qué exige cada causal.
- [Ley de garantías electorales](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/ley-garantias.md): Qué contratación se restringe en época electoral y qué excepciones existen.

## Decisiones relacionadas

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- [Rama Judicial · recopilada por CCE — Fondo francisco josé de caldas: el contrato de fiducia mercantil es el negocio jurídico por medio del cual una persona denominada fideicomitente](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:65377.md)

## Texto del documento

CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / FUNCIONES DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN / FINANCIACIÓN PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA / FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL
OBITER DICTUM
La Ley 1286 de 2009 «[p]or la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones» en el artículo 22 dispone la creación del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, a cargo del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-, cuyos recursos serían administrados a través de un patrimonio autónomo que se constituiría luego de que -Colciencias- previa licitación pública, celebrara un contrato de fiducia mercantil. (…) La Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto 2306 de 2017, respecto del FFJC, expresó que son dos las características de su naturaleza jurídica: i) su calidad de fondo especial (también denominado fondo cuenta) destinado a la financiación de programas de ciencia, tecnología e innovación; y ii) la administración de sus recursos a través de un patrimonio autónomo constituido mediante contrato de fiducia mercantil. Se trata entonces de un fondo especial, en su momento a cargo de Colciencias -hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación-, sin personería jurídica, orientado al recaudo, administración e inversión de los recursos públicos y privados destinados a la financiación de las actividades de ciencia y tecnología, el cual en su condición de fondo cuenta, debe ser administrado en la forma y en los términos previstos en su norma de creación –Ley 1286 de 2009-, la cual, como ha quedado expuesto, establece que sus recursos deben ser administrados a través de un patrimonio autónomo creado mediante un contrato de fiducia mercantil. Al respecto, aclaró la Sala que el contrato de fiducia mercantil es el negocio jurídico por medio del cual una persona denominada fideicomitente, transfiere a otra llamada fiduciario, uno o más bienes para que los administre o enajene, en orden a cumplir con la finalidad dispuesta por el fideicomitente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario (…) En tal virtud, los bienes entregados en fiducia no hacen parte del patrimonio del fiduciante o fideicomitente, pero tampoco integran el patrimonio del fiduciario, puesto que los bienes sobre los cuales recae la fiducia permanecen separados del patrimonio del primero, y de los demás negocios que el segundo administra; y menos aún se incorporan al patrimonio del beneficiario, comoquiera que se debe esperar a que se verifiquen los supuestos fácticos que obran en el acuerdo o convenio, o en la norma legal aplicable, para que se transfieran los bienes a su favor.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el Fondo Francisco José de Caldas, ver: Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto 2306 de 2017
FUENTE FORMAL:
LEY 1286 DE 2009 - ARTÍCULO 22, 24, 29
MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN / CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA / COLCIENCIAS / FUNCIONES DE COLCIENCIAS
OBITER DICTUM
Como ya se anotó, el artículo 22 de la Ley 1286 de 2009 asignó en su momento a Colciencias, la dirección del FFJC y constituyó a dicha entidad como único fideicomitente del patrimonio autónomo. Complementariamente, el Decreto 2226 de 2019 «por el cual se establece la estructura del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones» en su artículo 3, numeral 15, establece que dicho Ministerio tiene como función administrar el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia la Tecnología y la Innovación. En tal sentido, la Sala ha explicado que Colciencias -entiéndase hoy el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación- en concurrencia con las instrucciones impartidas por el Comité Fiduciario del Fondo, tiene la potestad para dictar las instrucciones con base en las cuales la fiduciaria debe celebrar los actos y contratos necesarios para cumplir con los objetivos del FFJC. (…) Es decir, la fiduciaria y las entidades públicas y privadas que realizan sus aportes al patrimonio autónomo del FFJC, no pueden celebrar los convenios especiales de cooperación de manera autónoma e independiente a las instrucciones y aprobaciones emitidas por el Ministerio, respecto al objeto, finalidad y alcance. Los recursos aportados por las entidades públicas y privadas al FFJC a través de los convenios de aportes, se trasladan al patrimonio autónomo del Fondo y deben ser utilizados para la financiación de los programas de ciencia, tecnología e innovación. La destinación específica de los recursos prevista en el artículo 29 de la Ley 1286 de 2009, esto es «financiar programas, proyectos, entidades y actividades de ciencia, tecnología e innovación», está limitada a los programas y proyectos que atienden los objetivos y requerimientos de las entidades aportantes. (…) [A]l analizarse los modelos de contratos derivados remitidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con ocasión de auto para mejor proveer del 23 de febrero del año en curso, en el trámite de la presente consulta, la Sala observa lo siguiente: a) Fiduprevisora celebra la contratación derivada en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Contrato de Fiducia 661 de 2018 suscrito con Colciencias. El objeto del contrato de fiducia es la «constitución del Patrimonio Autónomo donde se administrarán los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, «Fondo Francisco José de Caldas», de conformidad con lo establecido en la Ley 1286 de 2009 y demás normas que la modifiquen o adicionen, con la finalidad de financiar la política pública de ciencia, tecnología e innovación en Colombia». b) En virtud del contrato de fiducia mercantil mencionado, en especial de lo previsto en las cláusulas 6.2, 7.6 y 10.4.1, la fiduciaria como vocera del patrimonio autónomo denominado Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Francisco José de Caldas, debe celebrar, los respectivos contratos atendiendo las instrucciones que al respecto imparta por escrito el fideicomitente. c) El Decreto 2226 de 2019 «por el cual se establece la estructura del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones» en el artículo 3, numeral 15, prevé que el Ministerio tiene como función administrar el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia la Tecnología y la Innovación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre Colciencias, ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 24 de abril de 2017, Radicación 2016-00127-00- (2306)
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2226 DE 2019, LEY 1286 DE 2009 - ARTÍCULO 22, 29, LEY 393 DE 1991, LEY 591 DE 1991
FIDUPREVISORA / FONDO ADMINISTRADO POR LA FIDUPREVISORA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA FIDUPREVISORA / SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL
OBITER DICTUM
Conforme su constitución, Fiduprevisora S.A. es una sociedad anónima de economía mixta, de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (…) [L]a Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional comprende las entidades descentralizadas por servicios y dentro de ellas se encuentran las sociedades de economía mixta. Es por ello, que esta Sala ha anotado que Fiduprevisora S.A. es una entidad descentralizada por servicios que en desarrollo de su objeto social gestiona intereses propios del Estado, a través de la realización de una actividad de naturaleza financiera. (…) [E]n concordancia con el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 que prevé que las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%) estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de dicha ley. En esas circunstancias, la Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto 2222 de 2015 ha concluido que el régimen legal de los contratos que celebran las fiduciarias estatales con terceros, en su condición de representante de los patrimonios autónomos que han sido confiados a su gestión, es el derecho privado, puesto que corresponde al desarrollo de su actividad comercial que se desarrolla en dentro de un mercado en competencia. (…) En efecto, la Sala ha dicho que la Fiduprevisora S.A., tiene un régimen de derecho contractual especial o mixto, que no se puede enmarcar, de manera exclusiva, dentro de las normas de derecho privado, pues dada su naturaleza, la finalidad que persigue (interés general) y el manejo de recursos públicos, su actividad negocial se encuentra influenciada y sometida en los aspectos anotados por el derecho público, por ejemplo en lo que tiene que ver con los principios de la función administrativa, régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y control fiscal.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la Fiduprevisora, ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 15 de diciembre de 2014. Radicación 2014-00182-00-(2227). // sobre que las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento, ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 13 de mayo de 2015. Radicación 2014-00172-00-(2222).
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 189, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 38, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, 15, 16, 17, 18
CONTRATACIÓN DIRECTA / LÍMITES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES
OBITER DICTUM
La Ley 996 de 2005, «[p]or medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004 y se dictan otras disposiciones», comúnmente conocida como «ley de garantías electorales», se expidió en desarrollo del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 2004 que reformó el artículo 197 de la Constitución Política, al permitir la reelección del Presidente y el Vicepresidente de la República para el período inmediatamente siguiente, y que asimismo adicionó el artículo 152 de la Carta para que por medio de una ley estatutaria se regulara «la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la ley». Dicho Acto Legislativo 02, dispuso que la ley estatutaria debería regular lo relativo a «garantías a la oposición, participación en política de servidores públicos, derecho al acceso equitativo a los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético, financiación preponderantemente estatal de las campañas presidenciales, derecho de réplica en condiciones de equidad cuando el Presidente de la República sea candidato y normas sobre inhabilidades para candidatos a la Presidencia de la República». En tal sentido, la Ley 996 de 2005 estableció dentro de sus objetivos: i) garantizar la igualdad y equidad entre los candidatos que aspiran a ocupar cargos de elección popular, ii) evitar que la voluntad de los electores sea influenciada por la acción u omisión de los servidores públicos, iii) asegurar la objetividad y transparencia en las decisiones administrativas, iv) impedir que el empleo público se utilice para obtener votos de los servidores o sus allegados, v) proteger al empleado que tiene una inclinación política distinta al nominador, y vi) imposibilitar que las vinculaciones al Estado se utilicen como un mecanismo para buscar favores políticos durante las contiendas electorales. Los artículos 32 y 33 de la ley en cita, referidas a vinculación de personal y a contratación pública bajo la modalidad de contratación directa, respectivamente, rigen durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso, sin que hagan distinción acerca de si la elección presidencial es con la participación o no del presidente y el vicepresidente de la República como candidatos, de manera que claramente se refieren a cualquier escenario de elección presidencial. (…) [L

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

presente que la Ley 2159 de 2021 «[p]or la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022» en su artículo 124 modificó temporalmente -para la vigencia fiscal 2022- el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 en el sentido de que «la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación», disposición declarada inexequible con efectos retroactivos por la Corte Constitucional en la sentencia C-153 del 5 de mayo del presente año, por violar la reserva de ley estatutaria y el principio de unidad de materia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la reglamentación de la elección de Presidente de la República, ver: Sala de Consulta y Servicio Civil en Concepto del 20 de febrero de 2018. Radicación 2017-00205-00 (2366); Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 2 de septiembre de 2013. Radicado 2013-00412-00 (2168); Sala de Consulta y Servicio Civil del 3 de diciembre de 2013. Radicado 2013-00534-00 (2191) y del 21 de mayo de 2014. Radicado 2014-00119-00 (2212); Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 10 de junio de 2010. Radicado 2010-00066-00 (2011); Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 8 de mayo de 2018. Radicado 2018-00095-00 (2382). Corte Constitucional en la sentencia C-153 del 2022
FUENTE FORMAL:
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2004, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 152 LITERAL F, DECRETO LEY 996 DE 2005 - ARTÍCULO 32, 33, 38 , LEY 1150 DE 2007, LEY 2159 DE 2021
COLCIENCIAS / LÍMITES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / LÍMITE LEGAL DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATACIÓN DIRECTA / IMPROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES
Problema jurídico:
¿Le son aplicables a la contratación celebrada por el patrimonio autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación -Fondo Francisco José de Caldas, las restricciones impuestas por la Ley 996 de 2005 - Ley de Garantías Electorales?
Respuesta al problema jurídico: Si
En primer lugar, como arriba se anotó, el Decreto 2226 en su artículo 3°, numeral 15, prevé que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene como función administrar el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia la Tecnología y la Innovación. También se ha explicado en líneas precedentes, que en virtud del contrato de fiducia mercantil 661 de 2018, dicho Ministerio ejerce la dirección y aprobación sobre los contratos o convenios celebrados por el patrimonio autónomo FFJC, incluso con la potestad de dictar instrucciones con base en las cuales se deben celebrar los actos y contratos derivados necesarios para cumplir con sus objetivos. De lo anterior se desprende que el patrimonio autónomo no actúa con independencia funcional o decisoria. Por otra parte, Fiduprevisora S.A., vocera del patrimonio autónomo, en su condición de sociedad de economía mixta es una entidad estatal vinculada a la Rama Ejecutiva del Poder Público, que si bien tiene un régimen de derecho contractual especial, no se puede comprender como una entidad de derecho privado, pues su naturaleza, el interés general que persigue, y el manejo de recursos públicos a su cargo, conllevan, como antes se ha dicho, que su actividad negocial se encuentra influenciada y sometida al derecho público, en lo que tiene que ver con el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones, el control fiscal y la aplicación de principios de la función administrativa, entre otros. Ahora bien, el vocablo «todos» que utiliza el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, comprende, -sin distinción del «régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía-, la totalidad de los entes del Estado. Es decir, la prohibición cobija a cualquier ente público que eventualmente pueda a través de la contratación directa romper el equilibrio entre los partidos y los candidatos a las elecciones presidenciales. En suma, la contratación celebrada por el patrimonio autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación -Fondo Francisco José de Caldas, debe entenderse efectuada por un ente del Estado, en los términos del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 (…) A la luz del artículo 33 de la Ley 1286 de 2009, los contratos que tengan por objeto la realización de actividades definidas como de ciencia, tecnología e innovación que realicen las entidades estatales, se celebran directamente. Hasta aquí podría decirse, que a este tipo de contratación le es claramente aplicable la prohibición prevista en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, en el marco temporal previsto en dicha norma. Sin embargo, el Ministerio consultante ha manifestado que, acudiendo, entre otros, al principio de transparencia, para la contratación del Fondo se ha implementado el mecanismo de convocatoria pública con la participación de pluralidad de oferentes para seleccionar proyectos que conlleven la ejecución de actividades científicas, tecnológicas o de innovación para que sean objeto de financiación. En consecuencia, en decir del Ministerio, se establecen términos de referencia que contienen unas reglas de juego vinculantes, claras, precisas y objetivamente verificables, aplicables por igual a todos los aspirantes y a la entidad. Es así, que, una vez cumplidos los procedimientos, se elabora una lista de proyectos elegibles que se financiarán a través de la entidad fiduciaria que administra el FFJC mediante la celebración de contratos de financiamiento. (…) Así las cosas, es necesario enfatizar en que, los elementos determinantes que hacen que un mecanismo de contratación no se considere contratación directa, son de una parte, que en efecto se trate de un mecanismo que implique una convocatoria pública que garantice la transparencia, que permita la participación de pluralidad de oferentes con igualdad de oportunidades, y que esa pluralidad no tenga barreras de entrada impuestas por el contratante, es decir que se garantice también el principio de libre concurrencia. En conclusión, si la contratación celebrada por el patrimonio autónomo FFJC, efectivamente hace uso de la convocatoria pública, que permita la participación plural y que se desarrolle en condiciones de transparencia, igualdad de oportunidades, y libre concurrencia, no se tratará de contratación directa para la aplicación de la prohibición del artículo 33 de la Ley de 996 de 2005.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conceptos del 2 de febrero de 2006, Radicado 2006-00011-00 (1712). y del 2 de septiembre de 2013. Radicado 2013-00412-00 (2168).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2226 DE 2019 - ARTÍCULO 3 NUMERAL 15, LEY 996 DE 2005 - ARTÍCULO 33

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Consejo de Estado. Concepto Concepto sin reserva — Concepto sin reserva. 2026-05-19. C.P. MARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLA. Rad. 11001030600020220003200. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:concepto:11001030600020220003200-34-concepto-sin-reserva).
