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clave: "consejo_estado:concepto:11001030600020200021200-213-concepto-sin-reserva"
titulo: "Consejo de Estado: resultan aplicables las normas civiles y comerciales por parte de las entidades públicas para la explotación"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Concepto"
fecha: "2022-03-15"
radicado: "11001030600020200021200"
numero: "213"
ponente: "ÁLVARO NAMÉN VARGAS"
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# Consejo de Estado: resultan aplicables las normas civiles y comerciales por parte de las entidades públicas para la explotación

- **Título oficial / radicado:** Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Concepto
- **Fecha:** 2022-03-15
- **Radicado:** 11001030600020200021200
- **Número interno:** 213
- **Ponente:** ÁLVARO NAMÉN VARGAS
- **Sección / Sala:** Sala Consulta y Servicio Civil
- **Clase de proceso:** CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
- **Actor:** GOBIERNO NACIONAL
- **Demandado:** SIN DEMANDADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:concepto:11001030600020200021200-213-concepto-sin-reserva
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001030600020200021200/F4113B5678A6A746B878B96642827BA0D03413C54F68DF717D98D015C70DD0DA/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202000212001100103

## Problema jurídico

¿Resultan aplicables las normas civiles y comerciales por parte de las entidades públicas para la explotación de bienes intangibles o derechos de propiedad intelectual de los cuales sean titulares, en atención a lo previsto en el artículo 167 de la Ley 1955 de 2019?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1955 de 2019
- Ley 80 de 1993

## Extracto

Ni la Ley 80 de 1993, con sus modificaciones y adiciones, ni la Ley 1955 de 2019 establecen una tipología contractual especial o distinta a la regulada en el derecho privado, para que los titulares negocien la explotación comercial de sus derechos de propiedad intelectual y demás intangibles.

## Descriptores temáticos

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SUJETOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ELEMENTOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, BIEN INTANGIBLE, ACTIVOS INTANGIBLES, DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EXPLOTACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, CONTRATO DE LICENCIA, PROPIEDAD INTELECTUAL, PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ENTIDAD PÚBLICA, ENTIDAD ESTATAL, ACTIVOS DE LA ENTIDAD ESTATAL, BIEN DE LA ENTIDAD ESTATAL, BIEN COMERCIAL, CONTRATO CIVIL, CONTRATO COMERCIAL, CONTRATO DE CESIÓN

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## Texto del documento

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / SUJETOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ELEMENTOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
OBITER DICTUM
[E]l régimen jurídico de los contratos estatales es el establecido en las normas civiles y comerciales, en ausencia de norma especial en la Ley 80 de 1993 y las disposiciones que la modifiquen o adicionen (artículos 13, 32 y 40). No obstante la coexistencia de derecho público y derecho privado, y la combinación de estos, como herramientas para el desempeño de la labor administrativa y la gestión pública, deben existir límites y fronteras entre uno y otro régimen, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, y en la perspectiva de que finalmente están sujetos a un régimen superior previsto en la Constitución Política. En la actividad contractual del Estado es posible predicar, como se desprende de los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, que el régimen jurídico de los contratos estatales no es «unitario y puro, sino variable y mixto, apareciendo siempre mezclados en distintas proporciones el Derecho administrativo y el Derecho privado».
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40
ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
OBITER DICTUM
[L]a ley permite que algunas entidades del Estado, en atención a precisas necesidades y características de las actividades comerciales, industriales o financieras que realizan, o incluso, también, en algunos casos, por necesidades sociales o públicas, utilicen normas del derecho privado o normas especiales que garanticen la ejecución de sus actividades en condiciones legales que les dé competitividad y agilidad para alcanzar sus fines. (…) En este sentido, la pretendida universalidad de la Ley 80 de 1993 se ha visto frustrada, por la tendencia expansiva a crear exclusiones. Ha sido una constante, durante estos años, la proliferación de excepciones a su aplicación, que han desvirtuado el aludido propósito, pues han dado lugar, en la práctica, a que la Ley 80 de 1993 no se aplique a todas las entidades del Estado, ante la existencia de muchos regímenes especiales que remiten al derecho privado o a normas especiales. No obstante, teniendo en cuenta esa realidad –y quizá los clamores de la jurisprudencia y la doctrina –, el mismo Legislador, en la Ley 1150 de 2007, sin desconocer el carácter de los contratos celebrados por las entidades exceptuadas del régimen general de contratación estatal, estableció límites a las mismas (…). Nótese que, aun cuando la ley excluye a algunas entidades estatales de la aplicación del mencionado estatuto, les impone el deber de dar cumplimiento a los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, así como aquellos establecidos para la gestión fiscal en el artículo 267, y las somete al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal. (…) Así las cosas, el régimen legal aplicable a los contratos que celebren las entidades excluidas del Estatuto de la Contratación Pública es mixto y se enmarca en «un régimen especial: el derecho privado combinado con principios de la función administrativa y de la gestión fiscal», y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que es de naturaleza pública, es decir, previsto en normas imperativas, de orden público, indisponibles y de obligatorio cumplimiento. (…) Como corolario de todo lo expuesto, se advierte que ha sido la jurisprudencia la que ha venido conciliando la aplicación del derecho privado con los principios de la función administrativa en los contratos que celebran las entidades exceptuadas de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Dicha tarea implica tener en cuenta el régimen especial de la entidad exceptuada, y hacer, además, un ejercicio de adecuación, armonización e interpretación normativas que respete la esencia de cada principio constitucional de la función administrativa y del control fiscal, sin dejar de lado las inhabilidades e incompatibilidades, como ya se indicó.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los límites a aplicables a las entidades públicas exceptuadas de la Ley 80 de 1993, ver: Corte Constitucional, sentencia C-629 de 2003 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, rad. n.º 25000-23-26-000-2000-00919-01 (26227).
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 267, LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993
BIEN INTANGIBLE / ACTIVOS INTANGIBLES / DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL / EXPLOTACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL / CONTRATO DE LICENCIA
OBITER DICTUM
[L]os bienes intangibles son aquellos que consisten principalmente en derechos u otras cosas incorporales (aunque puedan ser representadas de forma perceptible), siempre que sean susceptibles de apropiación y alienación. Se denominan activos intangibles, cuando tienen un valor económico y son susceptibles de explotación. El titular de esos bienes puede ejercer las facultades y prerrogativas inherentes a esta clase de propiedad, de acuerdo con lo previsto en la ley. Estos derechos son transmisibles, y su titular puede usarlos y explotarlos con fines económicos. Dentro de tales bienes, se encuentran los derechos de propiedad intelectual. (…) [N]o todos los activos intangibles están regulados por las normas atinentes a la propiedad intelectual (PI). Hay activos intangibles, como por ejemplo el good will, los contratos de licencia y de franquicia, que no están sujetos a las reglas de PI, sino al derecho privado en general, específicamente a las reglas del Código Civil y el Código de Comercio.
PROPIEDAD INTELECTUAL / DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL / PROPIEDAD INDUSTRIAL / DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL / ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
OBITER DICTUM
La propiedad intelectual ha sido definida como aquella que se relaciona con las creaciones de la mente humana: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. También se ha entendido como la protección legal sobre toda creación del talento o del ingenio humano, dentro del ámbito científico, literario, artístico, industrial o comercial. (…) La propiedad intelectual se divide en dos categorías principales, a saber: i) Los derechos de autor, que comprenden las obras literarias, las películas, la música, los diseños arquitectónicos y las demás obras artísticas, entre otros, y ii) La propiedad industrial, que comprende las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas, entre otros. La diferencia fundamental entre los derechos de autor y la propiedad industrial consiste en que, mientras los primeros protegen la forma en la que se expresa la creación proveniente del ingenio artístico, científico o intelectual, durante toda la vida del autor y un tiempo adicional (80 años), la segunda protege las creaciones, siempre que tengan una aplicación industrial o comercial, y la protección se concede por un tiempo limitado, para asegurar su explotación económica (20 años, aproximadamente).
PROPIEDAD INTELECTUAL / BIEN INTANGIBLE / DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL / ENTIDAD PÚBLICA / ENTIDAD ESTATAL / ACTIVOS DE LA ENTIDAD ESTATAL / BIEN DE LA ENTIDAD ESTATAL / BIEN COMERCIAL / EXPLOTACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
OBITER DICTUM
[E]l Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en el artículo 167, buscó promover la explotación comercial de los derechos de propiedad intelectual y demás bienes intangibles cuya titularidad recaiga en las entidades públicas, de forma tal que sean aprovechados y generen un beneficio económico para el Estado. La ley también ordenó destinar los beneficios o regalías que se generen por dicha explotación al apoyo e inversión de programas, proyectos, actividades e iniciativas de ciencia, tecnología e innovación de la entidad pública. Y en caso de que la entidad titular no realice ninguno de esos proyectos o actividades, ordenó destinarlos a la promoción de las industrias creativas, a que alude la Ley 1834 de 2017. En consecuencia, los recursos que se obtengan por la explotación de estos bienes y derechos deben destinarse exclusivamente a los proyectos de ciencia, tecnología e innovación que efectúe la entidad titular de los mismos y, en su defecto, a la promoción de las industrias creativas, a que se refiere la Ley Naranja. Sin embargo, la Ley 1955 no aludió a la reglamentación de los instrumentos y mecanismos para llevar a cabo la explotación económica de esos bienes y derechos, como tampoco reguló el mecanismo o procedimiento contractual que deben utilizar las entidades públicas titulares para negociar su explotación, ni señaló si deben aplicar o no, para tal efecto, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
FUENTE FORMAL:
LEY 1834 DE 2017, LEY 1955 DE 2019 - ARTÍCULO 167
ENTIDAD ESTATAL / ACTIVOS DE LA ENTIDAD ESTATAL / BIEN DE LA ENTIDAD ESTATAL / PROPIEDAD INTELECTUAL / BIEN INTANGIBLE / ACTIVOS INTANGIBLES / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
OBITER DICTUM
[L]as entidades públicas que sean titulares de derechos de propiedad intelectual u otros bienes intangibles, y decidan llevar a cabo su explotación económica, deberán determinar si se encuentran dentro de alguno de los regímenes exceptuados de la aplicación del Estatuto de Contratación Pública, o regímenes especiales, en razón al tipo de entidades, al sector al que pertenecen, o a la naturaleza de las actividades que ejercen. En el evento de estar exceptuadas, deberán dar cumplimiento a los principios contenidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, previsto en la Ley 80 de 1993, con sus adiciones y modificaciones, como lo ordena el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. En caso contrario, es decir, si la entidad pública respectiva no se encuentra exceptuada de la aplicación del citado Estatuto, deberá dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en él para llevar a cabo la contratación de la explotación comercial de los derechos de propiedad industrial y demás intangibles que posea, tanto en la etapa precontractual como contractual.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 267, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993
ENTIDAD ESTATAL / ACTIVOS DE LA ENTIDAD ESTATAL / BIEN DE LA ENTIDAD ESTATAL / PROPIEDAD INTELECTUAL / BIEN INTANGIBLE / ACTIVOS INTANGIBLES / CONTRATO CIVIL / CONTRATO COMERCIAL / EXPLOTACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL / CONTRATO DE LICENCIA
Problema jurídico:
¿Resultan aplicables las normas civiles y comerciales por parte de las entidades públicas para la explotación de bienes intangibles o derechos de propiedad intelectual de los cuales sean titulares, en atención a lo previsto en el artículo 167 de la Ley 1955 de 2019?
Respuesta al problema jurídico: Si
[N]i la Ley 80 de 1993, con sus modificaciones y adiciones, ni la Ley 1955 de 2019 establecen una tipología contractual especial o distinta a la regulada en el derecho privado, para que los titulares negocien la explotación comercial de sus derechos de propiedad intelectual y demás intangibles. Por tal razón, tanto las entidades exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública como aquellas que deben aplicarlo, pueden suscribir los contratos regulados por la ley y aquellos otros que habitualmente celebran los particulares, para estos fines, en ejercicio de la autonomía de la voluntad. (…) [E]n materia de derechos de autor, la ley establece claramente que una de las formas de explotación de los derechos patrimoniales, que el titular de estos puede negociar y convenir con terceros, es la cesión, transferencia o enajenación de tales derechos, la que está sujeta a la formalidad exigida legalmente para su existencia (constar por escrito); a las limitaciones materiales, temporales y territoriales acordadas por las partes o, en su defecto, previstas en la ley, y a su inscripción en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad frente a terceros. En el terreno de la propiedad industrial, la Decisión 486 de 2000 no ofrece tampoco una definición general de explotación, sino que utiliza dicho término en múltiples disposiciones, referentes a cada uno de los tipos de bienes o derechos que son protegidos por esa normativa (patentes de invención, marcas, etc.) y a los contratos y demás negocios jurídicos que el titular de aquellos puede celebrar. [N]o puede afirmarse que la explotación comercial de los derechos de propiedad industrial excluya su venta o enajenación a otro título oneroso (permuta, aporte en sociedad, fiducia mercantil, etc.), pues tales actos pueden constituir una forma de obtener utilidad o provecho económico de estos intangibles. Menos aún puede descartarse que la transferencia o cesión onerosa de tales bienes sea una modalidad de explotación de los derechos de propiedad intelectual, en general (incluyendo los derechos de autor), y mucho menos, de los bienes intangibles o incorporales, en su concepción más genérica.
FUENTE FORMAL:
COMUNIDAD ANDINA, DECISIÓN 486 DE 2000, LEY 1955 DE 2019, LEY 80 DE 1993
ENTIDAD ESTATAL / ACTIVOS DE LA ENTIDAD ESTATAL / BIEN DE LA ENTIDAD ESTATAL / PROPIEDAD INTELECTUAL / DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL / BIEN INTANGIBLE / ACTIVOS INTANGIBLES / CONTRATO DE CESIÓN
OBITER DICTUM
En el caso de los derechos de propiedad intelectual que pertenezcan a entidades públicas, la ley permite expresamente su enajenación, en ciertas condiciones, tal como se puede observar en el artículo 169 de la Ley 1955 de 2019, que pertenece a la misma Sección II, y regula los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados de programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación (incluyendo las tecnologías de la información y las comunicaciones), financiados con recursos públicos. (…) [S]i la cesión o transferencia de los derechos de propiedad intelectual de los que sean titulares las entidades públicas puede hacerse, en condiciones excepcionales, a título gratuito, como lo dispone el artículo 10 de la Ley 1753 y lo sostiene la Corte Constitucional, es evidente que, con mayor razón, dicha enajenación podría hacerse a título oneroso, como en un contrato de compraventa, es decir, recibiendo el Estado la justa contraprestación económica que corresponda al valor de los derechos cedidos. Por las razones explicadas, esta también podría considerarse como una forma de explotación comercial de tales intangibles. (…) [A]parte de la cesión onerosa de estos derechos, el régimen legal de los derechos de propiedad intelectual más comunes (incluyendo la propiedad industrial y los derechos de autor) autoriza expresamente a sus titulares para celebrar contratos de licencia, que son aquellos en virtud de los cuales el titular del respectivo derecho patrimonial le otorga a un tercero la facultad, exclusiva o no exclusiva, de usar o explotar el respectivo bien intangible, durante cierto tiempo y en determinada región o país, a cambio de una remuneración o contraprestación económica, denominada generalmente regalía. Es importante destacar que, a diferencia de los contratos de cesión o transferencia de los derechos de propiedad intelectual, los de licencia no conllevan la enajenación (definitiva o temporal, total o parcial) de los respectivos derechos patrimoniales, por lo que el titular de estos, sea una persona natural o jurídica, pública o privada, los mantiene en su patrimonio y puede seguirlos explotando y licenciando a otros terceros (salvo pacto en contrario), así como disponer de ellos en el futuro, total o parcialmente. El contrato de licencia que celebre la entidad pública titular debe atender los requisitos y formalidades previstos en la ley, según la clase de derecho de propiedad intelectual sobre el cual recaiga, y debe inscribirse en el registro correspondiente, para efectos de publicidad.
FUENTE FORMAL:
LEY 1753 DE 2015 - ARTÍCULO 10, LEY 1955 DE 2019 - ARTÍCULO 169

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Concepto Concepto sin reserva — Concepto sin reserva. 2022-03-15. C.P. ÁLVARO NAMÉN VARGAS. Rad. 11001030600020200021200. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:concepto:11001030600020200021200-213-concepto-sin-reserva).
