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clave: "cce:providencia:67611"
titulo: "Acción de tutela: por regla general la acción de tutela es improcedente cuando se interpone en contra de una decisión judicial"
corporacion: "Corte Constitucional"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-11-06"
radicado: ""
numero: "Sentencia SU 142 2026 de 2026"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:67611"
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# Acción de tutela: por regla general la acción de tutela es improcedente cuando se interpone en contra de una decisión judicial

- **Título oficial / radicado:** Sentencia SU 142 2026 de 2026
- **Corporación:** Corte Constitucional
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-11-06
- **Número:** Sentencia SU 142 2026 de 2026
- **Sección / Sala:** Sala Plena
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:67611
- **PDF oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2026/11/Sentencia-SU-142-de-2026.pdf
- **Fuente oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/providencias/sentencia-su-142-2026-de-2026/

## Puntos clave

- Acción de tutela contra providencias judiciales: requisitos generales de procedencia, carácter excepcional, juicio de validez y no de corrección, Artículo 86 de la Constitución Política
- Acción de tutela: legitimación en la causa por activa, personas jurídicas, representación legal o apoderamiento judicial, titularidad de derechos fundamentales
- Arbitraje: relevancia constitucional de la competencia de los árbitros, Artículo 116 de la Constitución Política, habilitación de las partes, remisión a la Ley
- Defecto por violación directa de la constitución: carácter autónomo, hipótesis de configuración, reproche propio del defecto sustantivo, principios iura novit curia y pro actione
- Defecto sustantivo: noción, eventos de configuración, norma inaplicable, interpretación por fuera del margen de razonabilidad

## Extracto

Por consiguiente, para determinar la procedencia de la acción de tutela cuando se dirige en contra de providencias judiciales de una alta corporación, no basta solo con identificar el cumplimiento de los requisitos generales previamente enunciados. La jurisprudencia constitucional reconoce el carácter independiente y autónomo del defecto por violación directa de la Constitución. Así lo ilustró la Sentencia SU-304 de 2024, en la cual la Corte fijó una regla de unificación en los siguientes términos: “se configura un defecto por desconocimiento del precedente cuando se advierta la violación de la razón de la decisión de una providencia judicial que cumple las condiciones para calificarse como precedente. El análisis comprende tres momentos que han influido en la comprensión de la arbitrabilidad objetiva de la contratación estatal y, puntualmente, de los actos administrativos expedidos en ese contexto.

## Síntesis temática

El contratista no puede interponer una acción de tutela contra una providencia judicial salvo que se cumplan requisitos excepcionales que garantizan la efectividad de los derechos fundamentales sin menoscabo de la seguridad jurídica y la autonomía judicial. Estos requisitos incluyen la legitimación en la causa, la subsidiariedad, la inmediatez, la identificación razonable de los hechos, la relevancia constitucional, la irregularidad procesal y la no cuestión de providencias judiciales en acciones constitucionales. En el caso de decisiones de altas cortes, la Corte ha establecido un estándar más riguroso que exige una argumentación calificada que demuestre una anomalía que requiere la intervención del juez constitucional. En este caso, la Corte reiteró que la acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes debe ser restrictiva y excepcional, lo que implica que el juez de tutela debe limitar su análisis a los argumentos del accionante y no puede reabrir debates meramente legales. Esto limita significativamente el uso de la acción de tutela en estos casos, protegiendo así la estabilidad y la uniformidad del sistema judicial.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE TUTELA, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES, ARBITRABILIDAD OBJETIVA, ARBITRABILIDAD OBJETIVA EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, ARBITRAJE, DEFECTO POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

## Decisiones relacionadas

- [Colombia Compra Eficiente — Acto administrativo contractual: rechazó las pretensiones relacionadas con dichos actos administrativos](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:laudo:62860.md)
- [Consejo de Estado — La acción de tutela tiene una naturaleza subsidiaria y residual que impide que se desconozcan los medios judiciales ordinarios previstos por el legislador como mecanismos principales de protección de derechos.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001031500020250137101-5116-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no se encuentra superado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional frente a la pretensión de amparo](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001031500020260349801-9185-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la acción de tutela ejercida cumple con el requisito de relevancia constitucional](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001031500020250355101-9414-sentencia.md)

## Texto del documento

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Requisitos Generales de Procedencia – Carácter Excepcional – Juicio de Validez y no de Corrección – Artículo 86 de la Constitución Política – Cosa Juzgada – Análisis Restringido a los Argumentos del Accionante – Altas cortes – Procedencia Restrictiva – Argumentación Calificada – Anomalía que Exige la Intervención del Juez Constitucional

[…] Por regla general la acción de tutela es improcedente cuando se interpone en contra de una decisión judicial, en atención a los principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía e independencia de la administración de justicia. Sin embargo, la jurisprudencia también ha reconocido que “aun cuando todas las autoridades jurisdiccionales de la República tienen autonomía e independencia para estudiar y decidir las controversias que se someten a su competencia, ello no implica que estas puedan proferir providencias o adelantar procesos que desconozcan, vulneren o amenacen derechos fundamentales”.

En este sentido, la Corte Constitucional ha establecido que, si bien la actividad judicial requiere de garantías de independencia y autonomía, tales garantías no constituyen fines en sí mismos, sino que fungen como medios para lograr la efectividad de los principios, valores, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política. Esto se encuentra acorde, además, con el artículo 86 Constitucional, de acuerdo con el cual la acción de tutela procede frente a la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, sin que sea dable excluir a las autoridades judiciales.

Para lograr el equilibrio entre, por un lado, los principios de seguridad jurídica, autonomía e independencia judicial y, por otro lado, la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales frente a las actuaciones de cualquier autoridad pública, esta Corte ha admitido excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales. Para ello, la jurisprudencia constitucional se ha ocupado de sistematizar los requisitos que habilitan la procedencia excepcional, identificando los siguientes siete requisitos generales que deben acreditarse de manera concurrente:

[…] Legitimación en la causa […] Subsidiariedad […] Inmediatez […] Identificación razonable de los hechos […] Relevancia constitucional […] Irregularidad procesal […] Que no se cuestione una providencia judicial proferida

en una acción constitucional

[…]

La exigencia concurrente de estos requisitos reivindica el carácter excepcional de la procedencia de la acción de tutela cuando con ella se cuestiona una decisión judicial. Así, se busca limitar el uso de esta acción constitucional a aquellos eventos en los que el juez incurre en graves falencias, que tienen relevancia constitucional, y que terminan por hacer su decisión incompatible con la Constitución Política. Por lo anterior, esta Corte ha entendido la tutela contra providencias judiciales como un juicio de validez y no como un juicio de corrección del fallo cuestionado.

[…]

Adicionalmente, y en atención al principio de cosa juzgada, el juez de tutela al conocer de una acción que cuestiona una decisión judicial,
“debe restringir su

análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante”
, y en este sentido, tiene
“vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia

reprochada”
.

Ahora, el carácter excepcional de la procedencia se acentúa cuando se trata de una acción de tutela en contra de las decisiones de altas cortes. La procedencia restrictiva responde al hecho de que las decisiones de estas corporaciones no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, autonomía judicial y cosa juzgada, sino que además son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

[…]

De este modo, la unificación jurisprudencial que llevan a cabo las altas cortes es un instrumento relevante para alcanzar la certeza jurídica, en tanto es una forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico.

Por consiguiente, para determinar la procedencia de la acción de tutela cuando se dirige en contra de providencias judiciales de una alta corporación, no basta solo con identificar el cumplimiento de los requisitos generales previamente enunciados. Por su importancia para el ordenamiento jurídico, se exige un estándar de argumentación y de análisis más riguroso que el establecido para la acción de tutela en contra de otras providencias judiciales. Esto implica que, en tanto estas decisiones se encuentran cobijadas por una garantía de estabilidad mayor a las de los otros jueces, el análisis del juez constitucional supone un mayor grado de deferencia.

[…]

La Corte observa que, con base en la jurisprudencia antes expuesta, en las acciones de tutela planteadas en contra de decisiones judiciales de altas cortes, se requiere que
(i)
la controversia verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico;
(ii)
la invocación de por lo menos un defecto en la providencia cuestionada,
(iii)
su carácter irrazonable;
(iv)
que no se utilice como una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales; y
(v)
que comporte una anomalía de tal entidad, que exija la imperiosa intervención del juez constitucional.

Este último supuesto supone que la irregularidad avizorada se traduzca (a) en una abierta contradicción con la Carta o con la jurisprudencia de este Tribunal, tanto en materia de control abstracto, como respecto de la jurisprudencia en vigor en materia de tutela; o (b) con la definición del alcance y los límites de las competencias constitucionales de las autoridades, o en relación con el contenido esencial o los elementos definitorios de los derechos fundamentales.

En conclusión, para tener por acreditada la procedencia de la acción de tutela en este caso, deberá verificarse
(i)
el cumplimiento de los requisitos generales; y
(ii)
la existencia de una argumentación calificada que permita identificar la necesidad de intervención del juez constitucional.

ACCIÓN DE TUTELA – Legitimación en la Causa por Activa – Personas Jurídicas – Representación Legal o Apoderamiento Judicial – Titularidad de Derechos Fundamentales

[…] La posibilidad de que las personas jurídicas recurran a la acción de tutela en protección de sus propios derechos fundamentales, y no en sustitución de las personas naturales que las conforman, ha sido señalada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En este escenario, la Corte ha explicado que “la legitimidad para actuar en defensa de los derechos fundamentales de las personas jurídicas está condicionada a la existencia de una relación de representación legal o apoderamiento judicial entre la persona natural que reclama la vulneración y la persona jurídica afectada”.

La Corte también ha indicado que dada la naturaleza misma de las personas jurídicas, no pueden considerarse titulares de algunos derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la prohibición de la pena de muerte, la tortura o la esclavitud, o el derecho a la intimidad familiar. Sin embargo, ha expresado que ciertos derechos fundamentales pueden estar relacionados con su existencia o actividad y son el núcleo de garantías que les otorga el sistema jurídico. En este sentido, las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, el derecho de petición, entre otros.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Subsidiariedad – Exigencia Reforzada – Causales de Improcedencia – Recurso extraordinario de revisión – Idoneidad y Eficacia – Nulidad Originada en la Sentencia – Agotamiento Supeditado a su Procedencia

[…] Subsidiariedad. El cumplimiento del requisito de subsidiariedad, cuando se trata de una acción de tutela en contra de una providencia judicial, es más exigente que aquel que debe observarse en otras oportunidades. Así lo destacó la Corte de manera reciente en la Sentencia T-495 de 2024 que, al recoger la jurisprudencia, advirtió que en estos casos el juez de tutela debe ser cuidadoso para no sustraer al juez natural de sus competencias ni reabrir etapas procesales que se surtieron o debieron haberse surtido en el proceso ordinario.

La exigencia rigurosa del requisito de subsidiariedad en estos casos responde a tres causas:
(i)
teniendo en cuenta que las decisiones son emanadas de un juez que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual fue revestido de autonomía e independencia;
(ii)
las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman el proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales, especialmente aquellos relacionados con el debido proceso, de manera que no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso; y
(iii)
la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende sustituir al juez natural de la causa, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos o están pendientes de definir.

Debido a ello, se ha entendido que en estos casos la acción de tutela se torna improcedente cuando
(i)
el asunto está en trámite;
(ii)
se usa para revivir etapas procesales en las que se dejaron de emplear los recursos previstos por el ordenamiento jurídico; y
(iii)
cuando no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios.

[…]

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que el recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de defensa idóneo y eficaz cuando existe una vulneración al debido proceso con origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado, en tanto las causales que la posibilitan no apuntan a reabrir el debate jurídico ni refutan el criterio con el cual el juez interpretó o aplicó la ley. Incluso se ha identificado que este recurso y la acción de tutela son similares como mecanismo de defensa en el cual es posible plantear la controversia sobre el debido proceso.

[…]

Esta regla fue precisada en la sentencia SU-026 de 2021, en la cual se determinó que “la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de revisión siempre que
(i)
el derecho fundamental cuya protección se solicita no sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y
(ii)
las causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el accionante”.

De esta manera, al analizar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en casos en los que podría ser procedente el recurso de revisión, la Corte Constitucional lo ha encontrado acreditado cuando en el caso concreto se observa que ninguno de los aspectos planteados en la acción de tutela se ajusta a las causales previstas en la ley para la procedencia del recurso, y por el contrario, ha declarado la improcedencia de la acción de tutela cuando lo alegado puede encuadrarse en alguna de las causales legalmente previstas.

[…]

De acuerdo con esa causal, el recurso de revisión procederá cuando exista nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso. Dado que el legislador no definió de forma taxativa aquello que se entiende como una nulidad “originada en la sentencia”, la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha ocupado de delimitar el alcance de dicho escenario. En esas condiciones, se ha señalado que para acreditar esta causal es preciso “
(i)
que la revisión se formule contra una sentencia;
(ii)
que la sentencia ponga fin al proceso, de manera que contra ella no proceda recurso alguno; y
(iii)
que el vicio alegado haya surgido en la propia decisión judicial o que se haya materializado en el momento en que se profirió la providencia y no en una etapa previa del proceso. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad que configure un defecto insubsanable en la actuación, de manera que, de no haberse producido dicho yerro, la decisión adoptada habría sido sustancialmente distinta.”

[…]

En todo caso, debe tenerse presente que el agotamiento de los recursos extraordinarios, como lo es el recurso de revisión, no supone una regla inflexible para definir la superación del análisis subsidiariedad. Aunque por regla general los recursos extraordinarios deben proponerse, lo cierto es que la jurisprudencia constitucional ha supeditado dicha exigencia a la constatación de que resulten procedentes. Por ello, la Corte ha considerado que “luego de comprobar que los defectos alegados contra la sentencia no pueden subsumirse en las causales del recurso extraordinario de revisión o que su agotamiento constituye una carga desproporcionada para el accionante, ha estimado que la acción de tutela sí satisfa

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

pretación, terminación y liquidación de contratos estatales, “incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales”.

En tales contornos de discusión, la ley solo fija un límite para el arbitraje de carácter procedimental: el laudo debe proferirse en derecho. De lo anterior se sigue que, en desarrollo del artículo 116 de la Constitución Política, la ley consagró una autorización expresa para que los árbitros puedan pronunciarse sobre diversos asuntos propios de la contratación estatal, dentro de los cuales quedaron incluidos los efectos económicos de los actos administrativos contractuales dictados en ejercicio de potestades excepcionales, es decir, aquellos dictados al amparo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993.

[…]

La Corte Constitucional entiende que esa consecuencia forma parte de la autorización que la Ley 1563 de 2012 dispuso, al incluir en su artículo 1º a “las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales” como asuntos susceptibles de ser arbitrados. Esto es del caso, porque ese contenido normativo alude precisamente a las facultades excepcionales de que trata el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, disposición que relaciona cuáles son y determina las consecuencias económicas que siguen de su ejercicio.

[…]

La regla de unificación del Pleno de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado no se ocupó de establecer, como lo anunció al asumir el asunto, el alcance de la potestad que el legislador confirió a los árbitros para pronunciarse en estos contextos. A cambio de ello, la regla limitó la habilitación legal para conocer sobre esos asuntos, al entender que las consecuencias económicas derivadas de ejercer las facultades excepcionales, en tanto inescindibles a los actos con los que se ejercen, comprometen un juicio de legalidad sobre ellos. Una aproximación en ese sentido se aleja de lo que insistentemente se ha reseñado en esta decisión: si la propia Constitución Política le atribuye a la ley la definición de las materias y límites del arbitramento, y en la Ley 1563 de 2012 se prevé que los árbitros están habilitados para pronunciarse sobre las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de potestades o facultades excepcionales, con el único límite de que tal pronunciamiento deberá hacerse a través de un laudo en derecho, es claro que una regla de unificación que restrinja esa autorización o, si se quiere, que le agregue una limitante no prevista en la ley, resulta de una interpretación contraevidente con la intención y la voluntad que definió el legislador. Por esa vía, la regla introducida en la sentencia tutelada terminó por privar de efectos al artículo 1º de la Ley 1563 de 2012, en relación con la posibilidad de que los árbitros se pronuncien sobre los efectos económicos de los actos administrativos expedidos en ejercicio de potestades excepcionales, porque, como se vio antes, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 exige a las entidades estatales adoptar las medidas de restablecimiento que correspondan luego de ejercer una potestad excepcional.

[…]

Si el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 autoriza a los árbitros para pronunciarse sobre las consecuencias económicas derivadas de los actos administrativos que se dictan en ejercicio de facultades excepcionales, resulta impreciso restringir esa autorización con apego en la Sentencia C-1436 de 2000, que condicionó la exequibilidad de dos contenidos normativos distintos y ya derogados, y a partir del límite material al arbitraje vigente para esa época, esto es, solo los asuntos de carácter transigible. Dicho de otra forma, el criterio seguido en la decisión contenida en la Sentencia C-1436 de 2000 proferida por la Corte Constitucional ya no es aplicable en el contexto normativo actual.

[…]

Estas restricciones, como puede apreciarse, constituyen límites expresos para la justicia arbitral que el legislador definió en determinados asuntos. Si el legislador hubiera querido cristalizar su voluntad de prohibir en general el conocimiento del asunto acá tratado, así lo hubiera hecho en la regulación que abarca de manera integral al arbitramento, esto es, en la Ley 1563 de 2012, y no se habría limitado a establecer la prohibición en normas que regulan materias específicas, como ocurre con el artículo 14.c de la Ley 1682 de 2013. Por ende, lo que se determina en una norma particular en materia de infraestructura de transporte no puede servir de fundamento para estructurar una excepción general en materia de arbitraje.

[…]

En consecuencia, nótese que lo reprochable del sustento de la regla de unificación radica en que se hayan agregado los efectos económicos del acto administrativo dentro del contorno de su legalidad para, por esa vía, indicar que los árbitros no pueden conocer de esos asuntos. Aquella fundamentación contraría lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012, cuyo inciso final prevé que esas materias son, en efecto, susceptibles de ser arbitradas. También desconoce que la jurisprudencia de esta Corte y del Consejo de Estado ha sido consecuente en aceptar la arbitrabilidad de los efectos económicos de esos actos administrativos.

ARBITRABILIDAD OBJETIVA EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL – Precedente – Sentencia SU-174 de 2007 – Distinción entre Control de Legalidad y Disputas Económicas – Controversias Exclusivamente Económicas – Competencia de los Árbitros – Efectos Económicos de los Actos Administrativos Contractuales – Facultades Excepcionales – Artículo 14 de la Ley 80 de 1993 – Prohibición de Pronunciarse sobre la Legalidad o Validez

[…] “Es perfectamente factible que para la resolución de estas controversias exclusivamente económicas, los tribunales arbitrales no examinen la legalidad ni cuestionen en absoluto la validez de los actos administrativos; si la disputa es económica, los aspectos centrales de su resolución tienen que ver con asuntos como la existencia, el contenido, los alcances y las condiciones de la obligación pecuniaria objeto de controversia; en otros términos, si existe una deuda contractual, y cómo se ha de cuantificar. No es necesario efectuar pronunciamientos sobre la validez de actos administrativos contractuales para efectos de adoptar una decisión sobre estos puntos”.

[…]

(i)
Los árbitros pueden pronunciarse respecto de los efectos económicos de todos los actos administrativos contractuales, incluyendo aquellos que se expiden en ejercicio de las facultades excepcionales previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, y también pueden conocer de la legalidad de los actos diferentes a los derivados del citado artículo 14; y
(ii)
sobre los actos administrativos expedidos en ejercicio de las facultades excepcionales previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, los árbitros hasta ahora tienen vedado únicamente el pronunciamiento sobre la legalidad o la validez de los mismos.

## Cómo citar esta fuente

Corte Constitucional. Providencia Sentencia SU 142 2026 de 2026. 2026-11-06. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:67611).
