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clave: "cce:providencia:63921"
titulo: "Principio de congruencia: la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro es de dos años"
corporacion: "Rama Judicial · recopilada por CCE"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-03-09"
radicado: "25000232600020110049101"
numero: "25000232600020110049101 de 2026"
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# Principio de congruencia: la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro es de dos años

- **Título oficial / radicado:** 25000232600020110049101 de 2026
- **Corporación:** Rama Judicial · recopilada por CCE
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-03-09
- **Radicado:** 25000232600020110049101
- **Número:** 25000232600020110049101 de 2026
- **Sección / Sala:** Sección Tercera
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:63921
- **PDF oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2026/03/25000232600020110049101.pdf
- **Fuente oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/providencias/25000232600020110049101-de-2026/

## Puntos clave

- Principio de congruencia: cgp artículo 281, variación de la causa petendi, apelación, límites
- Debido proceso: cca artículo 175, nulidad de acto administrativo, cosa juzgada erga omnes, no declaratoria de nulidad
- Descargos: término razonable, normatividad no define término para presentar descargos, no se puede otorgar término de forma arbitraria, término desproporcionado en relación con la afectación que generó el derecho de defensa
- Acto administrativo: naturaleza jurídica, alcance, no toda declaración de voluntad se califica como acto administrativo, manifestación unilateral que produce efectos jurídicos
- Consentimiento: fuente inmediata de obligaciones, no implica que una de las partes tenga facultades unilaterales para modificar la situación jurídica de la otra, poderes unilaterales, fuente en la ley

## Extracto

En consecuencia, la anulación parcial del acto administrativo no extinguió la obligación condicional, dado que esta tiene su fuente en el contrato de seguro. La prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro es de dos años, contados desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción (Código de Comercio, art. 1081). Por lo tanto, con mayor razón (a minore ad maius), debe concluirse que si la Administración, investida de la facultad de definir por sí y ante sí la situación jurídica, inicia el procedimiento administrativo y lo culmina con la expedición del acto administrativo definitivo, no se configura la prescripción extintiva prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio. Sin embargo, este hecho no implica la terminación anticipada del contrato de seguro ni la inexigibilidad del pago de la cláusula penal.

## Descriptores temáticos

ACTO ADMINISTRATIVO, ACTOS CONTRACTUALES, CLÁUSULA PENAL, CLAÚSULA PENAL DE APREMIO, CLÁUSULAS ABUSIVAS, CONSENTIMIENTO, DEBIDO PROCESO, DESCARGOS, LEY 1150 DE 2007 Artículo 17, MODO DE EXTICIÓN DE LAS OBLIGACIONES, PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL, PRINCIPIO INDEMNIZATORIO, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE SEGURO

## Guías prácticas relacionadas

- [Multas y cláusula penal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/multas-clausula-penal.md): Cómo distinguir una multa de una cláusula penal y cuándo puede imponerse cada una.
- [Terminación unilateral](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/terminacion-unilateral.md): Cuándo puede la entidad terminar el contrato por sí misma y cómo se diferencia de la caducidad.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — La solicitud presentada en curso de un contrato estatal se entiende favorable por silencio administrativo positivo si la entidad no se pronuncia en tres meses conforme al artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020170045901-71456-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020170138301-62986-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la entidad demandada incumplió el contrato](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:41001233300020150065302-71938-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — La caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y debe ser declarada de oficio por el juez.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020190001701-67942-sentencia.md)

## Texto del documento

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
– CGP artículo 281 –
Variación de la causa petendi
– Apelación – Límites – Derecho de defensa – Contraparte – Debido proceso

Los dos primeros reparos planteados en el recurso de apelación implican una variación de la causa petendi, pues […] no formuló estos cargos de nulidad (incompetencia temporal y violación del artículo 1596 del Código Civil) en los fundamentos jurídicos de la demanda. En virtud del principio de congruencia, la sentencia debe guardar correspondencia con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda (CGP, art. 281). Asimismo, tratándose de un contencioso subjetivo en el que se impugna la legalidad de un acto administrativo, la decisión judicial debe ajustarse a los cargos de nulidad estructurados a partir de las normas superiores que se indican como violadas y su respectivo concepto de violación (CCA, art. 137.4). En consecuencia, no resulta admisible introducir nuevos cargos de nulidad en la apelación, pues ello afectaría el derecho de defensa de la parte demandada.

DEBIDO PROCESO
– CCA artículo 175 – Nulidad de acto administrativo –
Cosa juzgada erga omnes – No declaratoria de nulidad – Efecto erga omnes solo en relación con la causa petendi juzgada

La Sala precisa que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 12 de junio de 2014, confirmada por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, dictada en un proceso del que no fue parte el contratista, no impide resolver de fondo los cargos planteados […]. El artículo 175 del CCA, estatuto que rigió ese proceso judicial, establecía que la “sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes” y que “la que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada”. En la demanda que dio origen a dicho proceso, la Aseguradora solicitó declarar la nulidad de los artículos 2º, 4º y 5º de la Resolución […], en los que el IDU: (i) hizo efectiva la cláusula penal, (ii) estableció que “si no fuere posible lo estipulado en la cláusula anterior, el valor de la multa se hará efectiva y deberá cancelarse por la compañía aseguradora […] con cargo al amparo de cumplimiento”, y (iii) ordenó notificar la decisión tanto al consorcio como a la compañía de seguros.

[…] Ni la providencia de primera instancia ni la que la confirmó resolvieron cargos de nulidad por falsa motivación o violación del debido proceso del consorcio […], que no fue parte de ese proceso. Por el contrario, el único cargo analizado fue la violación del debido proceso de la Aseguradora, fundamento sobre el cual se declaró exclusivamente la nulidad del artículo 4º de la Resolución […]. En consecuencia, los demás artículos del acto administrativo —1º, 2º y 3º—, que declararon el incumplimiento del Consorcio […], hicieron efectiva la cláusula penal por el 30% del valor del contrato y ordenaron su cobro mediante compensación de deudas, conservaron sus efectos.

Dado que en las providencias previas no se abordaron los cargos presentados en este caso […] —como también lo resaltó la sentencia de primera instancia—, la Sala procederá a emitir un pronunciamiento de fondo sobre los reparos relacionados con estos.

DEBIDO PROCESO – Ley 1150 de 2007 artículo 17 – Características

Para resolver el cargo sobre la vulneración del debido proceso del contratista, la Sala precisa que el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 estaba vigente cuando se expidió la Resolución […] y se perfeccionó el contrato de obra. Esta norma dispuso que: (i) el debido proceso rige las actuaciones sancionatorias en materia contractual; (ii) las entidades sometidas al EGCAP tienen competencia para declarar por acto administrativo el incumplimiento, con el fin de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada; y (iii) las decisiones sancionatorias deben estar precedidas de una audiencia del afectado, en la que se garantice un procedimiento mínimo que respete su derecho de defensa.

DEBIDO PROCESO – Ley 1150 de 2007 – Indefinición de procedimiento – Aplicación de la ley 80 de 1993 artículo 77
– Naturaleza de la actuación – Aplicación del CCA – Normas generales – Garantizar debido proceso – Derecho fundamental

Sin embargo, la Ley 1150 de 2007 no definió las etapas de este procedimiento. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, resultaban aplicables —en lo que fue compatible con la naturaleza de la actuación—, las normas generales del procedimiento administrativo previstas en el CCA (arts. 14, 15, 28, 29, 34, 35 y 36) para garantizar el derecho fundamental al debido proceso (CP, art. 29). Ahora bien, como ha señalado la Corporación, la tutela administrativa de este derecho no implicaba el agotamiento procedimientos idénticos a los judiciales o a otros reglados con etapas rígidas, sino que la actuación debía adaptarse a los principios de celeridad y eficiencia que caracterizan la contratación estatal, cuyo propósito es asegurar la continuidad en la prestación de bienes y servicios para la satisfacción del interés general (Ley 80 de 1993, art. 25, núms. 2 a 5).

DESCARGOS
– Término razonable – Normatividad no define término para presentar descargos – No se puede otorgar término de forma arbitraria –
Término desproporcionado en relación con la afectación que generó el derecho de defensa – Derecho de defensa – Debido proceso – Competencia temporal para declarar incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal – Hasta la liquidación del contrato

Bajo este panorama, el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 no imponía un esquema rígido de actuaciones, sino que se manifestaba un conjunto de obligaciones para la entidad estatal y garantías mínimas para el contratista. En este sentido, la entidad debía formular un requerimiento previo en el que indicara de manera clara y detallada los hechos que, a su juicio, constituían un incumplimiento contractual, integrándolos con las consecuencias establecidas tanto en la ley como en el contrato. Asimismo, el contratista tenía el derecho de aportar y controvertir pruebas, así como de presentar los descargos que considerara pertinentes. Para garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos, resultaba imprescindible conceder un término razonable para su preparación. Este derecho ha sido ampliamente reconocido en el ámbito de los procedimientos administrativos disciplinarios y también se ha identificado como un elemento implícito del derecho de defensa, el cual constituye un componente esencial del debido proceso en toda clase de actuaciones sancionatorias.

De acuerdo con lo anterior, el hecho de que la Ley 1150 de 2007 —al igual que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011— no estableciera un término mínimo que debía transcurrir entre la formulación de los cargos y el momento en que el contratista debía rendir descargos, aportar pruebas y controvertir las allegadas en su contra, no significa que pudiera fijarse de forma arbitraria. Esta consideración se fundamenta, por un lado, en el artículo 3º del CCA, que al regular el principio de celeridad establecía que las autoridades tendrían el impulso oficioso del procedimiento, pero “sin que ello [las] releve de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados». Por otro lado, se fundamenta en el artículo 36 del mismo código, el cual disponía que en la medida en que una decisión implique el ejercicio de facultades discrecionales —como la determinación del intervalo entre la citación y la audiencia para rendir descargos—, su contenido «debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa».

En conclusión, para garantizar el debido proceso del Consorcio […] debía convocar la audiencia de descargos con una antelación razonable y acorde con la finalidad de la norma atributiva de la competencia para declarar el incumplimiento del contratista con el fin de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. Asimismo, el plazo concedido debía ser proporcional a los hechos que motivaban la citación, lo que implicaba otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y, en general, preparar adecuadamente sus descargos.

[…] La Sala considera que el plazo concedido no era razonable para la preparación de los descargos, circunstancia que fue destacada en la diligencia por el representante del contratista, quien ante la negativa de la entidad a aplazar la audiencia no debatió el fondo del asunto y, en su lugar, reiteró su manifestación sobre la vulneración de su derecho a la defensa. Al determinar el intervalo entre la citación y la audiencia, entraban en tensión dos principios: por un lado, el principio de celeridad en la actuación sancionatoria contractual; por otro, el principio del debido proceso, que comprende el derecho a la defensa y, en particular, la garantía de contar con un plazo razonable para la preparación de los descargos.

La decisión de citar a la audiencia con menos de 24 horas de antelación, si bien era idónea para imprimirle celeridad a la actuación administrativa, resultó desproporcionada en relación con la afectación que generó al derecho de defensa. En otras palabras, aunque cumplía el requisito de adecuación previsto en el artículo 36 del CCA, la determinación no era necesaria, ya que no constituía el único medio para alcanzar el fin legítimo de garantizar la celeridad del procedimiento. Además, entre todas las alternativas posibles, no era la de menor lesividad del derecho a la defensa.

La Sala considera que el objetivo perseguido con la decisión de citar a la audiencia de descargos con solo un día de antelación no se habría visto afectado si la entidad hubiera optado por aplazarla o por conceder un plazo mayor para que el contratista preparara su defensa. En efecto, a diferencia de lo que ocurre con la imposición de multas, que “procede solo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista” (Ley 1150 de 2007, art. 17), la competencia temporal para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria se mantenía hasta la liquidación del contrato, como lo reconocía la jurisprudencia.

En el momento en que se celebró la audiencia de descargos, solo habían transcurrido seis días del plazo de cuatro meses con el que contaban las partes para liquidar el contrato, por lo que conceder un término más amplio al contratista para preparar su defensa no comprometía los fines de la actuación administrativa. En consecuencia, la negativa […] a otorgar un tiempo razonable no solo resultó innecesaria, sino que constituyó una restricción desproporcionada del derecho de defensa, máxime cuando existían alternativas menos lesivas para garantizar el principio de celeridad sin menoscabar las garantías del contratista.

En conclusión, el término concedido […] para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo para permitirle preparar adecuadamente su presentación, afectaron de manera desproporcionada un interés jurídico de especial relevancia: el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio. Como consecuencia de lo anterior, la Sala declarará la nulidad de las […] por haberse configurado la causal del artículo 84 del CCA sobre el “desconocimiento del derecho de audiencia y defensa”.

ACTO ADMINISTRATIVO – Naturaleza jurídica – Alcance – No toda declaración de voluntad se califica como acto administrativo

[…] El cargo de nulidad propuesto en la demanda y los argumentos desarrollados en el recurso de apelación imponen dilucidar la naturaleza jurídica de la decisión expresada […] en la comunicación […], expedida el 11 de marzo de 2009. Este examen resulta determinante para resolver el reparo, en la medida en que la pretensión de nulidad formulada en el marco del medio de control de controversias contractuales presupone la existencia de un acto administrativo. En este sentido, la Subsección ha precisado que “el dispositivo de nulidad –que se erige en pretensión bajo el medio de control de controversias contractuales– está dirigido a contrarrestar los vicios presentes en los elementos de existencia y validez de los actos administrativos, es decir, se trata de un juicio de valoración que parte de la existencia del acto mismo”.

La comunicación […] no reviste la naturaleza jurídica de un acto administrativo y, por tanto, no es susceptible de ser anulada por la violación de normas superiores. Como se expondrá a continuación, ello obedece a que la cláusula penal de apremio se hizo efectiva en virtud de lo pactado en el Adicional 3, no en ejercicio de una prerrogativa de poder público.

El concepto de naturaleza jurídica no designa una propiedad ontológica, sino el resultado de una operación interpretativa. Los hechos no están dotados de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

e este acto procesal interrumpe el término de prescripción (CPC, art. 90), aun cuando la situación jurídica sobre su ocurrencia y la exigibilidad de la obligación solo se defina con la sentencia que se dicte en el proceso judicial. Por lo tanto, con mayor razón (a minore ad maius), debe concluirse que si la Administración, investida de la facultad de definir por sí y ante sí la situación jurídica, inicia el procedimiento administrativo y lo culmina con la expedición del acto administrativo definitivo, no se configura la prescripción extintiva prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio.

El 1 de abril de 2009, el […] expidió la Resolución […], la cual fue notificada tanto al Consorcio […] como a la Aseguradora. Ambas partes, al conocer la decisión, interpusieron recurso de reposición: el contratista el 8 de mayo de 2009 y la Aseguradora el 14 de mayo del mismo año. En consecuencia, el acto administrativo mediante el cual la entidad estatal definió la situación jurídica fue expedido y notificado antes del vencimiento del término de prescripción de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio (25 de marzo de 2011). Por lo tanto, el motivo de inconformidad expresado por la llamada en garantía no es de recibo para la Sala.

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE SEGURO
– Agravación del estado del riesgo
– Falta de notificación – Código de Comercio artículo 1060
– No aplica a contratos de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales
– Regido por normas de orden público

Finalmente, la Aseguradora solicitó la revocatoria de la condena proferida en su contra, argumentando que el Tribunal no advirtió que la toma de posesión de la obra no ocurrió al expirar el plazo contractual, sino cinco días antes, hecho que el […] reconoció en su demanda de reconvención. Con fundamento en ello, reiteró que esta actuación del asegurado llevó a la terminación del contrato de seguro y, en consecuencia, la compañía quedó exonerada del pago de la cláusula penal. La Sala tampoco considera fundado este reparo, por las razones que se exponen a continuación.

El hecho en que se funda el reparo de la Aseguradora corresponde a lo que indican las pruebas del expediente: de acuerdo con el acta del 20 de marzo de 2009, el […] tomó posesión de la obra en esa fecha, cinco días antes del vencimiento del plazo contractual, “informando a los participantes que el contratista Consorcio […], a partir del presente momento, no podrá ejecutar obra alguna ni podrá disponer de los equipos y materiales encontrados en la obra”. Sin embargo, este hecho no implica la terminación anticipada del contrato de seguro ni la inexigibilidad del pago de la cláusula penal.

El argumento sobre la terminación del contrato de seguro se funda, en primer lugar, en el inciso cuarto del artículo 1060 del Código de Comercio […].

La Sala no considera de recibo este planteamiento, ya que la terminación anticipada por falta de notificación de la agravación del estado del riesgo prevista en el inciso cuarto del artículo 1060 del Código de Comercio no aplica a los contratos de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales. Esta inaplicabilidad obedece tanto a la función económica de estos seguros como a su finalidad de garantizar un interés asegurable que, dada su especialidad y trascendencia jurídica, está regido por normas de orden público (Ley 1150, art. 7) […].

[…] Aunque las consideraciones anteriores son suficientes para desestimar el reparo, la Sala también concluye que la actuación realizada el 20 de marzo de 2009, encaminada a asegurar materialmente el lugar donde se ejecutaban las intervenciones, no configuraba una agravación del riesgo que justificara la terminación del contrato de seguro por falta de notificación. El deber de informar al asegurador sobre hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato se activa cuando tales eventos son relevantes, esenciales o determinantes. En este sentido, el artículo 1060 del Código de Comercio parte del supuesto de que la agravación del riesgo asegurado debe ser significativa y capaz de alterar su configuración inicial, en lugar de un cambio inocuo o irrelevante que haría nugatorio el principio de conservación del contrato.

Para que una agravación del riesgo configure el supuesto fáctico de aplicación del artículo 1060 del Código de Comercio, este debe ser jurídicamente relevante. Como ha señalado la doctrina, el incremento del riesgo merece este calificativo si, de haber conocido el asegurador la nueva circunstancia agravatoria —o el nuevo estado del riesgo—, hubiera condicionado su actuación en el sentido de no celebrar el contrato o de hacerlo en otras condiciones. En este caso, la supuesta agravación del riesgo consistió en la limitación material de la ejecución de las intervenciones constructivas por un período de solo cinco días, es decir, el tiempo transcurrido entre la toma de posesión física de la obra y la expiración del plazo contractual. Dada la brevedad de esta restricción, no hay elementos que permitan concluir que, de haberla conocido con antelación, la Aseguradora habría condicionado la celebración del contrato o modificado sus términos.

Las circunstancias fácticas de la ejecución del contrato refuerzan esta conclusión, pues el atraso del 33% reconocido por el contratista no podría haberse subsanado en un plazo tan reducido. Esta consideración cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que el plazo inicial de la obra era de siete meses y que, con el conocimiento y la aceptación de la compañía de seguros, la cobertura temporal de los amparos fue modificada mediante dos prórrogas: una por dos meses (Adicional 1) y otra por 75 días calendario adicionales. En consecuencia, el reparo relacionado con la terminación del contrato de seguro por falta de notificación oportuna, de conformidad con el artículo 1060 del Código de Comercio, tampoco resulta atendible.

PRINCIPIO INDEMNIZATORIO
– Código de Comercio artículo 1088

– Prohibición del doble pago
– Imposibilidad de cobrar dos veces la cláusula penal – Código de Comercio artículo 1096
– Mecanismo de subrogación – Recobro

La Sala precisa que, en virtud del principio indemnizatorio que rige el seguro de daños, el […] no puede percibir dos veces el valor de la cláusula penal —cuyo importe fue incorporado en la liquidación judicial del contrato—, una vez del contratista y otra de la aseguradora, pues ello desnaturalizaría el seguro al convertirlo en una fuente de enriquecimiento para la entidad estatal asegurada. En consecuencia, si el […] exige y obtiene el pago de la cláusula penal por parte del contratista, queda excluida la posibilidad de reclamar ese mismo valor a la aseguradora, por el límite que impone el artículo 1088 del Código de Comercio; y, a la inversa, si exige y obtiene el pago como prestación asegurada, no podrá reclamarlo también al contratista, en virtud de la subrogación legal prevista en el artículo 1096 del mismo estatuto.

## Cómo citar esta fuente

Rama Judicial · recopilada por CCE. Providencia 25000232600020110049101 de 2026. 2026-03-09. Rad. 25000232600020110049101. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:63921).
