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clave: "cce:providencia:63602"
titulo: "Negocios jurídicos de la administración: la teoría de las cláusulas abusivas tiene cabida en la contratación estatal"
corporacion: "Rama Judicial · recopilada por CCE"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-02-18"
radicado: "15001233300020140033601"
numero: "15001233300020140033601 de 2025"
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# Negocios jurídicos de la administración: la teoría de las cláusulas abusivas tiene cabida en la contratación estatal

- **Título oficial / radicado:** 15001233300020140033601 de 2025
- **Corporación:** Rama Judicial · recopilada por CCE
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-02-18
- **Radicado:** 15001233300020140033601
- **Número:** 15001233300020140033601 de 2025
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:63602
- **PDF oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2026/02/8001233300020190080101.pdf
- **Fuente oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/providencias/15001233300020140033601-de-2025/

## Puntos clave

- Negocios jurídicos de la administración: contratos estatales, convenios, función jurídica y objetivos concurrencia de voluntades en ambos tipos, causa
- Diferencias entre contrato estatal y convenio interadministrativo: contrato estatal, intereses contrapuestos, contratista actúa como colaborador del estado, convenios
- Responsabilidad en convenios interadministrativos: liquidación contractual dentro del plazo del convenio, ausencia de daño antijurídico, fin común del convenio
- Abuso del derecho: artículos 13 y 95 de la Constitución, prohibición del abuso del derecho, daño, prohibición de la posición dominante
- Cláusula abusiva: diferencias entre ilegalidad y abuso del derecho, ilegalidad, contrario a la ley o al orden público, abuso

## Extracto

Contribuye a este análisis indagar sobre ambas nociones. La teoría de las cláusulas abusivas tiene cabida en la contratación estatal, pero no mediante una reproducción automática de la caracterización que le dio origen en el derecho privado, pues su aplicación en los negocios públicos debe adecuarse a la especial naturaleza, prerrogativas y finalidades que prevé el estatuto público de contratación; lo anterior, sin perder de vista, como ya se explicó, que para considerar una estipulación como abusiva es necesario que provenga del ejercicio de la posición de predominio de un sujeto en la formación del contrato y ella materialice una asimetría injustificada para la parte débil que revele la configuración de aquel abuso –no de una regla de poder–, pues para estos casos, es decir para controlar las expresiones de poder, el legislador dispuso las causales de nulidad de los actos y contratos estatales.

## Síntesis temática

El contratista no puede exigir la liquidación de un contrato estatal dentro del plazo del convenio interadministrativo si no se demuestra un daño antijurídico que afecte el interés general, ya que la concurrencia de voluntades en los convenios busca objetivos comunes y no intereses contrapuestos como en los contratos. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado aclara que la no consecución del 100% del objeto convenido no implica automáticamente la configuración de un daño, y que la cláusula penal no procede si no se atribuye a ninguna entidad una conducta culpable que genere un menoscabo en el patrimonio público. Esta decisión modifica la sentencia anterior, manteniendo la liquidación judicial pero revocando la declaratoria de nulidad de la cláusula penal, lo que restringe la imposición de sanciones a las entidades contrayentes.

## Descriptores temáticos

ABUSO DEL DERECHO, ABUSO Y DESVIACIÓN DE PODER, CLÁUSULA ABUSIVA, CLÁUSULAS ABUSIVAS, CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, CLÁUSULAS ABUSIVAS Y NULIDAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, DIFERENCIAS ENTRE CONTRATO ESTATAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, NEGOCIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN, PLIEGOS DE CONDICIONES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, RESPONSABILIDAD EN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

## Guías prácticas relacionadas

- [Nulidad del contrato estatal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/nulidad-contrato.md): Cuándo el contrato es nulo, quién puede pedirlo y qué pasa con lo ya ejecutado.
- [Contratos y convenios interadministrativos](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/convenios-interadministrativos.md): Cómo distinguir el contrato del convenio entre entidades y qué reglas sigue cada uno.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Medio de control de controversias contractuales: Sentencia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020140033601-69562-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — El estudio de las múltiples pretensiones formuladas en este contencioso es procedente, pese a que sean excluyentes.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150233001-61023-sentencia.md)
- [Rama Judicial · recopilada por CCE — Caducidad de la acción](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:35908.md)
- [Rama Judicial · recopilada por CCE — Principio de congruencia: la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro es de dos años](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:63921.md)

## Texto del documento

NEGOCIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN – Contratos estatales – Convenios – Función jurídica y objetivos concurrencia de voluntades en ambos tipos – Causa – Distinción

El escenario en el que la Administración ejerce sus competencias contractuales se desarrolla principalmente a través de dos tipos de negocios jurídicos: los contratos y los convenios. Aunque el EGCAP no establece una distinción entre estas figuras, la jurisprudencia y la doctrina se han encargado de perfilar su función jurídica y objetivos, resaltando las características inherentes a cada uno de estos instrumentos como base del análisis de cumplimiento en sede de responsabilidad.

Si bien ambos conceptos se fundan en la concurrencia de voluntades, la
causa
que antecede tal manifestación es el punto central que marca su individualidad y distinción; tal elemento es definido por el ordenamiento jurídico como
“el motivo que induce al acto o contrato”
(art. 1524 del C.C.), configurando el cariz teleológico o la razón jurídica relevante que da origen a una relación negocial.

DIFERENCIAS ENTRE CONTRATO ESTATAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – Contrato estatal – Intereses contrapuestos – Contratista actúa como colaborador del Estado – Convenios – Finalidad común – Atribuciones públicas – Principio de colaboración –
Ley 489 de 1998 artículo 95

Así, cuando se alude a la noción de
contrato estatal
se está haciendo referencia al concierto de dos o más voluntades que establecen un contenido obligacional de intereses contrapuestos, aunque converjan en la realización de un objetivo común que es el interés general. En este escenario, el contratista actúa como colaborador del Estado y, como tal, su relacionamiento jurídico apunta a fines diversos pues, mientras que para la administración lo esencial es la materialización de los cometidos públicos a su cargo, para el contratista lo es la contrapartida que obtiene por el cumplimiento de sus obligaciones, lo que denota que la motivación inmediata que impulsa a cada uno a celebrar el contrato se construye desde vértices opuestos.

En el caso de los convenios, su razón de ser se dirige a la promoción de objetivos mancomunados entre sus contrayentes y, puntualmente, tratándose de convenios interadministrativos, se revela como instrumento de unión entre dos o más personas de derecho público que apunta al logro de fines y propósitos comunes, en el marco de las funciones que la ley asigna a cada una de ellas.

Bajo esta tipología, cada entidad estatal desarrolla las funciones públicas a su cargo y, a su vez, se beneficia de la realización conjunta de las competencias de los demás contrayentes en procura de llevar a buen término un proyecto. Esta alianza genera una dinámica que potencializa el quehacer administrativo, siendo que todas ellas trenzan sus esfuerzos en una expresión única y objetiva del interés general que por esta vía se robustece.

Por ello, el talante de los convenios interadministrativos lo erige en un mecanismo de gestión conjunta de atribuciones públicas que se caracteriza por la unidad de causa y fin que vincula a los sujetos parte, y cuyo propósito es coordinar y cooperar en la realización de las funciones administrativas asignadas a cada entidad. De ahí que estos convenios no son contenedores de prestaciones patrimoniales propias de los contratos conmutativos, ni hablan de intereses puramente económicos, con ellos se busca primordialmente cumplir con objetivos atados al interés general en virtud del principio de colaboración de que trata el art. 95 de la Ley 489 de 1998.

RESPONSABILIDAD EN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Liquidación contractual dentro del plazo del convenio – Ausencia de daño antijurídico – Fin común del convenio

Entender que la obligación de
“liquidar los contratos que suscriba en desarrollo …
[del]
convenio”
debía efectuarse dentro del plazo de este último, no incide ni es la causa determinante del resultado al que llegó el negocio jurídico, porque puede acontecer que sólo sea viable hacer esos balances con posterioridad a dicho término (si el acreedor lo acepta) y, en el marco de los convenios, en particular, se tiene que no toda desatención a los compromisos adquiridos conduce a la frustración del fin común que se persigue, ni implica de forma automática la configuración de un menoscabo en el patrimonio público que afecte el presupuesto de las otras entidades contrayentes.

No basta la constatación de una incorrección, es necesario que se acredite el daño que ésta produjo, a efectos de colegir la responsabilidad contra la parte que se aduce, elemento que no se demostró en el
sub examine
puesto que la obligación de hacer la liquidación de los contratos derivados, no repercutió en la falta de consecución del objetivo mancomunado que dio lugar este negocio jurídico.

ABUSO DEL DERECHO – Artículos 13 y 95 de la Constitución – Prohibición del abuso del derecho – Daño

En el contexto más reciente, e imbuido de las garantías de estirpe constitucional afianzadas en la Carta Política de 1991, la teoría del abuso del derecho y, en particular, de aquel que se proyecta en las cláusulas abusivas, ha cobrado relevancia, y para definir sus cimientos se ha acudido a los preceptos del art. 13 superior que consagra el deber estatal de proteger especialmente a las personas que se encuentren en condiciones de debilidad en razón a su situación económica, física o mental para sancionar “
los abusos o maltratos que contra ellas se cometan
”, y del art. 95 ib. que al referirse a los deberes de toda persona y ciudadano, estatuyó el de “
respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios
”.

Aunque los desarrollos de la teoría del abuso del derecho han sido mayormente analizados en el terreno extracontractual –fundamentado en la responsabilidad aquiliana–, habrá de indicarse que, al corresponder a un principio general, es una figura que irradia el sistema jurídico, de manera que puede presentarse en todos aquellos casos en los que un sujeto implante o ejercite de forma abusiva sus derechos frente a otro y genere un daño; universalidad que también toca con el ámbito contractual en el que, entre otros eventos, tienen asiento las denominadas cláusulas abusivas.

ABUSO DEL DERECHO – Prohibición de la posición dominante – Buena fe – Autonomía negocial – Alcance

Bajo esta plataforma, la doctrina, la jurisprudencia y el mismo legislador, han buscado perfilar primeramente lo que constituye el abuso en las relaciones negociales, acudiendo de forma principal a principios como: la prohibición del abuso de la posición dominante, la buena fe y la autonomía negocial.

El primero de ellos ha sido asimilado a la proscripción del abuso del derecho, y persigue frenar el uso indebido de una prerrogativa o derecho subjetivo para causar daño. La
posición dominante
consiste en la preeminencia que ostenta un sujeto sobre otro, y su
abuso
estriba en el aprovechamiento de ese rol negocial para imponer al cocontratante unas condiciones desmedidas, o generar a su favor ventajas injustificadas que en otras circunstancias no conseguiría.

El segundo, la buena fe, también corresponde a un mandato que se proyecta a todas las instituciones del derecho. Su examen se desarrolla en perspectiva objetiva, no subjetivamediante la comprobación de una conducta basada en los postulados de honradez, probidad, honorabilidad, transparencia, diligencia y responsabilidad. En el
iter
contractual, su concreción se traduce en honrar las obligaciones adquiridas mediante un proceder leal y recto, desprovisto de engaño o de cambios inesperados que contradigan no sólo aquello a lo que expresamente se han comprometido las partes sino todas las cosas que emanan de la naturaleza del pacto o que por ley pertenecen; además, cabe destacar, un comportamiento bajo su amparo se opone al aprovechamiento de la debilidad de otro, y a las reclamaciones originadas en la negligencia o el descuido propios
.

En contraposición, la mala fe conlleva al abuso de la posición negocial, pues el hecho de que uno de los contrayentes actúe de forma ajena a la experticia que se le atribuye, conduce a evidenciar el perjuicio injustificado que aquella proyecta en la situación de su par en el negocio.

Si bien su examen corresponde a un ejercicio eminentemente casuístico, es de resaltar que bajo este parámetro, la parte que redacta el acuerdo debe guiar su labor en el beneficio mutuo y bajo una óptica integral respecto del pacto alcanzado, es decir, no sólo en observancia de su propio y exclusivo interés, sino en consideración al de las demás partes, al conocimiento técnico que rodea el asunto y honrando las motivaciones que dieron lugar al ligamen de sus voluntades en procura de un beneficio concurrente.

[…] el principio de la autonomía de la voluntad –pilar de la doctrina civilista francesa y del estado liberal– reconoce a los sujetos la facultad de disponer de sus intereses con efectos vinculantes, mediante la decisión de celebrar o no contratos, de escoger con quien se vincula para el efecto, y del contenido obligacional al que se atan, siendo el límite de tal manifestación el imperio de la ley, es decir, el ámbito de lo lícito. De suerte que, en el marco de esta premisa, la autonomía de la voluntad puede ser desplegada en el más amplio horizonte, con la fluidez y alcance que definan los sujetos, según sea su voluntad.

CLÁUSULA ABUSIVA – Diferencias entre ilegalidad y abuso del derecho – Ilegalidad – Contrario a la ley o al orden público – Abuso – Menoscabo en el status jurídico del otro

Bajo este prisma es posible diferenciar dos conceptos disímiles, no excluyentes, relacionados con la calificación que puede tener una cláusula: el de ilegalidad y el de abuso del derecho. El punto central de su distinción estriba en que el primero habla de la existencia de un vicio de origen que está arraigado en su propia concepción; el segundo tiene reconocimiento en la existencia de un derecho subjetivo cuya validez no se cuestiona, siendo objeto de censura el abuso de ese derecho que desemboca en una asimetría prestacional del negocio jurídico celebrado, generando una desventaja injustificada a la parte débil de la negociación.

Contribuye a este análisis indagar sobre ambas nociones. La ilegalidad está constituida por aquello que va en contravía de lo dispuesto imperativamente por la ley para determinado negocio, sea porque no atiende los requerimientos establecidos para que pueda nacer a la vida jurídica, o porque contraviene el orden público. Lo abusivo revela el ejercicio de una facultad permitida, cuyo despliegue (en este caso proveniente de una posición dominante) deriva en la estipulación de un contenido negocial generador de un menoscabo en el estatus jurídico del otro.

CLÁUSULAS ABUSIVAS – Corte Suprema de Justicia – Características – Falta de negociación individual – Lesión a buena fe negocial – Desequilibrio significativo – Aplicación supletiva del Código Civil y de Comercio –

La Corte Suprema de Justicia ha desarrollado la teoría de las cláusulas abusivas mediante la indicación de sus características: “
a) que su negociación no haya sido individual; b) que lesione los requerimientos emergentes de la buena fe negocial –vale decir, que se quebrante este postulado rector desde una perspectiva objetiva: buena fe, probidad o lealtad–; y c) que genere un desequilibrio significativo de cara a los derechos y las obligaciones que contraen las partes
”.

El ordenamiento jurídico colombiano en el campo del derecho privado y las relaciones de consumo, ha incursionado con mayor concreción en la materia, en la medida que incorpora normas que prevén un tratamiento especial frente a las cláusulas abusivas, por lo que la normativa general contenida en los Códigos Civil y de Comercio es aplicada solo de forma supletiva. En este último escenario las medidas de corrección anidan en los postulados de protección general establecidos en el derecho común que, a título ilustrativo, son: (i) el art. 1535 ib. que establece que una condición potestativa no puede quedar a la mera voluntad de la persona que se obliga; (ii) el art. 1865 ib., que determina que tratándose de la venta el precio no puede quedar al arbitrio de uno de los contratantes; y (iii) se ha acudido a las reglas que prevén que la interpretación de las cláusulas ambiguas debe hacerse a favor del deudor, según dispone el art. 1624 del C.C.

Lo expuesto no agota los eventos en que se puede considerar una cláusula abusiva, puesto que no se trata de enlistar una serie de requisitos para considerar la existencia de una de ellas, sino de identificar cuándo una previsión negocial puede ser catalogada como tal, se itera, por tratarse del desarrollo de un principio general del derecho. De modo que lo esencial en la consolidación de la teoría que se analiza, es la comprobación de la existencia del
abuso
, cuyo examen en el panorama contractual impone analizar las particularidades del negocio específico tomando en consideración que la cláusula que se revisa hace parte de un todo e

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

semántica legal guardaban una sutil distinción. Mientras el abuso representaba el uso excesivo de una facultad, aun para cumplir objetivos que en principio pueden lucir inherentes al Estado, la desviación apuntaba a la utilización de la función para fines distintos a los legales.

[…]

La legislación nacional no registra una discusión relacionada con una distinción entre el abuso y la desviación de poder, forma compuesta incorporada como causal de nulidad bajo el art. 44.3 de la Ley 80 de 1993 que se analiza, lo que hace inferir la univocidad entre estas nociones en un solo concepto, acogido e implantado de esta manera en nuestro sistema legal. De suerte que al hacer referencia a la causal de nulidad por abuso o desviación de poder, ha de entenderse que se trata de una construcción dogmática –que además difiere a la falta de competencia– conforme a la cual se sanciona el ejercicio de las facultades públicas cuando éstas se dirijan a objetivos distintos a aquellos que asigna la normatividad: tanto en el alcance de su uso, como respecto de sus finalidades.

NULIDAD – Absoluta y relativa – Alcance – Eventos

En el derecho privado, el instituto de las nulidades puede presentarse en las categorías de nulidad absoluta y nulidad relativa. Los casos de nulidad absoluta evidencian el mayor grado de menosprecio por el orden jurídico, requieren de pronunciamiento del juez y tienen efecto retroactivo, es decir, llevan a que las cosas retornen al estado anterior al perfeccionamiento del acto o contrato; por su trascendencia pueden ser declaradas de oficio por el fallador, y cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes, y en todo caso por prescripción extraordinaria. Los eventos que constituyen esta sanción son: 1) la ausencia de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, 2) la ilicitud en la causa y el objeto, y 3) la celebración del negocio por una persona absolutamente incapaz (art. 1741 C.C.).

La nulidad relativa –o anulabilidad en el derecho mercantil– denota vicios de menor envergadura, representan una afrenta menguada contra el orden público. Su declaración solo procede previa petición de parte, con la precisión de que la falencia puede ser ratificada por manifestación de los sujetos involucrados, o también saneada por el paso del tiempo, por prescripción extintiva. El art. 1508 del C.C. dispone que las causas que dan lugar a este tipo de invalidez son los vicios de la voluntad (error, fuerza y dolo); a su vez, el art. 1504 ib. establece que la incapacidad relativa de los sujetos negociales también lo configura. Y el art. 1741 de la misma codificación le asigna un estatus residual a estos defectos al determinar, en su tercer inciso, que “
cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato
”.

ABUSO DEL DERECHO – Coexistencia de restituciones mutuas e indemnización de perjuicios – Código de Comercio artículo 830 – Constitución Política artículo 90 – Ausencia de abuso del derecho – Ausencia de nulidad absoluta de la cláusula

[…] la Sala precisa que en el campo del abuso del derecho, que incluye las cláusulas abusivas, nada se opone a la coexistencia de dos figuras: las restituciones mutuas, por cuenta de la retrotracción de los efectos que se derivan del instituto anulatorio, y la indemnización de perjuicios derivada del abuso de la parte dominante si con ésta se genera un daño.

En esta línea, las restituciones deben comprender todas aquellas medidas que, de acuerdo con la naturaleza del negocio jurídico, su objeto y los sujetos comprometidos, permitan a las partes volver al estado anterior al de su estipulación, lo que no siempre se logra, resultando insuficiente tal dispositivo frente a la generación de un daño. Así que, en el marco de las cláusulas abusivas se autoriza examinar la conducta del contratante que dio lugar a la configuración del abuso, y en este plano se concibe la posibilidad de reclamar una indemnización de conformidad con el art. 830 del Código de Comercio que dispone, “[e]l que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause”; a la vez, ello es expresión del art. 90 de la Constitución Política que establece la cláusula general de responsabilidad del Estado en cualquiera de sus esferas de actuación, de manera que no puede restringirse el alcance del postulado superior únicamente al contexto de las restituciones mutuas.

[…]

Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra razones para descartar la abusividad que el a quo aseguró afectaba a la cláusula en estudio, así como el efecto sancionador que impuso (nulidad absoluta), pues al analizar sus elementos, en conjunto con el examen integral del acuerdo, la Subsección observa que el objeto y finalidad de dicha estipulación sí tiene una interpretación en el contexto negocial, que desdice de las consideraciones expresadas por el Tribunal, y sin que en ella se advierta un vicio de nulidad absoluta. Para razonar sobre este cargo la Sala trae de presente el contenido de ese pacto, en tanto reviste la concreción de la posición de dominio que se adujo abusiva, y para descifrar el alcance de los compromisos pactados.

[…]

Las partes se desenvolvieron en un plano de igualdad y equivalencia, donde el ejercicio de las funciones propias de cada una confluyó en el logro del propósito mancomunado; es decir, se trató de una relación que descartó la existencia de una parte dominante y otra débil en la relación jurídica. Este punto da cuenta que desde su génesis se constituyó un despliegue negocial en el que el factor de financiamiento no constituyó un evento que detonara una inequidad negocial, lo que no se modifica por la estructura subjetiva de las partes y el manejo inherente a los recursos asignados. Por el contrario, se observa que todas las partes asumieron un rol en el que sus funciones encajan y coinciden en procura de las diversas actividades y compromisos pactados; y, además, no se revela el pacto de una atribución o potestad a favor del Ministerio o el Fondo, sino el efecto de la inobservancia de unos compromisos determinados, cuyas bases y entendimiento son los que deben ser analizados.

[…]

Sumado a lo anterior, no era dable encuadrar a la cláusula en examen en la causal de abuso o desviación de poder, de que trata el art. 44.3 de la Ley 80 de 1993 y, como consecuencia, declarar su nulidad absoluta, pues su pacto no evidenció el ejercicio de las funciones asignadas al Ministerio y a FONADE de forma separada al contenido que les atribuye el ordenamiento jurídico o las bases mismas del convenio. La estipulación analizada no evidencia que las demandantes hubieren actuado de forma ajena a los mandatos institucionales que dirigen su actuar negocial, ya sea mediante su alejamiento con fines corruptos o persuadidos de intereses diferentes al objetivo que les fue provisto legalmente.

## Cómo citar esta fuente

Rama Judicial · recopilada por CCE. Providencia 15001233300020140033601 de 2025. 2026-02-18. Rad. 15001233300020140033601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:63602).
