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clave: "cce:providencia:63560"
titulo: "Entidades con régimen especial de contratación: no cualquier discusión en la etapa precontractual configura el interés"
corporacion: "Rama Judicial · recopilada por CCE"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-02-16"
radicado: "05001233100019970263702"
numero: "05001233100019970263702 DE 2025"
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# Entidades con régimen especial de contratación: no cualquier discusión en la etapa precontractual configura el interés

- **Título oficial / radicado:** 05001233100019970263702 DE 2025
- **Corporación:** Rama Judicial · recopilada por CCE
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-02-16
- **Radicado:** 05001233100019970263702
- **Número:** 05001233100019970263702 DE 2025
- **Sección / Sala:** Sección Tercera
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:63560
- **PDF oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2026/02/25_05001233100019970263702.pdf
- **Fuente oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/providencias/05001233100019970263702-de-2025/

## Puntos clave

- Entidades con régimen especial de contratación: empresas de servicios públicos domiciliarios proceso de selección, régimen jurídico aplicable, autonomía de la voluntad, capacidad creadora
- Regímenes exceptuados: tipos, facultad de reglamentación– Aplicación del proceso de licitación contemplada en la Ley 80 de 1993, mixtura de regímenes, consecuencias
- Empresas de servicios publicos domiciliarios: Ley 142 de 1994, regla general, se rigen por el derecho privado aplicación del derecho público, eventos especiales previstos en la ley
- Empresas de servicios públicos domiciliarios: aplicación del derecho público, Ley 142 de 1994 artículo 31, antes de la modificación de la Ley 689 de 2001 artículo 3, facultad de las comisiones de regulación
- Sentencia de unificación de la sección tercera del consejo de estado: 3 de septiembre de 2000, aplicable a los casos pendientes de decisión, efectos de las sentencias de unificación, no son actos administrativos

## Extracto

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PROCESO DE SELECCIÓN DE ENTIDADES CON RÉGIMEN EXCEPTUADO –Posturas del Consejo de Estado – Empresa de Servicios Públicos Domiciliario – Régimen jurídico contractual –Acto Administrativo – Acto de naturaleza contractual – Responsabilidad precontractual – Sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado – Decisiones durante la fase de formación del contrato – Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios – No son actos administrativos – Excepciones – Régimen jurídico – Derecho Privado – Actos contractuales – Medio de control – No es aplicable el medio de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho Ello, por cuanto no había regulación de la comisión que exigiera la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Se reitera que no cualquier discusión en la etapa precontractual configura el  interés…

## Síntesis temática

El contratista puede reclamar la responsabilidad por culpa in contrahendo cuando la entidad estatal, en el marco de un proceso de selección, actúa con falta de seriedad, lealtad o buena fe, modificando las reglas de selección que ella misma definió en favor de uno de los participantes. En este caso, la entidad estatal, que no se rige por el Estatuto de Contratación Pública, decidió aplicar el procedimiento de licitación pública de la Ley 80 de 1993 para su proceso de selección, pero incurrió en una falta de lealtad y buena fe al modificar parcialmente las reglas de selección en favor de uno de los participantes. La Sala reitera que la entidad estatal puede adoptar reglas de selección que garanticen la participación de varios oferentes, siempre que no contravengan el orden público ni tengan objeto ilícito, pero que cualquier modificación de estas reglas durante el proceso puede dar lugar a una reclamación por culpa in contrahendo si afecta la expectativa legítima del contratista. Esta regla implica que las entidades estatales deben ser coherentes y transparentes en la aplicación de las reglas de selección que ellas mismas establecen, evitando modificaciones que puedan perjudicar a los participantes.

## Descriptores temáticos

CADUCIDAD, COMISIÓN DE REGULACIÓN, CONTRATOS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN, INTERÉS NEGATIVO, INTERÉS POSITIVO, RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PROCESO DE SELECCIÓN DE ENTIDADES CON RÉGIMEN EXCEPTUADO, REGIMENES EXCEPTUADOS, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO

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## Texto del documento

ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN – Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios Proceso de selección – Régimen jurídico aplicable – Autonomía de la voluntad – Capacidad creadora – Límites

[…] Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. decidió adoptar el procedimiento de licitación pública regulado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 para adelantar el proceso de selección. Por ello, aunque el régimen de contratación de Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. era el derecho privado, como se explicará enseguida, la entidad decidió que el proceso de selección se rigiera –en lo pertinente– por la Ley 80 de 1993 –antes de las modificaciones de la Ley 1150 de 2007 y 1882 de 2018.

[…] Las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993, con fundamento en la autonomía de la voluntad, pueden establecer reglas de selección, es decir, trámites que garanticen la oportunidad de que varios o muchas personas participen de la contratación de los bienes y servicios que requieren las entidades del Estado. En efecto, la ley autoriza a los contratantes a subordinar los efectos de sus manifestaciones a formalidades voluntarias o condiciones lícitas y posibles (arts. 1530 del CC y ss.). Luego en ejercicio de la autonomía privada o negocial, los sujetos de derecho tienen la libertad de celebrar de manera inmediata el negocio jurídico o luego de surtir un procedimiento formativo diferido en el tiempo, sin perjuicio de las formalidades legales que la ley exige para el perfeccionamiento de ciertos actos. Una entidad que no se rige por el Estatuto de Contratación Pública está habilitada para someter la escogencia del contratista a solemnidades o condiciones que, en principio no se requerirían, siempre que no contraríen el orden público ni tengan objeto ilícito (arts. 6, 16, 1502, 1519, 1741 y 1523 del CC).

No obstante, la jurisprudencia señala que la «
capacidad creadora
» tiene límites muy precisos, en la medida en que no es posible afectar la «
reserva legal
» que tienen muchas materias como, por ejemplo, la capacidad para contratar, la atribución de poderes exorbitantes o el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN –Procesos de selección – Posibilidad de aplicar reglas el estatuto general de contratación – Ley 80 de 1993 – Código Civil artículos 15, 16, 1502 y 1519 – Garantía de principios de la contratación pública – Regímenes exceptivos – Aplicabilidad

Las entidades de regímenes especiales pueden remitirse a las reglas de la licitación pública para orientar los procesos de selección (arts. 15, 16, 1502 y 1519 del CC), lo que puede contribuir a que el contrato se celebre con el oferente que presenta la oferta más favorable para la entidad, como nuestra legislación lo previó desde las primeras normas sobre contratación pública (artículos 9, 13, 21 y 27 de la Ley 110 de 1912) y lo ha reconocido de vieja data esta Corporación, al resaltar la importancia de la licitación pública.

Nada se opone a que la entidad, cuyo régimen de contratación es especial, decida remitirse a la licitación pública de la Ley 80 de 1993 con el objeto de garantizar una elección objetiva, libre de arbitrariedad, conforme a unos criterios y procedimientos establecidos previamente. Ello no quiere decir, en cualquier caso, que el régimen jurídico de los actos o del contrato se modifique ni mucho menos la naturaleza jurídica de la entidad contratante.

Sobre el particular, conviene señalar que esta Subsección consideró, en reciente decisión, por una parte, que la «
categorización como regímenes exceptivos o

especiales consistió en la posibilidad de establecer en los reglamentos internos de

las entidades (manuales de contratación), los procesos de selección de los

contratistas, y en algunos casos como el artículo 76 de la ley
[80 de 1993]
, en la

incorporación de cláusulas excepcionales al derecho común.

REGÍMENES EXCEPTUADOS – Tipos – Facultad de reglamentación– Aplicación del proceso de licitación contemplada en la Ley 80 de 1993 – – Mixtura de regímenes – Consecuencias

[…] Por otra, la Sala estimó que dada esa facultad que caracteriza a los regímenes exceptuados, pueden existir distintos tipos:
i)
aquellos que por facultad legal reglamentaron en sus manuales de contratación la totalidad de las modalidades de selección de contratistas, es decir, se apartaron completamente de la aplicación de las reglas de la Ley 80 de 1993 y sus reformas; ii) aquellos que por facultad legal reglamentaron en sus manuales de contratación las modalidades de selección frente a su objeto misional, pero regresaron a la Ley 80 de 1993 y sus reformas para los demás asuntos (contratación atinente a la administración y funcionamiento) y iii) aquellos derivados de la aplicación del artículo 105 literal A del CPACA –que no estaba vigente a la fecha de interposición de la demanda–, esto es, entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuyos contratos y sus controversias, en la medida que correspondan al giro ordinario de sus negocios, serán de conocimiento de la jurisdicción ordinaria.

Así, en los casos en que una entidad –cuyo régimen de contratación es especial– decide adoptar el mecanismo de licitación pública regulado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, se presenta una combinación o una mixtura de regímenes que, en esencia, trae las siguientes consecuencias: por un lado, la entidad excluida se sujeta a determinadas reglas de selección, es decir, debe seguir el trámite dispuesto en la ley para adelantar el respectivo procedimiento de licitación pública. Por otra parte, la aplicación del derecho privado, en la fase de formación del contrato, implica que, aunque tiene que escoger un contratista mediante licitación pública, no ostenta la competencia para emitir actos administrativos.

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS – Ley 142 de 1994 – Regla general – Se rigen por el derecho privado Aplicación del derecho público – Eventos especiales previstos en la ley – Expedición de actos administrativos – Eventos en los que procede aplicación del derecho público – Ley 142 de 1994 artículos 33 y 40 –

La Ley 142 de 1994 introdujo normas para promover la competencia en la prestación de servicios públicos domiciliarios, las cuales sometieron a un mismo marco jurídico a todos los operadores con independencia de su naturaleza jurídica. Con sujeción a esos postulados, los artículos 319 y 32 de la Ley 142 de 1994 dispusieron que los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, por regla general, se regirían por el derecho privado. […]

La remisión al derecho privado excluye la aplicación del derecho público, salvo en aquellos casos puntuales previstos en la ley en los que se entiende pueden proferirse actos administrativos Así ocurre en las hipótesis reguladas por el artículo 33 de la Ley 142 –desarrollado por los artículos 56, 57, 116 y siguientes–. También lo hizo en los contratos para la concesión de Áreas de Servicio Exclusivo (art. 40) y en los contratos de concesión para el uso de recursos naturales o del medio ambiente (art. 39.1).

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Aplicación del derecho público – Ley 142 de 1994 artículo 31 – Antes de la modificación de la Ley 689 de 2001 artículo 3 – Facultad de las Comisiones de Regulación – Inclusión de cláusulas excepcionales en determinados contratos – Ley 142 de 1994 artículo 35 – Facultad de las Comisiones de Regulación – Obligación de celebrar en ciertos contratos licitación pública

Además, la regulación del inciso segundo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994 – antes de la modificación del artículo 3 de la Ley 689 de 2001– facultó a las Comisiones de Regulación para hacer obligatoria, por vía general, la inclusión de cláusulas excepcionales en determinados contratos de cualquier empresa de servicios públicos y también autorizó a las comisiones para facultar, previa consulta expresa por parte de los operadores, que se incluyeran en los demás.

En la misma línea, el artículo 35 de la Ley 142 de 1994 autorizó a las comisiones de regulación a exigir, por vía general, que ciertos tipos de contratos se celebren previa licitación pública. Estos aspectos se regirían, en lo pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.

En tal sentido, si bien la característica de los regímenes exceptuados es que las entidades pueden definir en sus reglamentos internos –manuales de contratación– las reglas de selección de los contratistas, particularmente, en lo que atañe a los servicios públicos domiciliarios, no hay una libertad absoluta para, simplemente, remitirse a la Ley 80 de 1993 toda vez que, precisamente, el artículo 35 de la Ley 142 establece en cabeza de las comisiones de regulación la habilitación de tal posibilidad.

Así, la aplicación de los procedimientos de selección del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en materia de servicios públicos domiciliarios, depende de dichas comisiones y de los requisitos que fijen a efectos de que las empresas de este sector deban o puedan acudir a su regulación.

[…]

En este contexto, es importante señalar que, aunque en el acto de apertura, el pliego de condiciones y el informe de evaluación de las propuestas se haya indicado que la normativa aplicable es la Ley 80 de 1993, tal disposición no tiene la virtualidad de variar la naturaleza jurídica de los actos proferidos con ocasión de la actividad precontractual de una entidad con régimen exceptuado. Ello, por cuanto no había regulación de la comisión que exigiera la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

En la medida en que Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. no debía acudir a la licitación pública regulada en la Ley 80 de 1993 para escoger al operador del sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Rionegro, la Sala considera que el acto de adjudicación demandado se rige por el derecho privado y corresponde a los denominados «
actos de gestión contractual
».

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PROCESO DE SELECCIÓN DE ENTIDADES CON RÉGIMEN EXCEPTUADO –Posturas del Consejo de Estado – Empresa de Servicios Públicos Domiciliario – Régimen jurídico contractual –Acto Administrativo – Acto de naturaleza contractual – Responsabilidad precontractual – Sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado – Decisiones durante la fase de formación del contrato – Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios – No son actos administrativos – Excepciones – Régimen jurídico – Derecho Privado – Actos contractuales – Medio de control – No es aplicable el medio de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho

Ahora bien, por ser relevante para efectos de determinar el régimen jurídico aplicable al proceso de selección, es importante precisar que esta Corporación sostuvo inicialmente dos posturas respecto de la naturaleza jurídica de los actos precontractuales de aquellas entidades que tienen regímenes exceptuados de la Ley 80 de 1993 y, en especial, de los actos proferidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios, según las cuales,
i)
se pueden producir efectivos actos administrativos y, como tales, deben ser juzgados y
ii)
otra que retoma la postura prevista en el fallo del 23 de septiembre de 1997, de la que se deriva la naturaleza privada de estos y, por ende, la necesidad de juzgarlos en el marco de la responsabilidad precontractual y sus reglas aplicables en los estatutos civil y comercial.

Con esta perspectiva, esta Sección, en fallo de unificación, definió que las decisiones durante la etapa de formación del contrato adoptadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios son expresiones de la autonomía privada como las que adoptan los particulares durante la fase de negociación y, por lo mismo, no son actos administrativos, salvo aquellos casos en los cuales la ley disponga expresamente lo contrario. Asimismo, el fallo de unificación señaló que, como el régimen jurídico del contrato es el derecho privado, los actos precontractuales no son susceptibles de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho (acciones en el CCA), porque el daño no proviene de un acto administrativo ni lo que se pretende es adelantar un juicio de legalidad sobre una prerrogativa que refleje el poder de imperio del Estado.

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO –
3 de septiembre de 2000 –
Aplicable a los casos pendientes de decisión – Efectos de las sentencias de unificación – No son actos administrativos – Salvo excepciones – Facultad de la CRA indicar los contratos que están sometidos a licitación pública – Ley 142 de 1994 artículo 35

Valga precisar que, a pesar de que para la época en que transcurrieron los hechos, es decir, entre la apertura de la «licitación pública n°. 001 de 1996» el 28 de octubre de 1996 […] y el acto de adjudicación el

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

los términos de la negociación y bajo las reglas autoimpuestas por la entidad. No corresponde a una indemnización automática por cualquier falencia del proceso o por discusiones propias del debate precontractual, sino a una clara e indudable actuación que rompió con las tratativas de manera abrupta y grosera que afectó la confianza y la buena fe negocial de los oferentes.

Conviene precisar que no es posible el reconocimiento simultáneo de ambos tipos de interés, porque cada uno responde a una lógica indemnizatoria distinta y mutuamente excluyente. Mientras el «
interés positivo
» procura reconocer lo que se habría recibido con la celebración del negocio, el «
interés negativo o de confianza
», por el contrario, propende por dejar al demandante en la posición que se encontraba antes de iniciar la negociación. De ahí que, en el primer caso, deberá estar acreditado que a la entidad le correspondía celebrar el negocio con la demandante y no lo hizo y, en el segundo caso, que hubo un desconocimiento de las reglas de participación de tal magnitud que frustró la expectativa de presentar la propuesta. Valga precisar que no cualquier discusión propia del devenir precontractual da lugar al reconocimiento del «
interés negativo o de confianza
», sino que el hecho dañoso debe tener la capacidad de haber frustrado una expectativa legítima de quien demanda.

INTERÉS POSITIVO – Falta de acreditación del nexo causal entre el daño y la inobservancia de los deberes precontractuales

Por todo lo anterior, en la medida en que
i)
la evaluación que la entidad realizó no se ajustó a las reglas de la selección;
ii)
el dictamen pericial no evaluó todas las propuestas que hicieron parte del proceso y
iii)
en el expediente no obra la propuesta económica de EPM, no es posible comparar todas las propuestas recibidas, requisito indispensable, según la estructuración del negocio, para determinar con quién debía celebrarse el contrato.

Como correspondía al demandante demostrar el nexo de causalidad entre el daño y la inobservancia de los deberes precontractuales, debió allegar al proceso todas las propuestas y no limitarse a afirmar que con ella debía celebrarse el contrato. No obstante, esta instancia no cuenta con elementos de juicio suficientes para realizar nuevamente la evaluación de las propuestas y determinar cuál ofrecía las mejores condiciones para la entidad.

Por esta razón, para la Sala no es posible constatar con quién correspondía celebrarse el contrato, porque, como quedó anotado, no obra en el expediente la propuesta económica de EPM, lo que aunado a la falta de otras pruebas que permitan determinar la propuesta que cumplía en mejor medida las reglas de participación, hace improcedente el reconocimiento del «
interés positivo
» que se reclama en la demanda.

INTERÉS NEGATIVO – Acreditación – Evidente afectación a una expectativa legítima de quien demanda – Vulneración a la buena fe – Afectación directa y grave – Riesgo de ofertar – Yerros menores – Ausencia de acreditación del daño

[…] La Sala considera que de encontrarse debidamente soportado un gasto asociado directamente a la preparación o presentación de la propuesta – que es el perjuicio que reclama la demanda– aquel debe ser reconocido, siempre y cuando esté acreditado un desconocimiento de los términos de la negociación de tal connotación, gravedad y notoriedad, que frustró una expectativa legítima de la demandante a presentar su propuesta y que esta fuera evaluada de conformidad con los términos de la negociación. Se descarta, por tanto, que sea una indemnización automática solo por desaciertos durante el proceso.

La Sala reitera que, ante las discusiones propias del debate precontractual, como lo pueden ser, por ejemplo, simples inconsistencias aritméticas en la evaluación de las propuestas, no procede el reconocimiento del «
interés negativo o de confianza
». El análisis causal frente a la inobservancia de las reglas de la negociación debe arrojar una evidente afectación a una expectativa legítima de quien demanda.

Es decir, que no corresponda al riesgo normal de un proceso de selección, en el que hay calificaciones y discusiones de magnitud menor, sino que se trate de una verdadera vulneración de la buena fe consistente en que los oferentes vieron alterada la confianza por una clara e indudable actuación que rompió con las tratativas de manera abrupta y grosera, por desconocimiento de las reglas autoimpuestas por la entidad, que trae como consecuencia la violación de la lealtad contractual.

[…]

Así, las diferencias aritméticas presentadas no constituyen un evidente desconocimiento de los términos de la negociación que haya afectado de manera directa y grave a la demandante. Se trató del resultado del proceso de evaluación, frente al que se asume el riesgo de ofertar, o de yerros menores, que no demuestran una evidente alteración del proceso.

Las discusiones presentadas son propias de la evaluación de las propuestas, las cuales afectaron a todos los participantes de la negociación. Son discusiones relativas al normal devenir de la etapa precontractual que no frustraron la expectativa de la demandante, relativa a que su propuesta fuera considerada.

[…]

La conducta de la entidad no evidencia una ruptura abrupta de la expectativa de la demandante, sino el desarrollo normal de un procedimiento de evaluación que, aunque imperfecto, no frustró la expectativa legítima de la demandante, ni tampoco desnaturalizó el proceso competitivo.

En efecto, no se acreditaron errores o incumplimientos en los términos de la negociación que tuvieran la magnitud de frustrar una expectativa legítima de la demandante. Es decir, inconsistencias que hayan afectado de forma directa a la demandante y con la connotación de impedir que su propuesta fuera considerada. Por el contrario, se tiene que las decisiones de la entidad frente a la evaluación de las propuestas beneficiaron a todos los proponentes, aunque a Lysa. S.A en mayor medida y, por ello, fue la adjudicataria del contrato.

Asimismo, se tiene que todas las propuestas fueron habilitadas y con ello la demandante tuvo la posibilidad de que la suya fuera evaluada y considerada. Se reitera que no cualquier discusión en la etapa precontractual configura el «
interés

negativo o de confianza
», sino solamente procede cuando esté acreditado un error de tal consideración que haya frustrado una expectativa legítima de la demandante, lo cual no sucedió en este caso, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente.

[…]

La Sala reitera que no todo error en la evaluación de las propuestas constituye un hecho dañoso desde la perspectiva del análisis causal necesario para el reconocimiento del «interés negativo o de confianza». Solo aquellas falencias que, por su gravedad y notoriedad, tengan la virtualidad de frustrar de manera directa y efectiva la expectativa legítima de quien demanda, abren paso a la obligación indemnizatoria que se deriva del reconocimiento del «interés negativo».

## Cómo citar esta fuente

Rama Judicial · recopilada por CCE. Providencia 05001233100019970263702 DE 2025. 2026-02-16. Rad. 05001233100019970263702. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:63560).
