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clave: "cce:providencia:63440"
titulo: "Cláusula penal: en reciente oportunidad esta Sala puntualizó que el riesgo previsible se refiere a circunstancias externas a las partes del contrato"
corporacion: "Rama Judicial · recopilada por CCE"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-02-03"
radicado: "25000233600020170045901"
numero: "25000233600020170045901 de 2025"
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# Cláusula penal: en reciente oportunidad esta Sala puntualizó que el riesgo previsible se refiere a circunstancias externas a las partes del contrato

- **Título oficial / radicado:** 25000233600020170045901 de 2025
- **Corporación:** Rama Judicial · recopilada por CCE
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-02-03
- **Radicado:** 25000233600020170045901
- **Número:** 25000233600020170045901 de 2025
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:63440
- **PDF oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2026/02/10_25000233600020170045901-2.pdf
- **Fuente oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/providencias/25000233600020170045901-de-2025/

## Puntos clave

- Silencio administrativo positivo: excepción a la regla general, Consejo de Estado, requisitos
- Procedimiento para invocar el silencio administrativo: Ley 1437 de 2011 artículo 85, protocolización de la constancia de petición radicada ante la autoridad, declaración jurada de no haberse notificado decisión, carácter instrumenta y probatorio
- Silencio administrativo positivo en materia contractual: Ley 80 de 1993 artículo 26 numeral 16, procedimiento aplicable el contenido en el artículo 85 Ley 1437 de 2011
- Inexistencia de silencio administrativo positivo: el contenido de se dirige a reclamaciones que tienen incidencia en el valor del contrato, silencio administrativo no puede ser el mecanismo para afectar el valor del contrato, posibilidad de modificar a través del acuerdo de voluntades, silencio administrativo no es fuente autónoma de obligaciones dinerarias a cargo del estado
- Contrato estatal: comunicaciones entre las partes sobre la ejecución del contrato, no toda comunicación es considerada acto administrativo, acto administrativo, aquella que se despliega de una prerrogativa del poder público

## Extracto

No constituyen Actos Administrativos – Acta de recibo y acta de terminación – Carácter probatorio – No exime al constructor de los vicios, defectos o materiales de la obra – Acta de liquidación – Constituye declaración definitiva sobre el cumplimiento de prestaciones a cargo del contratista En reciente oportunidad, esta Sala puntualizó que el riesgo previsible se refiere a circunstancias externas a las partes del contrato, que son identificables y cuantificables, y que pueden alterar los resultados económicos esperados, tanto en los ingresos como en los costos. Esta Sección ha manifestado que cuando la Administración ejerce su potestad sancionatoria en el marco de la actividad contractual –de la cual yace su competencia para la imposición de las multas y la cláusula penal pecuniaria– debe hacerlo en aplicación de los principios de legalidad y de proporcionalidad, como criterios materializadores del debido proceso del sujeto sancionado.

## Descriptores temáticos

ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO ESTATAL, CLÁUSULA PENAL, CONTRATO ESTATAL, DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO ESTATAL, DIFERENCIA ENTRE ACTO DE COMUNICACIÓN CONTRACTUAL Y ACTOS ADMINISTRATIVOS, EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS POR ENTIDADES SOMETIDAS AL EGCAP, FACULTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN, INEXISTENCIA DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, MAYOR PERMANENCIA DE OBRA, PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA, PROCEDIMIENTO PARA INVOCAR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO, RENUNCIA A RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS, RENUNCIAS A RECLAMACIONES, RIESGO PREVISIBLE, SILENCIO ADMINISTRATIVO, SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, VICIOS DEL CONSENTIMIENTO

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## Texto del documento

SILENCIO ADMINISTRATIVO –Concepto –

Artículo 83 Ley 1437 de 2011 – Silencio administrativo negativo

El
silencio administrativo
es una figura que prevé la ley, conforme a la cual ante la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada por el particular se produce una respuesta tácita o ficta, que puede ser negativa o positiva. El art. 83 del CPACA dispone como regla general que el silencio de la Administración opera en
sentido negativo
, y el interesado puede invocarlo o no según si persigue una decisión expresa a través de otros medios –como insistir en la petición– o puede atenerse a su configuración y, en esa medida, impugnar el acto ficto y demandarlo en cualquier tiempo.

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO – Excepción a la regla general –

Ley 1437 de 2011 artículo 84 – Eventos definidos en las disposiciones legales o reglamentarias – Término para que opere el silencio administrativo positivo – 3 meses contados a partir de la presentación de la solicitud – Inexistencia de notificación de decisión que resuelva petición

El silencio administrativo positivo se erige como excepción a esta regla y, con la misma naturaleza, equivale a la respuesta favorable a la solicitud. Su carácter excepcional estriba en que solo tiene cabida en los casos expresamente previstos en las disposiciones legales o reglamentarias. En los términos del art. 84 ib.106, para que se configure positivamente el silencio de la Administración, debe haber transcurrido el término de tres (3) meses, como parámetro general, contado a partir de la presentación de la solicitud sin que se hubiere notificado una decisión que resuelva la petición.

PROCEDIMIENTO PARA INVOCAR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO – Ley 1437 de 2011 artículo 85 – Protocolización de la constancia de petición radicada ante la autoridad – Declaración jurada de no haberse notificado decisión – Carácter instrumenta y probatorio

Respecto del procedimiento para la invocación del silencio administrativo, el art. 85 del citado estatuto procesal consagra que corresponde a la protocolización de la constancia o copia de la petición radicada ante la autoridad, junto con la declaración jurada de no haberle sido notificada la decisión en tal lapso; este documento tiene un carácter instrumental y probatorio, pues “se ha entendido como un mero trámite encaminado a darle forma a la resolución tácita para que quien pretenda hacer valer sus consecuencias pueda acreditarlo”.

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN MATERIA CONTRACTUAL – Ley 80 de 1993 artículo 26 numeral 16 – Procedimiento aplicable el contenido en el artículo 85 Ley 1437 de 2011

En el marco de la referida excepcionalidad, el art. 25.16 de la Ley 80 de 1993 establece que “[e]n las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo”. El art. 77 de la citada Ley 80 establece la complementariedad de su régimen con las normas del procedimiento administrativo en cuanto sean compatibles con su finalidad y principios; así, dado que el EGCAP no dispone un trámite especial para invocar el silencio administrativo en sede de la contratación estatal, resulta aplicable el art 85 del CPACA en los términos descritos, atinente a la protocolización de la decisión ficta.

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO – Consejo de Estado – Requisitos

Esta Subsección ha precisado los requisitos que deben cumplirse para que opere esta figura, en el marco del EGCAP:

“(i) Que el contratista presente una solicitud ajustada a derecho; por tanto, ‘las peticiones, reclamaciones u observaciones que también suele presentar el Estado al contratista, por distintas razones derivadas de la celebración del contrato, no configurarán este silencio, y ni siquiera el negativo, simplemente porque este régimen no cubre las respuestas que también debe dar el contratista a las comunicaciones de la entidad’.

ii) Se instaure durante la ejecución del contrato; requisito que delimita su temporalidad, en el sentido de verificar que la solicitud se formule durante dicha etapa, sin aludir a cuando se resuelva o deba resolver (…).

(iii) Que la entidad estatal no se pronuncie sobre la petición dentro del término de 3 meses, contados a partir de la fecha de su presentación.

(iv) Que la petición elevada, de la cual se pretende derivar un acto ficto positivo, no sólo sea presentada por el contratista, sino que éste debe tener un interés concreto, directo y subjetivo en tal solicitud –por ser quien puede verse beneficiado en su situación y derechos particulares con el silencio de la Administración–. De manera que su objeto no puede estar dirigido a favorecer a terceros, al margen de que el contrato del cual sea parte el peticionario presente una interdependencia con otros negocios jurídicos, como ocurre respecto de los contratos de interventoría y de obra.

(v) Que las solicitudes presentadas contengan una situación antecedente, cuya solución solo esté llamada a acreditar la preexistencia de un derecho, puesto que la aplicación de la figura del silencio administrativo no es un medio para la creación de una situación a favor del solicitante sino un mecanismo para tornar en explícito un derecho previo a ésta (…).

(vi) Que la petición formulada cuente con el soporte probatorio suficiente y no pretenda omitir etapas contractuales que tienen un procedimiento particular en el EGCAP
”.

INEXISTENCIA DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO – El contenido de se dirige a reclamaciones que tienen incidencia en el valor del contrato – Silencio administrativo no puede ser el mecanismo para afectar el valor del contrato – Posibilidad de modificar a través del acuerdo de voluntades – Silencio administrativo no es fuente autónoma de obligaciones dinerarias a cargo del Estado

El contenido de las referidas comunicaciones muestra que éstas no se limitan a la simple acreditación de un derecho preexistente, sino que se dirigen hacia la obtención de la declaración de un beneficio económico a favor del peticionario. Su alcance gira en torno al reconocimiento de los mayores costos en que supuestamente incurrió el contratista en desarrollo del pacto, por manera que se trata de reclamaciones que se proyectan directamente en el valor del contrato y, por tanto, están ceñidas a un procedimiento específico cuando tiene lugar su variación, que corresponde a la celebración de un acuerdo modificatorio del valor del negocio.

Así, bajo la consideración de que el contrato estatal es instrumento de realización del gasto público, se excluye que por la vía de protocolizar un silencio administrativo durante el curso de su ejecución, se constituyan afectaciones y/o modificaciones a su valor. Habrá de recordarse que en este escenario tiene preponderancia la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad y el carácter bilateral del acuerdo y, siendo el contrato ley para las partes, no puede ser modificado o invalidado por una de ellas, sino por su consentimiento mutuo o por causas legales (art. 1602 del C.C.). En el caso concreto, no se cumplen las exigencias que configuren una causa de origen legal que autorice la modificación del valor del pacto.

Con otras palabras, no puede el consorcio exigir la variación de lo estipulado mediante una petición y beneficiarse del silencio de la entidad, por cuanto no se trató de un escenario que exhibiera una circunstancia existente con antelación, sino que tal petición estaba acompañada de la necesidad de incorporar recursos públicos, lo que imponía un trámite puntual de demostración y apropiación de orden presupuestal para, luego, extender su formalización mediante la adición del negocio jurídico o su liquidación; pero no por cuenta de un silencio protocolizado sin respaldo sustancial.

La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante, porque, se itera, ésta fue establecida para tornar manifiestos derechos existentes, no para crearlos o configurarlos –es decir, no constituye una fuente autónoma de obligaciones dinerarias a cargo del Estado, en tanto actúa como materialización de un derecho preexistente, no como origen del mismo–. De suerte que para que proceda un reconocimiento en tal sentido es necesario la prueba de su causación y que, en ese escenario, las partes convengan su pago. De forma unilateral podría declararlo una de las partes, si actúa en ejercicio de una facultad que el convenio o la ley le han conferido al respecto, o el juez del contrato lo determina, si es sometido a su estudio dicho aspecto.

CONTRATO ESTATAL – Comunicaciones entre las partes sobre la ejecución del contrato – No toda comunicación es considerada acto administrativo – Acto administrativo – Aquella que se despliega de una prerrogativa del poder público – Características

En el ámbito de los contratos, independientemente de si se está bajo el régimen de derecho privado o público, con realce en los negocios de tracto sucesivo, las partes adelantan un diálogo permanente sobre la ejecución del acuerdo, intercambian ideas, opiniones, conceptos y se elevan solicitudes o reclamos, como expresión de las voluntades concertadas que se enlazan hacia una finalidad de beneficio común. Dichas comunicaciones podrán versar sobre aspectos logísticos, operativos, de simple ejecución, informativos sobre el avance de las prestaciones comprometidas, incluso consultivos acerca del cumplimiento negocial.

Cuando una entidad pública se expresa en curso del ámbito negocial, sus manifestaciones hacen parte de aquella dinámica comunicativa, con la precisión de que constituirá acto administrativo sólo aquella cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por su cuenta y por su sola voluntad; ésta, además, debe ser productora de efectos jurídicos, mediante el nacimiento, reconocimiento, modificación o extinción de un derecho, un deber y/o una obligación a cargo de la otra parte del negocio.

EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS POR ENTIDADES SOMETIDAS AL EGCAP – Facultades excepcionales y potestades unilaterales

Esta Subsección precisó, en reciente oportunidad, que las entidades regidas por el EGCAP, cuando ejercen prerrogativas de poder, como son las facultades excepcionales122 y las potestades unilaterales que el ordenamiento les ha atribuido frente a su contratista, expiden típicos actos administrativos.

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO ESTATAL – No se exige la expedición de un acto administrativo – Acuerdo entre las partes – Modificación al negocio jurídico – liquidación del contrato

Aunque es un derecho de las partes el mantenimiento de la equivalencia entre prestaciones y contraprestaciones surgidas al momento de contratar y, de forma correlativa, de obtener su restablecimiento cuando la economía del negocio jurídico sea perturbada por causas ajenas al afectado –art. 27 de la Ley 80/93–, lo cierto es que la ley no exige el trámite de un procedimiento orientado a la producción de un acto administrativo en el que deba ser resuelta tal solicitud, por lo que las respuestas que la entidad emita ante peticiones elevadas por el contratista a fin de revisar y conservar el sinalagma prestacional, no constituyen actos administrativos sino un ejercicio comunicativo de interrelación negocial entre los contrayentes, dirigido a superar, en el itinerario convencional, eventos que se aduzcan como generadores de un desbalance en la ecuación contractual.

De esta forma, las manifestaciones de la entidad sobre estos tópicos no cierran la puerta, ni son definitivas al ser puestas bajo su estudio. Tal agotamiento ocurrirá en el evento de que las partes lleguen a un acuerdo que permita restablecer el equilibrio –a través de un pacto modificatorio al negocio jurídico–, o hasta que acontezca la etapa de liquidación, en los casos en que este procedimiento es señalado por la ley, o es convencionalmente adoptado con tales fines. Allí, el EGCAP dispuso un efecto de clausura y de definición del balance integral del contrato estatal, disponiendo que las partes pueden acordar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, y harán constar las conciliaciones y transacciones a que lleguen para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo (art. 60 de la Ley 80 de 1993).

El contenido de los documentos enunciados evidencia un diálogo entre las partes, con el cual se buscaba arribar a un entendimiento conjunto sobre los aspectos tratados, sin que de manera alguna se trate de decisiones de la administración con entidad jurídica para dar por clausurado el análisis o los acercamientos entre ellas. Lo que exhibe son las conversaciones de los contrayentes respecto de los pretendidos mayores costos señalados por el contratista durante la e

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

PREVISIBLE –

Ejecución del Contrato-

Ley 80 de 1993, Articulo 4-

Disminución o un Incremento de los Costos Contractuales Asunción de riesgo – Buena fe

En reciente oportunidad, esta Sala puntualizó que el riesgo previsible se refiere a circunstancias externas a las partes del contrato, que son identificables y cuantificables, y que pueden alterar los resultados económicos esperados, tanto en los ingresos como en los costos. La concreción de estos sucesos puede aparejar consecuencias tanto favorables como desfavorables para quien las asume, que se traducen en una disminución o aumento de los costos del negocio, respectivamente.El encargo de definir y distribuir los riesgos del contrato es de tal relevancia que la etapa precontractual tiene destinada una oportunidad precisa, llevada a audiencia obligatoria en tratándose de licitaciones, conforme a la cual la entidad presenta el análisis de riesgos y estos se asignan desde los términos que edifican el proceso de selección; por supuesto, antes de la presentación de las ofertas para que éstos sean considerados dentro de los valores que la conforman, como dispone el art. 4 de la Ley 1150 de 2007 y se desarrolla en las disposiciones reglamentarias.

Así, desde la formación del contrato quedan definidas las reglas a las que se sujetan las partes en el iter contractual, que son las que debe seguirse de cara a la concreción de los riesgos asignados y distribuidos entre ellas; de modo que, ante el panorama que materializa un evento de tal naturaleza, no puede una de ellas de forma unilateral sustraerse de dicho pacto, a menos que demuestre la ilegalidad de la cláusula en que éstos fueron definidos.

[…] En el expediente no consta que el consorcio o algún otro interesado hubiese formulado observaciones sobre la asignación de riesgos del contrato. Se entiende, entonces, que la claridad y determinación de los riesgos en la matriz fue un asunto conocido y aceptado por los interesados, entre ellos, por el contratista.

[…] Si las causas de la prórroga y la consecuente mayor permanencia eran imputables al contratista, éste asumiría los costos generados durante dicho período, por lo que, en estos eventos, en lugar de efectuarse la distribución de un riesgo propiamente dicho, que se refiere a eventos externos, la distribución comprendió las consecuencias de una conducta antijurídica, por deficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones. Lo anterior, reafirma el principio de buena fe, conforme al cual nadie puede beneficiarse de su culpa ni pedir el reconocimiento de sobrecostos o perjuicios originados en su propio incumplimiento.

[…] Lo que sí devela el examen de lo pactado es que las demoras en la revisión y/o aprobación de diseños por las entidades distritales constituyó un riesgo a cargo del consorcio, y esta contingencia hizo parte de las condiciones económicas pactadas inicialmente, de ahí que su materialización no puede considerarse una alteración del equilibrio financiero del contrato, a menos que se demuestre que este suceso superó las contingencias identificadas y razonablemente previsibles; situación que no se acreditó procesalmente, comoquiera que el contratista se limitó a expresar su reparo frente a los retrasos de las entidades distritales, sin indicar en qué medida tales retrasos habrían excedido el riesgo que se comprometió asumir en ese sentido.

CLÁUSULA PENAL – Concepto – Funciones de la cláusula penal – Compensatoria – Moratoria

En virtud de una estipulación de este tipo, las partes establecen una pena (consistente en dar o hacer algo) ante el evento de que no se ejecute una prestación o se retarde su cumplimiento –artículo 1592 C.C.–. La misma puede cumplir varias funciones: es compensatoria cuando contiene la estimación de los perjuicios generados por la infracción obligacional; o moratoria, cuando se ha pactado para apremiar al deudor al cumplimiento de la prestación.

FACULTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN – Aplicación del principio de legalidad y proporcionalidad – Proporcionalidad – Graduación de la penal guarda coherencia con el marco que la contempla y las finalidades que persigue – Código Civil artículo 1596 – Proporcionalidad de la pena al monto de las prestaciones efectuadas

Esta Sección ha manifestado que cuando la Administración ejerce su potestad sancionatoria en el marco de la actividad contractual –de la cual yace su competencia para la imposición de las multas y la cláusula penal pecuniaria– debe hacerlo en aplicación de los principios de legalidad y de proporcionalidad, como criterios materializadores del debido proceso del sujeto sancionado. Cuando la pena se impone en el curso de un proceso judicial, le corresponde al juez, mutatis mutandi, aplicar tales preceptos, a fin de validar la corrección en su ejercicio.

La proporcionalidad es un mandato que implica la verificación de la conducta enjuiciada, de cara al evento que activa el supuesto sancionador y los hechos aducidos y probados, a efectos de determinar si la graduación de la pena a imponer guarda coherencia con el marco que la contempla y las finalidades que persigue.

El artículo 1596 del Código Civil prescribe que el deudor tiene derecho a que se rebaje o gradué proporcionalmente la pena pactada, en atención al monto de las prestaciones efectuadas por este y aceptadas por la entidad, con la aclaración de que el parámetro de disminución de la sanción no es la magnitud del daño, sino el grado de ejecución del contrato por parte del deudor.

De esta forma, los aspectos que se deben tener en cuenta, en aras de acceder o no a la disminución del monto de la cláusula penal pecuniaria, son: (i) el porcentaje efectivamente ejecutado por el contratista, y (ii) si la entidad pública contratante recibió esa parte del objeto convenido.

[…]

La norma convencional transcrita fue concebida como una tasación anticipada de los perjuicios. Su literalidad establece que corresponde a una suma equivalente hasta el 30% del precio del contrato, lo que significa que su tasación en la suma correspondiente a este porcentaje solo procede ante un incumplimiento integral del negocio jurídico.

Para este punto, no se discute que el consorcio incumplió el contrato, comoquiera que se acreditó su inobservancia, lo que se trae de presente es que el incumplimiento del objeto no fue total, razón por la cual se reducirá la pena, en atención a la relación del objeto que sí fue efectuado por el deudor y avalado por el acreedor.

[…] la entidad solamente dio visto bueno a la ejecución del 90% del mismo, en tanto que pagó dicho porcentaje, previa constatación de las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría y el Supervisor designado por el instituto –como se explicó párrafos atrás–. Así las cosas y como se asignó a la parte no ejecutada una proporción del 10%, ante la negativa del IDU en cancelar dicha cifra, la sanción a imponer corresponderá a una cifra equivalente a esa inobservancia

## Cómo citar esta fuente

Rama Judicial · recopilada por CCE. Providencia 25000233600020170045901 de 2025. 2026-02-03. Rad. 25000233600020170045901. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:63440).
