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clave: "cce:normativa:66348"
titulo: "Decreto 0997 de 2026: se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en lo"
corporacion: "Colombia Compra Eficiente"
tipo: "Normativa"
fecha: "2026-08-13"
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numero: "Decreto 0997 de 2026"
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# Decreto 0997 de 2026: se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en lo

- **Título oficial / radicado:** Decreto 0997 de 2026
- **Corporación:** Colombia Compra Eficiente
- **Tipo:** Normativa
- **Fecha:** 2026-08-13
- **Número:** Decreto 0997 de 2026
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/cce:normativa:66348
- **Fuente oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/decreto-0997-de-2026/

## Puntos clave

- Decreto 0997 de 2026

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 1082 de 2015
- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007

## Extracto

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en lo relacionado con la Compra DEPública Sostenible, la caución para la impugnación del Registro Único de Proponentes (RUP), la información sobre multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual, así como las cláusulas y compromisos anticorrupción y la verificación de listas restrictivas internacionales. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en lo relacionado con la Compra DEPública Sostenible, la caución para la impugnación del Registro Único de Proponentes (RUP), la información sobre multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual, así como las cláusulas y compromisos anticorrupción y la verificación de listas restrictivas internacionales , Colombia incluyó por primera vez acciones específicas relac

## Síntesis temática

El contratista debe incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y social en la oferta más favorable para la entidad estatal, en línea con los principios constitucionales de desarrollo sostenible y protección del ambiente, así como con los compromisos internacionales de Colombia en materia climática y ambiental. Esta regla se basa en la necesidad de orientar la contratación pública hacia la satisfacción del interés general y la promoción de la prosperidad general, alineándose con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y la Agenda 2030 de la ONU. La regla reitera y fortalece la jurisprudencia existente sobre la importancia de la sostenibilidad en la contratación estatal, lo que implica que las entidades estatales deben evaluar no solo el precio, sino también los impactos sociales y ambientales de los contratos en la fase de selección objetiva.

## Texto del documento

“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en lo relacionado con la Compra DEPública Sostenible, la caución para la impugnación del Registro Único de Proponentes (RUP), la información sobre multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual, así como las cláusulas y compromisos anticorrupción y la verificación de listas restrictivas internacionales”

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular las que le confiere el numeral 11 del
ARTÍCULO 1
89 de la Constitución Política, y en desarrollo de los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política, 58 de la ley 80 de 1993, 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007,

CONSIDERANDO

Que el
ARTÍCULO 2
de la Constitución Política establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, lo cual implica orientar la acción estatal, incluida la contratación pública, hacia la satisfacción del interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Que los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política establecen la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación, reconocen el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y disponen que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.

Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, los cuales orientan la actividad contractual del Estado.

Que el
ARTÍCULO 3
34 superior faculta al Estado para intervenir en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía, mejorar la calidad de vida de los habitantes, distribuir equitativamente las oportunidades y los beneficios del desarrollo, y preservar un ambiente sano.

Que el artículo 366 de la Constitución Política establece que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado, y que será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable, lo cual justifica la orientación del gasto público hacia resultados con impacto social y ambiental positivo.

Que, en desarrollo de los mandatos constitucionales, el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 consagra que el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la
“Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo”
de junio de 1992, bajo criterios de sostenibilidad, precaución y prevención.

Que Colombia es Estado Parte de la
“Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”
del 9 de mayo de 1992, aprobada mediante la Ley 164 de 1994, y del
“Convenio sobre la Diversidad Biológica”
, aprobado mediante la Ley 165 de 1994, instrumentos internacionales que imponen obligaciones orientadas a la mitigación del cambio climático, la adaptación a sus efectos y la conservación de la biodiversidad.

Que, igualmente, Colombia ratificó mediante la Ley 1844 de 2017 el
“Acuerdo de París”
,
adoptado el 12 de diciembre de 2015, en virtud del cual adquirió compromisos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono, a través de la formulación e implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), las cuales constituyen instrumentos vinculantes de planificación climática.

Que en la “
NDC 3.0 Transformaciones para la vida”
, Colombia incluyó por primera vez acciones específicas relacionadas con el impacto de las compras públicas como instrumento de acción climática. El alcance de esta medida se orienta a consolidar la contratación pública como un instrumento estratégico para la acción climática, aprovechando su peso económico dentro del gasto estatal y su capacidad de orientar la demanda hacia bienes, obras y servicios ambientalmente sostenibles y resilientes al clima, por lo que busca promover la integración progresiva de criterios de sostenibilidad ambiental y social, mitigación, adaptación, eficiencia energética y economía circular en los procesos de contratación adelantados por entidades del nivel central, descentralizado y territorial, con especial énfasis en sectores estratégicos y de alto impacto climático.

Que la Ley 1931 de 2018, por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático, define los instrumentos para la planificación, implementación y seguimiento de las acciones de mitigación y adaptación, e incorpora la necesidad de articular las políticas públicas sectoriales con los compromisos climáticos del país.

Que mediante la Ley 2273 de 2022 Colombia aprobó el
“Acuerdo regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”
(Acuerdo de Escazú), el cual refuerza los principios de transparencia, precaución, prevención, de no regresión, progresividad y máxima publicidad de la información ambiental, aplicables a las decisiones públicas, incluidas aquellas relacionadas con la contratación estatal.

Que la Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, establece en especial, en el Capítulo V, Sección I, un conjunto de lineamientos orientados a impulsar la transición hacia modelos de desarrollo sostenible, fortalecer la acción climática, promover la economía circular y consolidar instrumentos de política pública para tal fin. Dentro de dichos instrumentos se incluye la contratación estatal, concebida como un mecanismo estratégico para avanzar en los objetivos de sostenibilidad, innovación y transformación productiva previstos en el citado Plan.

Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que la contratación estatal, como instrumento de intervención económica del Estado, tiene como finalidad materializar los fines esenciales previstos en el artículo 2 de la Constitución Política, dentro de los cuales se encuentra la satisfacción del interés general, así como la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

Que el sistema de compras y contratación pública representa un porcentaje significativo del gasto público, lo que le otorga un carácter estratégico para orientar la demanda estatal hacia bienes, obras y servicios que generen valor público, incorporen criterios de sostenibilidad y contribuyan al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental y social.

Que el
ARTÍCULO 5
de la Ley 1150 de 2007 establece que la selección objetiva debe realizarse con base en la oferta más favorable para la entidad, de acuerdo con criterios previamente definidos, lo cual permite incorporar factores de calidad relacionados con el objeto del contrato, incluyendo aquellos asociados a impactos sociales y ambientales.

Que, en desarrollo de dicha disposición legal, el Decreto 142 de 2023 integró los criterios sociales y ambientales a la valoración de la oferta más favorable como parte de los criterios de calidad vinculados al objeto del contrato, en los términos establecidos en el
ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.2
del Decreto 1082 de 2015.

Que en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, se reconoce el papel estratégico de la contratación pública para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En particular, la meta número 7 del objetivo 12 hace un llamado al sector público de cada nación a actuar como un consumidor responsable y como promotor de prácticas de contratación pública en las que se fomente el Desarrollo Sostenible, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales

Que, en el marco de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, de los principios constitucionales y legales que orientan la función administrativa, y el carácter estratégico de la contratación estatal como herramienta para la materialización de políticas públicas y la satisfacción del interés general, resulta necesario incorporar criterios de sostenibilidad en las distintas etapas del Proceso de Contratación, con el propósito de orientar el gasto público hacia bienes, obras y servicios que generen valor por dinero, impactos sociales positivos y beneficios ambientales, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible y al bienestar general.

Que, en consecuencia, se hace necesario modificar y complementar las disposiciones del Decreto 1082 de 2015 relativas a la planeación contractual, al Plan Anual de Adquisiciones, al deber de análisis del sector, a los requisitos habilitantes, a la estructuración de los pliegos de condiciones y a los criterios de evaluación de las ofertas, con el fin de incorporar de manera sistemática criterios de sostenibilidad que orienten el gasto público hacia resultados que generen beneficios económicos, sociales y ambientales. Lo anterior en armonía con los principios constitucionales, el marco normativo vigente y los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en materia de desarrollo sostenible.

Que el artículo 22 de la Ley 80 de 1993 regulaba el Registro de Proponentes, administrado por las Cámaras de Comercio, como mecanismo de verificación previa de requisitos para la contratación estatal, y que el artículo 22.5 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) estableció la posibilidad de impugnar la calificación y clasificación de los inscritos, condicionada a la prestación de caución bancaria o de compañía de seguros para garantizar los perjuicios que pudiesen causar.

Que la reglamentación de la caución ha evolucionado. Inicialmente, el
ARTÍCULO 13
del Decreto 856 de 1994 la fijó en doscientos salarios (200) salarios mínimos legales mensuales (SMLMV), disposición anulada por el Consejo de Estado en Sentencia del 23 de marzo de 2000, al considerar que debía determinarse proporcionalmente según las circunstancias. Posteriormente, el artículo 3 del Decreto 393 de 2002 otorgó a las Cámaras de Comercio la facultad de fijar el monto en cada caso particular.

Que con la derogatoria del artículo 22 de la Ley 80 de 1993 por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, el marco reglamentario que sustentaba dichas disposiciones perdió fuerza ejecutoria, por lo que es necesario adecuar las decisiones administrativas a la normativa vigente.

Que el
ARTÍCULO 6
de la Ley 1150 de 2007 regula el Registro Único de Proponentes (RUP), por lo que el inciso primero del numeral 3 dispone:
“[…] Para que la impugnación sea admisible deberá prestarse caución bancaria o de compañía de seguros para garantizar los perjuicios que se puedan causar al inscrito […]”.

Que el inciso primero del literal c) del
ARTÍCULO 4
4 de los derogados Decretos 4881 de 2008 y 1464 de 2010 prescribían:
“[…] El valor de la caución corresponderá al 8% del k de contratación del proponente impugnado. La caución deberá estar vigente durante toda la tramitación y decisión del recurso y por un (1) año más”.

Que el literal c) del artículo 6.3.1 del Decreto 734 de 2012 establecía que
“El valor de la caución corresponderá al ocho por ciento (8%) del capital de trabajo del proponente impugnado. La caución deberá estar vigente durante toda la tramitación y decisión del recurso y por un (1) año más”.

Que el Decreto 1510 de 2013, actualmente compilado en el Decreto 1082 de 2015, derogó el Decreto 734 de 2012; sin embargo, no estableció un criterio para fijar la caución.

Que el artículo 6.3 dispone que, una vez verificada la información correspondiente, la Cámara de Comercio deberá publicar el acto de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP), frente al cual cualquier persona podrá interponer recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su publicación, sin necesidad de acreditar interés. Así mismo, establece que para la admisión de la impugnación será obligatorio prestar caución bancaria o de compañía de seguros destinada a garantizar los perjuicios que puedan causarse al inscrito.

Que la Ley 1150 de 2007 no regula las condiciones de dicha caución, por lo cual la Cámara de Comercio, en aplicación de criterios de discrecionalidad en los términos del artículo 44 de la Ley 1437 de 2011, por remisión del
ARTÍCULO 7
7 de la Ley 80 de 1993, puede tomar las decisiones que le competen, siempre y cua

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

rafo 2.
Para los efectos de este Decreto, entiéndase por Bolsa de Productos, las sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y definidas en el artículo 2.11.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo 3.
Lo previsto en el parágrafo 1 de este artículo no será aplicable a las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, las cuales en todo caso están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes estructurados por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– «

Artículo 13.
Modificación del artículo
2.2.1.2.1.5.1.
de la Subsección 2 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.
Modifíquese el artículo
2.2.1.2.1.5.1.
de la Subsección 2 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el cual quedará así:

“
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1

Estudios previos para la contratación de mínima cuantía.
La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente:

La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.

La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.

Las condiciones técnicas exigidas.

El valor estimado del contrato y su justificación.

El plazo de ejecución del contrato.

El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.

Parágrafo.
Dentro de las condiciones técnicas exigidas podrán incluirse aspectos ambientales, económicos o sociales vinculados al objeto del contrato, en los términos establecidos en el parágrafo del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del presente Decreto. En todo caso, la Entidad Estatal debe justificar en el estudio previo la decisión de no incluir criterios o cláusulas ambientales o sociales, con fundamento en el análisis del sector y la priorización dispuesta en conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.5 del presente Decreto”.

ARTÍCULO 14

Vigencia
.

El presente decreto modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Los artículos 2, 3, 8 y 11 entrarán en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial. Por su parte, los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 y 13 entrarán a regir de manera progresiva, conforme al esquema de implementación:

Para las entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional, incluidas sus entidades descentralizadas; la rama legislativa; la rama judicial; los organismos autónomos e independientes sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; los órganos de control del orden nacional; la Organización Electoral; las Corporaciones Autónomas Regionales de que tratan la Ley 99 de 1993 y el artículo 331 de la Constitución Política; y los Distritos Especiales, incluidas sus entidades descentralizadas adscritas o vinculadas, deberán dar cumplimiento a las disposiciones señaladas del presente decreto a partir de los seis (6) meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Los departamentos de categoría especial y primera, incluidas sus entidades descentralizadas y órganos de control; los municipios de categoría especial, primera y segunda, incluidas sus entidades descentralizadas y órganos de control; las Áreas Metropolitanas; las Asociaciones de Municipios; y las Regiones Administrativas Especiales previstas en la Ley 1454 de 2011, deberán dar cumplimiento a las disposiciones señaladas del presente decreto a partir de los nueve (9) meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Los departamentos de categoría segunda y tercera y los municipios de categoría tercera y cuarta, incluidas en ambos casos sus entidades descentralizadas y órganos de control, deberán dar cumplimiento a las disposiciones señaladas del presente decreto a partir de los doce (12) meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Los departamentos de categoría cuarta y los municipios de categoría quinta y sexta, incluidas en ambos casos sus entidades descentralizadas y órganos de control, así como las demás entidades estatales sujetas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cuya naturaleza jurídica no esté prevista en los numerales anteriores, deberán dar cumplimiento a las disposiciones del presente decreto a partir de los quince (15) meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Parágrafo 1.
La categorización de departamentos y municipios se determinará conforme a la Ley 617 de 2000. Las disposiciones contenidas en el presente Decreto serán aplicables a los procedimientos de selección cuya invitación, aviso de convocatoria o documento equivalente se publique con posterioridad a la entrada en vigencia de las reglas aquí establecidas. Sin perjuicio de que las entidades estatales puedan adoptar anticipadamente las disposiciones del presente decreto desde la fecha de su publicación, caso en el cual deberán hacerlo en su integridad.

Parágrafo 2.
La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– expedirá las documentos orientadores dirigidos a facilitar la implementación de lo previsto en el presente Decreto. Así mismo, dicha Agencia, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 5° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 garantizará la adopción permanente de las acciones requeridas para la implementación de las medidas contempladas en el presente Decreto en los Acuerdos Marco de Precios y en los Instrumentos de Agregación de la Demanda que expida.

Parágrafo 3.
Los Procesos de Contratación que se rijan por los Documento Tipo continuarán aplicando estos instrumentos y las normas vigentes anteriores a la expedición de este Decreto. Por tanto, estos procedimientos de selección se realizarán conforme la regulación actual contenida en los Documentos Tipo hasta que la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente expida las modificaciones o nuevas versiones a las que haya lugar, conforme con las disposiciones de esta reglamentación. En este supuesto no son aplicables las reglas de gradualidad para su aplicación por parte de las Entidades Estatales.

Parágrafo 4.
Las Entidades Estatales sometidas a regímenes especiales de contratación podrán adoptar, como buena práctica institucional en sus manuales de contratación, las disposiciones previstas en el presente Decreto, en la medida en que resulten compatibles con su marco jurídico.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

NATALIA IRENE MOLINA POSSO

DECRETO No. 0997 DEL 4 DE AGOSTO DE 2026.pdf

## Cómo citar esta fuente

Colombia Compra Eficiente. Normativa Decreto 0997 de 2026. 2026-08-13. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/cce:normativa:66348).
