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# Decreto 287 de 2026: se modifican los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del

- **Título oficial / radicado:** Decreto 287 de 2026
- **Corporación:** Colombia Compra Eficiente
- **Tipo:** Normativa
- **Fecha:** 2026-03-31
- **Número:** Decreto 287 de 2026
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/cce:normativa:64251
- **Fuente oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/decreto-287-de-2026/

## Regla de decisión

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de las personas con discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del proponente.

## Puntos clave

- Decreto 287 de 2026

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 287 de 2026
- Decreto 1082 de 2015
- Ley 1618 de 2013

## Extracto

Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación. Modificación de los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Definición y alcance del sistema de preferencias en favor de las personas con discapacidad. En relación con lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre puntuación adicional para empleadores de personas con discapacidad y para emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, las Entidades Estatales deberán dar aplicación a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. del presente Decreto.

## Texto del documento

DECRETO 287 DE 2026

(Marzo 19)

Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 y,

CONSIDERANDO
:

Que el artículo 13 de la Constitución Política de 1991 dispone que «
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan».

Que el artículo 47 de la Constitución Política de 1991 dispone que «
El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran».

Que el artículo 54 de la Constitución Política de 1991 dispone que «
Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud».

Que, a través de la Ley 22 del 14 de junio de 1967, el Congreso de la República de Colombia aprueba el «
Convenio número 111 Internacional del Trabajo, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, adoptado por la Cuadragésima Segunda Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo Ginebra, 1958″.

Que, a través de la Ley 82 del 23 de diciembre de 1988, el Congreso de la República de Colombia aprueba el «
Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo en su 69° reunión, Ginebra, 1983
«, el cual fue ratificado ante la Comisión de Aplicación de Normas en la Conferecia Internacional del Trabajo organizada por la Organización Internacional del Trabajo – OIT el 7 de junio de 2024.

Que el artículo 22 de la Ley 361 del 7 de febrero de 1997, establece que el Gobierno, dentro de la política nacional de empleo,
«[…] adoptará las medidas pertinentes dirigidas a la creación y fomento de las fuentes de trabajo para las personas en situación de discapacidad, para lo cual utilizará todos los mecanismos adecuados a través de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Educación Nacional y otras entidades gubernamentales, organizaciones de personas en situación de discapacidad que se dediquen a la educación a la educación especial, a la capacitación, a la habilitación y rehabilitación».

Que el artículo 24 de la Ley 361 del 7 de febrero de 1997 otorga a los particulares empleadores que vinculen laboralmente personas en situación de discapacidad, garantías para que fueran
«[…] preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados si estos tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la presente ley debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad a un año; igualmente deberán mantenerse por un lapso igual al de la contratación».

Que el artículo 26 de la Ley 361 del 7 de febrero de 1997 establece que
«[…] en ningún caso la discapacidad de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo».

Que el artículo 30 de la Ley 361 del 7 de febrero de 1997 fija que
«[…] Las entidades estatales de todo orden, preferirán en igualdad de condiciones, los productos, bienes y servicios que les sean ofrecidos por entidades sin ánimo de lucro constituidas por las personas en situación de discapacidad».

Que, a través de la Ley 762 del 31 de julio de 2002, el Congreso de la República de Colombia aprueba la «
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad»,
suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 7 de junio de 1999.

Que por medio del artículo 8 y 9 de la Ley 1145 del 10 de julio de 2007, el Congreso de la República de Colombia organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y crea el Consejo Nacional de Discapacidad CND como el organismo consultor y de asesoría institucional para la coordinación, planificación, concertación, adopción y evaluación de las políticas públicas generales y sectoriales para el sector de la discapacidad en Colombia.

Que, a través de la Ley 1346 del 31 de julio de 2009, el Congreso de la República de Colombia aprueba la «
Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad»
, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

Que la Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013
«por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad
» tiene como principios la autonomía y la equiparación de oportunidades, en concordancia con la Ley 1346 de 2009.

Que el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1618 del 2013 «
por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad» define el concepto de personas con discapacidad como «aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás».

Que el artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 del 2013 establece un conjunto de medidas que garantizan el ejercicio efectivo del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, en términos de igualdad de oportunidades, equidad e inclusión, en concordancia con el artículo 27 de la Ley 1346 del 31 de julio de 2009, medidas dentro de las que se destacan las contenidas en el numeral
1
, que establece el deber del Gobierno Nacional de reglamentar una puntuación adicional en procesos de licitación pública, concurso de méritos y contratación directa para i) las empresas que tengan personas con discapacidad y para ii) las empresas de personas con discapacidad, familiares y tutores, así como también la contenida en el numeral 7, que demanda del Gobierno Nacional reglamentar la implementación de un sistema de preferencias en favor de empleadores de personas con discapacidad aplicable a procesos de selección y celebración de contratos; y la consagrada en el numeral 8, que demanda de los gobiernos nacional, departamentales, distritales y municipales fijar mediante decreto reglamentario la implementación de un sistema de preferencias en favor de las personas con discapacidad aplicable a procesos de selección de contratistas, concretando así la demanda en cabeza, principalmente, del Gobierno Nacional y, seguidamente de los gobiernos locales y regionales, consistente en la expedición del decreto o los decretos reglamentarios que desarrollen estas 3 medidas en particular, en el marco de la actividad contractual de las entidades estatales.

Que, en virtud de lo exigido por los numerales 1, 7 y 8 del artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 del 2013 antes referenciado, fue expedido el Decreto 392 del 26 de febrero de 2018 «
por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad»
, mediante el cual se adicionan los artículos 2.2.1.2.4.2.6. 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. al Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

Que la Ley 1996 del 26 de agosto de 2019 reguló el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, y entre otros, reforzó lo señalado por la Ley Estatutaria 1618 del 2013, en el sentido de que el artículo 62 otorga un plazo de 4 meses para que el Gobierno Nacional expida los decretos para desarrollar el artículo 13 sobre el derecho al trabajo de las personas con discapacidad.

Que la Ley 2069 de 2020, en su artículo 34, reguló la promoción del desarrollo en la contratación pública estableciendo, entre otras, como obligación de las entidades estatales en sus pliegos de condiciones, la incorporación de mecanismos que fomenten la provisión de bienes y servicios por sujetos de especial protección constitucional en la ejecución de los contratos estatales.

Que el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 reglamenta parcialmente el numeral 1 del artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 del 2013, en la medida en que establece que las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones en los procesos de licitación pública y concurso de méritos, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal; es decir, favoreciendo única y exclusivamente a las empresas que vinculan personas con discapacidad en su planta de personal, omitiendo el favorecimiento que debía reglamentarse en favor de las empresas de personas con discapacidad, familiares y tutores, tal y como lo dispuso el numeral 1 de la norma referida.

Que el artículo 2.2.1.2.4.2.7. del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 establece un mecanismo que garantiza la conservación de vinculación del personal de planta con discapacidad que dio origen a la obtención del puntaje y posterior adjudicación de aquel, durante la ejecución, mediante la obligación en cabeza de los supervisores o interventores de los contratos que celebren las entidades estatales y fijando como consecuencia de la no conservación del porcentaje de vinculación correspondiente, una configuración de causal de incumplimiento del contrato, además del procedimiento para tramitar dicha declaratoria.

Que el artículo 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, de acuerdo con su literalidad, reglamenta los numerales 7 y 8 del artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 del 2013, en la medida en que establece los sistemas de preferencias a los que hacen referencia dichos numerales, pero los reduce a la aplicación de la metodología de desempate consagrada en el artículo 2.2.1.2.4.2.8 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 7 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 y, según el cual, si en la evaluación hay empate entre dos o más ofertas, la entidad debe aplicar los criterios de desempate previstos en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, en el que las personas con discapacidad son la tercera preferencia en el orden sucesivo y excluyente, estableciendo con dicho criterio de preferencia un beneficio a la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación de personas con discapacidad; es decir, nuevamente en favor de las empresas, omitiendo el favorecimiento de las propuestas presentadas por los oferentes que sean personas con discapacidad, como lo exige el numeral 8 del artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 del 2013.

Que, según se desprende de la redacción del epígrafe del Decreto 392 del 26 de febrero de 2018, con su expedición se reglamentaron los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 del 2013, sin hacer referencia al numeral 7 del mismo cuerpo normativo.

Sin embargo, de acuerdo con el contenido sustantivo de los artículos incorporados para reglamentar los incentivos en procesos de contratación en favor de personas con discapacidad, estos se dirigen única y exclusivamente al beneficio de las empresas que vinculen personal con discapacidad a sus plantas de personal, y presenten ofertas en procesos de selección de licitación pública y concursos de méritos, dejando de lado la reglamentación en favor de i) las empresas de personas con discapacidad (numeral 1) y ii) el sistema de preferencias para las personas con discapacidad (numeral 8), por lo que, aun cuando el epígrafe del Decreto 392

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

os estudios y documentos previos, las entidades contratantes podrán evaluar la no exigencia de garantías para los contratos de prestación de servicios con personas con discapacidad, debido a que no es obligatorio para esa tipología de contratos.

Artículo 2.2.1.2.4.2.7.7°
Seguimiento a la inclusión de personas con discapacidad a través de contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión
. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente realizará el seguimiento a la aplicación voluntaria de la medida prevista en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.6. del presente decreto, con el propósito de evaluar su adopción, pertinencia e impacto en la promoción de oportunidades contractuales para personas con discapacidad.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente consolidará y analizará la información registrada por las Entidades Estatales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, cuando estas informen que un contrato de prestación de servicios corresponde a la aplicación voluntaria de la medida afirmativa. Con base en dicha información, elaborará el reporte anual de seguimiento previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.8 del presente decreto.

Parágrafo.
Para efectos de trazabilidad estadística, las Entidades Estatales deberán indicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP si el contrato corresponde a la aplicación de la medida afirmativa en favor de personas con discapacidad, conforme a los lineamientos que para el efecto expida la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

Artículo 2.2.1.2.4.2.7.8°
Pliegos tipo, instrumentos de agregación de demanda y acuerdos marco de precios
. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente garantizará la adopción permanente de las acciones necesarias para que las medidas señaladas en esta subsección se incorporen a los documentos e instrumentos que genera.

Artículo 2.2.1.2.4.2.7.9°
Acceso y accesibilidad del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP.
Con el fin de materializar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en las compras y contratación pública, el SECOP deberá ser configurado para que esta población pueda consultar información sobre los procesos de contratación de las entidades, y utilizar el usuario proveedor para presentar ofertas a aquellos que sean de su interés, así como las otras funcionalidades dentro de la plataforma, propendiendo por las interoperabilidades necesarias con sistemas públicos para evitar la solicitud de documentación que pueda ser consultada en bases de datos públicas.

Esto deberá tener en cuenta las categorías de discapacidad definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, los ajustes razonables para cada categoría y la normativa sobre la accesibilidad a la información pública en ambientes electrónicos.

Parágrafo.
La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente en un plazo de dos (2) años deberá realizar las acciones necesarias para que el SECOP sea accesible y también permita la recolección de datos sobre las acciones afirmativas en compras y contratación pública para la población con discapacidad, directamente o a través de las empresas donde sean trabajadoras, y para los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad.

Con el propósito de ejercer el correcto monitoreo, evaluación y desempeño de las contrataciones realizadas bajo el enfoque de compras públicas socialmente responsables, las Entidades Públicas deberán diligenciar de forma correcta los marcadores que dispondrá la Agencia en el SECOP para identificar los contratos en los cuales fueron incluidos criterios sociales en favor de la población con discapacidad.

Artículo 2.2.1.2.4.2.8°
Verificación y seguimiento del sistema de preferencias para empleadores de personas con discapacidad y para emprendimientos y empresas de personas con discapacidad en las compras y contratación pública.
La verificación y seguimiento del cumplimiento de las medidas afirmativas previstas en los artículos 2.2.1.2.4.2.7.1. y siguientes estará a cargo de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, a través de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico. Los resultados de la verificación serán consolidados en un informe anual, el cual será presentado al Consejo Nacional de Discapacidad para orientar la toma de decisiones públicas en la materia.

En caso de identificar posibles conductas sancionables, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente deberá reportarlas a los entes de control competentes para su investigación y eventual sanción.

El Consejo Nacional de Discapacidad del Sistema Nacional de Discapacidad, en el marco de su función de coordinación, planificación, concertación, adopción y evaluación de las políticas públicas generales y sectoriales para el sector de la discapacidad en Colombia, recibirá el informe anual presentado por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y podrá:

a) Formular propuestas y emitir recomendaciones sobre la aplicación de las medidas afirmativas;

b) Sugerir la elaboración de estudios, guías y lineamientos para orientar su implementación;

c) Coordinar procesos de formación para el personal encargado de ejecutar dichas medidas;

d) Crear grupos de trabajo con expertos y actores públicos o privados;

e) Solicitar información a las entidades contratantes y a los órganos competentes para realizar el seguimiento de las medidas afirmativas, así como solicitar información sobre las dificultades en su implementación.

f) Coadyuvar a la coordinación entre las entidades participantes en el Consejo Nacional de Discapacidad para la recolección de datos y estadísticas sobre las medidas en favor de la población con discapacidad que cada una desarrolla.

g) Establecer campañas de divulgación de esta reglamentación que deberán ser realizadas en lenguaje y formatos accesibles a las personas con discapacidad.

Parágrafo 1°.
La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, a través de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, presentará anualmente los resultados de las acciones aquí mencionadas a las Comisiones Séptimas del Congreso de la República”.

Artículo

2. Vigencia y Derogatorias.
El presente Decreto rige a partir del día siguiente a su publicación, modifica los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los 19 días del mes de marzo del año 2026.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
GERMÁN ÁVILA PLAZAS

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN,

NATALIA IRENE MOLINA POSSO

## Cómo citar esta fuente

Colombia Compra Eficiente. Normativa Decreto 287 de 2026. 2026-03-31. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/cce:normativa:64251).
