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titulo: "Decreto 2106 de 2019: se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la"
corporacion: "Colombia Compra Eficiente"
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# Decreto 2106 de 2019: se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la

- **Título oficial / radicado:** Decreto 2106 de 2019
- **Corporación:** Colombia Compra Eficiente
- **Tipo:** Normativa
- **Fecha:** 2024-11-12
- **Número:** Decreto 2106 de 2019
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/cce:normativa:56567
- **Fuente oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/decreto-2106-de-2019/

## Regla de decisión

Ningún organismo o entidad de la Administración Pública Nacional podrá cobrar por la realización de sus funciones valor alguno por concepto de tasas, certificaciones, formularios o precio de servicios que no estén expresamente autorizados por la ley o mediante norma expedida por las corporaciones públicas del orden territorial.

## Puntos clave

- Decreto 2106 de 2019

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2106 de 2019
- Ley 1955 de 2019
- Ley 489 de 1998

## Extracto

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. El artículo 41 del Decreto Ley 019 de 2012 quedará así: ARTÍCULO 41. Transformación Digital para una Gestión Pública Efectiva Para garantizar el acceso de todas las autoridades a las soluciones tecnológicas que permitan la identificación de los colombianos en medios electrónicos, la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá establecer las condiciones y los mecanismos necesarios para garantizar la interoperabilidad de sus bases de datos en el marco de la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales de los que trata el presente decreto con el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

## Texto del documento

DECRETO 2106 DE 2019

(Noviembre 22)

“Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el artículo 333 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que es fin esencial del Estado servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de las personas consagrados en la Constitución a través de trámites, procesos y procedimientos administrativos sencillos, ágiles, coordinados y modernos.

Que de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, debiendo las autoridades coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que la Ley 1955 de 2019 expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, el cual tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos.

Que el artículo 2 de la Ley 1955 de 2019 establece que el documento denominado “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad” hace parte integral de esta ley.

Que el artículo 3 de la Ley 1955 de 2019 define los pactos que componen el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, los cuales trazan los objetivos de política pública y reflejan el aporte de todas las facetas de la sociedad en la construcción de una Colombia equitativa.

Que el pacto estructural por la legalidad establece una “alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos”, que contempla entre sus estrategias disminuir la insatisfacción de los ciudadanos con el Estado, eliminando las barreras de acceso a los trámites en todo el territorio nacional y lograr la atención de las demandas y solicitudes de los ciudadanos en forma digital y automática.

Que este pacto también señala que se deben llevar a cabo acciones para eliminar los riesgos de corrupción asociados a trámites, procesos y procedimientos de la Administración Pública para facilitar el ejercicio de los derechos y aumentar la competitividad y eficiencia en la gestión pública.

Que sobre la base de la legalidad se erige el pacto estructural por el emprendimiento, la formalización y la productividad que busca, ente otros, lograr un Estado simple y una Colombia ágil en la que se reduzcan trámites para garantizar un ambiente de negocios propicio para la formalización empresarial y el fortalecimiento de la libre competencia.

Que, igualmente, en el pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad se establece la necesidad de otorgar facultades extraordinarias al señor Presidente de la República para que expida normas con fuerza de ley que eliminen o modifiquen las normas legales que consagran trámites, procedimientos y solicitudes engorrosas e ineficientes en la Administración Pública.

Que el pacto por la transformación digital de Colombia: gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento, define las acciones que se requieren para impulsar la transformación digital de la Administración Pública y la digitalización y automatización masiva de trámites, para lo cual se impartirán lineamientos que permitan garantizar que cualquier nuevo trámite brinde un canal digital para su realización, en los casos técnicamente posibles, con el objetivo de que en el 2030 todos los trámites sean digitales.

Que el pacto por una gestión pública efectiva precisa la necesidad de una transformación en la Administración Pública que permita lograr una institucionalidad efectiva, mejorar el desempeño de los sectores e instituciones en términos de eficiencia y eficacia, eliminar las duplicidades y la colisión de funciones y competencias y fortalecer la coordinación y el rol del Estado como agente regulador.

Que, asimismo, el pacto por una gestión pública efectiva señala que la austeridad del gasto y la modernización de la administración pública implican la adopción de una estrategia que promueva la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades del Estado y sinergias para aumentar su eficiencia, mejorar la atención al ciudadano y ahorrar en trámites, procesos y procedimientos que no sean necesarios para el desempeño de sus funciones esenciales.

Que mediante el artículo 333 de la Ley 1955 de 2019, el Congreso de la República revistió al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para simplificar o suprimir o reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.

DECRETA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y medidas para la implementación

ARTÍCULO 1
. Objeto. El presente decreto tiene por objeto simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la Administración Pública, bajo los principios constitucionales y legales que rigen la función pública, con el propósito de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de las personas consagrados en la Constitución mediante trámites, procesos y procedimientos administrativos sencillos, ágiles, coordinados, modernos y digitales.

ARTÍCULO 2
. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará a todos los organismos, entidades y personas integrantes de la Administración Pública en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998, y a los particulares cuando cumplan funciones administrativas o públicas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.

ARTÍCULO 3
. Medidas para la implementación o aplicación de trámites. Cuando se necesite reglamentar alguno de los trámites creados o autorizados por la ley, las autoridades seguirán el procedimiento señalado en el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 962 de 2005, modificado por el artículo 39 del Decreto Ley 019 de 2012. El concepto previo y favorable a que se refiere dicha norma se deberá emitir por el Departamento Administrativo de la Función Pública en un término no superior a treinta (30) días calendario, contados a partir del ingreso de la solicitud en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.

Cuando el trámite tenga asociado el cobro de una tasa autorizada por la ley, para la expedición del concepto por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública la autoridad deberá adjuntar, además de los documentos señalados en la ley, el estudio técnico que desarrolle el sistema y método para establecer la tarifa asociada a dicha tasa.

Las modificaciones estructurales de los trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, también requerirán de concepto previo y favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública. En estos eventos, en caso de encontrarlos razonables y adecuados con la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites, el Departamento Administrativo de la Función Pública autorizará su adopción e implementación.

ARTÍCULO 4
. Estrategia antitrámites. La estrategia antitrámites de que tratan los artículos 73 y 74 de Ley 1474 de 2011 deberá registrarse en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT y será exigible a todas las autoridades. En la formulación de la estrategia antitrámites las autoridades deberán generar espacios de participación ciudadana con los usuarios, con el objeto de identificar oportunidades de mejora en los trámites a su cargo, de lo cual dejarán constancia.

ARTÍCULO 5
. Requisitos únicos. El artículo 41 del Decreto Ley 019 de 2012 quedará así: “ARTÍCULO 41. Competencia de unificación. El Departamento Administrativo de la Función Pública velará por la permanente estandarización de los trámites en la Administración Pública y verificará su cumplimiento cuando se inscriban en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT. La estandarización se hará a través de formularios únicos y trámites modelo o tipo, los cuales serán de obligatoria implementación por parte de las autoridades responsables de la ejecución de los trámites. Los trámites que no cumplan con esta condición serán devueltos para hacer los ajustes pertinentes. Las autoridades encargadas de reglamentar trámites creados o autorizados por la ley, deberán garantizar que la reglamentación sea uniforme, con el fin de que las autoridades que los apliquen no exijan requisitos, documentos o condiciones adicionales a los establecidos en la ley o reglamento.

ARTÍCULO 6
. Supresión de trámites en el SUIT por consultas de acceso a información pública. Las autoridades, en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, deberán suprimir del Sistema Único de Información de Trámites SUIT los trámites que consistan en consultas de acceso a la información pública, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1712 de 2014.

ARTÍCULO 7
. Cobros no autorizados. El artículo 16 de la Ley 962 de 2005 quedará así: “ARTÍCULO 16. Cobros no autorizados. Ningún organismo o entidad de la Administración Pública Nacional, departamental, distrital o municipal, podrá cobrar por la realización de sus funciones valor alguno por concepto de tasas, contribuciones, certificaciones, formularios o precio de servicios que no estén expresamente autorizados por la ley o mediante norma expedida por las corporaciones públicas del orden territorial. El cobro y la actualización de las tarifas deberá hacerse en los términos señalados en la ley, ordenanza o acuerdo que las autorizó. Las autoridades no podrán incrementar las tarifas o establecer cobros por efectos de la automatización, estandarización o mejora de los procesos asociados a la gestión de los trámites.”

CAPITULO II

Transformación Digital para una Gestión Pública Efectiva

ARTÍCULO 8
. Obligación de uso de los canales digitales entre autoridades. Cuando las entidades habiliten canales digitales para el cumplimiento de sus competencias deberán relacionarse por dichos medios. Únicamente se utilizarán otros medios cuando la ley así lo exija.

ARTÍCULO 9
. Servicios Ciudadanos Digitales. Para lograr mayor nivel de eficiencia en la administración pública y una adecuada interacción con los ciudadanos y usuarios, garantizando el derecho a la utilización de medios electrónicos, las autoridades deberán integrarse y hacer uso del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales. El Gobierno Nacional prestará gratuitamente los Servicios Ciudadanos Digitales base y se implementarán por parte de las autoridades de conformidad con los estándares que establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

ARTÍCULO 10
. Interoperabilidad de la información de las autoridades integradas a los Servicios Ciudadanos Digitales. Las autoridades deberán vincular a los mecanismos que disponga la Agencia Nacional Digital, los instrumentos, programas, mecanismos, desarrollos, plataformas, aplicaciones, entre otros, que contribuyan a masificar las capacidades del Estado en la prestación de Servicios Ciudadanos Digitales. El servicio ciudadano digital de interoperabilidad será prestado por la Agencia Nacional Digital. El uso y reutilización de la información que repose en bases de datos o sistemas de información que se encuentren integrados en el servicio ciudadano digital de interoperabilidad, se deberá efectuar bajo los principios y reglas de protección de datos personales señaladas, entre otras, en las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, y conforme a los protocolos de clasificación, reserva y protección de datos, que deberán seguir las entidades para su uso. Para tal efecto no se requerirá la suscripción de acuerdos, convenios o contratos interadministrativos. Las autoridades no exigirán a los ciudadanos los requisitos o documentos que reposen en bases de datos o sistemas de información que se encuentren integrados en el servicio ciudadano digital de interoperabilidad.

PARÁGRAFO 1. Cuando se requieran documentos reconocidos ante cónsul o expedidos por un cónsul de Colombia, las autoridades deberán consultar los sistemas de información o bases de datos dispuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores para tal fin. En consecuencia, no se podrán exigir los referidos documentos originales para efectos de adelantar trámites o procedimientos.

PARÁGRAFO 2. Cuando las autoridades se encuentren integradas y haciendo uso de los Servicios Ciudadanos Digitales, los requisitos que puedan ser verificados a través del servicio ciudadano digital de interoperabilidad deberán ser actualizados en el SUIT.

PARÁGRAFO 3. Hasta tanto las autoridades encargadas de llevar registros públicos se integren al servicio ciudadano digital de int

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

funciones voluntarias se hará dentro del marco y los límites fijados por la ley, según sus capacidades fiscal y administrativa y en el marco de la celebración de contratos plan.

ARTÍCULO 28
. Los Registradores de Instrumentos Públicos deberán remitir en formato digital al Gestor Catastral competente, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, la información completa sobre modificaciones de la propiedad inmueble ocurridas durante el mes anterior.

PARÁGRAFO . La obligación de remitir esta información culminará una vez se dispongan servicios de interoperabilidad entre registro y cada Gestor Catastral, en cuyo caso dichas modificaciones deberán reflejarse en ambos sistemas de manera inmediata.”

|CAPITULO XVII|

|Función Pública|

ARTÍCULO 227
. Reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo PúblicoSIGEP.

El artículo 227 del Decreto Ley 019 de 2012 quedará así:

“
ARTÍCULO 227
. Reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP.

Quien sea nombrado en un cargo o empleo público deberá, al momento de su posesión, registrar su hoja de vida, su declaración de bienes y rentas y los soportes en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, previa habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces.

Al retiro del servicio la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas y los soportes deberán desvincularse del empleo en el SIGEP, sin perjuicio del deber de conservar las hojas de vida por la respectiva entidad, acorde con las normas vigentes.

Quien vaya a vincularse a las entidades del Estado y su hoja de vida se encuentre registrada en el citado Sistema, únicamente deberá actualizar los datos de la hoja de vida o de la declaración de bienes y rentas.

Las personas que vayan a suscribir un contrato de prestación de servicios con el Estado deberán diligenciar el formato de hoja de vida establecido por el Departamento Administrativos de la Función Pública a través del SECOP.

ARTÍCULO 14
. Reportes del responsable de control interno.

El artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9 de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, quedará así:

“
ARTÍCULO 14
. Reportes del responsable de control interno.

El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en una entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional será un servidor público de libre nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la República.

Este servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar a los organismos de control los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en ejercicio de sus funciones.

El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.

En aquellas entidades que no dispongan de sitio web, los informes a que hace referencia el presente artículo deberán publicarse en medios de fácil acceso a la ciudadanía.

Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten.

|CAPÍTULO XVIII|

|DISPOSICIONES FINALES|

ARTÍCULO 157
. Gastos por implementación del presente decreto.

Los gastos en que incurran las entidades por la implementación de las disposiciones contenidas en el presente decreto, deberán ser asumidos con cargo a los recursos incluidos en su presupuesto para cada vigencia fiscal, respetando el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.

ARTÍCULO 158
. Vigencias y Derogatorias.

La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Se derogan expresamente el artículo 138 de Ley 9 de 1979, el artículo 90 del Decreto Ley 2324 de 1984, el literal a) del numeral 2 del artículo 326 del Decreto Ley 633 de 1993, el artículo 57 de la Ley 643 de 2001, los artículos 16 y 22 de la Ley 730 de 2001, el parágrafo 3 del artículo 15 del Decreto Ley 2245 de 2011, el parágrafo 3 del artículo 227 de la Ley 1450 de 2011 modificado por el artículo 159 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, los artículos 40, 47, 48, 101 y 122 del Decreto Ley 019 de 2012, el artículo 26 de la Ley 1816 de 2016 y el artículo 19 de la Ley 1558 de 2018.

|PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE|

|| |Dado en Bogotá D.C. a los 22 días del mes de noviembre de 2019|

|| |LA MINISTRA DEL INTERIOR,|

|| |NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA|

|| |LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES (E),|

|| |ADRIANA MEJÍA HERNÁNDEZ|

|| |EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,|

|| |ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA|

|| |LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,|

|| |MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO|

|| |EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,|

|| |CARLOS HOLMES TRUJILLO|

|| |EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,|

|| |ANDRÉS VALENCIA PINZÓN|

|| |EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,|

|| |JUAN PABLO URIBE RESTREPO|

|| |LA MINISTRA DE TRABAJO,|

|| |ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS|

|| |LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGÍA,|

|| |MARÍA FERNANDA SUAREZ LONDOÑO|

|| |EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,|

|| |JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO|

|| |LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,|

|| |MARÍA VICTORIA ANGULO GONZALEZ|

|| |EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,|

|| |RICARDO JOSÉ LOZANO PICÓN|

|| |LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.|

|| |JUDITH MILLÁN DURÁN|

|| |LA MINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES,|

|| |SYLVIA CRISTAIN CONSTAIN RENGIFO|

|| |LA MINISTRA DE TRANSPORTE,|

|| |ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ|

|| |EL VICEMINISTRO DE FOMENTO REGIONAL Y PATRIMONO DEL MINISTERIO DE CULTURA ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA MINISTRA DE CULTURA,|

|| |JOSÉ IGNACIO ARGOTE LÓPEZ|

|| |EL MINISTRO DEL DEPORTE,|

|| |ERNESTO LUCENA|

|| |EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,|

|| |DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE|

|| |EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN|

|| |LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ OSPINO|

|| |EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA,|

|| |FERNANDO GRILLO RUBIANO|

|| |LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL,|

|| |SUSANA CORREA BORRERO|

|| |EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADÍSTICA|

|| |JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO|

|| |EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENICA|

|| |RODOLFO AMAYA KERQUELEN|

Nota: Publicado en el diario oficial No. ** del 22 de Noviembre de 2019.

## Cómo citar esta fuente

Colombia Compra Eficiente. Normativa Decreto 2106 de 2019. 2024-11-12. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/cce:normativa:56567).
