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clave: "cce:normativa:55983"
titulo: "Decreto 2150 de 1995: se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"
corporacion: "Colombia Compra Eficiente"
tipo: "Normativa"
fecha: "2024-10-07"
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numero: "Decreto 2150 de 1995"
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# Decreto 2150 de 1995: se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

- **Título oficial / radicado:** Decreto 2150 de 1995
- **Corporación:** Colombia Compra Eficiente
- **Tipo:** Normativa
- **Fecha:** 2024-10-07
- **Número:** Decreto 2150 de 1995
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/cce:normativa:55983
- **Fuente oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/decreto-2150-de-1995/

## Regla de decisión

No podrán admitirse autorizaciones de carácter general o que la administración de la cuenta se confíe a un apoderado o representante En todo caso, si el beneficiario opta por reclamar personalmente ante la administración el pago de su prestación, no se le podrá exigir prueba de supervivencia.

## Puntos clave

- Decreto 2150 de 1995

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2150 de 1995
- Ley 190 de 1995
- Decreto 2737 de 1989, art. 10

## Extracto

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Reglamentado por el Decreto Nacional 2751 de 2002. En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, distintos de los títulos valores. En todas las actuaciones públicas, quedan prohibidas las exigencias de copias o fotocopias de documentos que la entidad tenga en su poder, o a los que la entidad pública tenga facultad legal de acceder. En las actuaciones administrativas queda prohibida la exigencia de cualquier tipo de paz y salvo interno.

## Texto del documento

DECRETO 2150 DE 1995

(Diciembre 05)

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 83 de la Ley 190 de 1995, oída la opinión de la Comisión prevista en dicho artículo, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 83 de la Constitución Política señala que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presume en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas;

Que el artículo 84 de la Constitución Política señala que cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales;

Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad y eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones;

Que el artículo 333 de la Constitución Política garantiza la libertad económica para cuyo ejercicio determina que nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la Ley y consagra la libre competencia como un derecho de todos;

Que el artículo 83 de la Ley 190 de 1995, «por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en administración pública y se fijan disposiciones», con el fin de facilitar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y erradicar la corrupción administrativa, facultó al Gobierno por el término de seis meses para expedir normas con fuerza de la Ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la administración pública, y

Que es voluntad del Gobierno, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, mediante la eliminación de toda regulación, trámite o requisito que dificulte el ejercicio de las libertades ciudadanas, Ver Decreto Nacional 2398 de 1986

DECRETA:

TÍTULO I

RÉGIMEN GENERAL

CAPÍTULO I

ACTUACIONES GENERALES

ARTÍCULO 1
.- Supresión de Autenticaciones y Reconocimientos. A las entidades que integran la Administración Pública les está prohibido exigir documentos originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente.

ARTÍCULO 2
.- Horarios extendidos de Atención al Público. En adición a sus jornadas habituales, las entidades de la Administración Pública deberán poner en funcionamiento horarios extendidos de atención al público, no coincidentes con la jornada laboral común, para que la ciudadanía pueda cumplir sus obligaciones y adelantar los trámites frente a las mismas.

ARTÍCULO 3
.- Pago de obligaciones oficiales mediante abono en cuencas corrientes o de ahorro. El Estado dispondrá de los mecanismos necesarios para pagar obligaciones a su cargo mediante el abono en cuentas corrientes o de ahorro.

ARTÍCULO 4
.- Cancelación de obligaciones a favor del Estado. Modificado por el art. 27, Decreto Nacional 019 de 2012. La cancelación de obligaciones dinerarias en favor de las entidades de la Administración Pública, podrá realizarse a través de cualquier medio de pago, incluyendo las transferencias electrónicas de fondos, abono en cuenta y sistemas de crédito mediante la utilización de tarjetas. Para tal efecto, las entidades públicas deberán difundir las tablas y las tarifas que permitan a los particulares efectuar la liquidación y pago de tales obligaciones. En caso de que la entidad incumpla esta obligación, el particular podrá cancelarla en el mes siguiente a su vencimiento.

ARTÍCULO 5
.- Pago de obligaciones de entidades de previsión social. Reglamentado por el Decreto Nacional 2751 de 2002. Las entidades de previsión social consignarán en cuentas corrientes o de ahorros o enviarán por correo certificado el importe de las prestaciones sociales a su cargo, a los pensionados o acreedores que así lo soliciten. Los pagos que se remitan mediante correo, se harán a través de cheques cuyo beneficiario será el titular de la prestación, con cláusula restrictiva de negociación y para abono en cuenta abierta a nombre exclusivamente de aquél. En tal caso no será procedente exigir prueba de la supervivencia. Del mismo modo, cuando el importe de la prestación se cancele a través de cuenta corriente o de ahorros, abierta a nombre del beneficiario de la prestación, las entidades de previsión social deberán convenir con las instituciones financieras, que las cuentas respectivas sólo podrán debitarse por su titular mediante presentación personal o autorización especial. No podrán admitirse autorizaciones de carácter general o que la administración de la cuenta se confíe a un apoderado o representante En todo caso, si el beneficiario opta por reclamar personalmente ante la administración el pago de su prestación, no se le podrá exigir prueba de supervivencia. En tal evento, ésta se requerirá cuando se obre mediante apoderado.

ARTÍCULO 6
.- Débitos y traslados de cuentas. Tratándose de las obligaciones que los particulares tengan para con el Estado, aquéllos podrán solicitar a los establecimientos de crédito que debiten y trasladen de sus cuentas corrientes o de ahorros, los fondos necesarios para el cumplimiento de toda clase de obligaciones a favor de las entidades de la Administración Pública.

ARTÍCULO 7
.- Cuentas Únicas. Con el objeto de poder hacer efectivo el pago de las obligaciones de los particulares para las entidades de la Administración Pública, éstas abrirán cuentas únicas nacionales en los establecimientos financieros autorizados por la Superintendencia Bancaria. Los particulares podrán consignar el importe de sus obligaciones en cualquier sucursal del país. En tal caso, el pago se entenderá ซึ่ง efectuado en la fecha en que se realice la consignación respectiva. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

ARTÍCULO 8
.- Prohibición de la exigencia de la comparecencia personal. Prohíbase la exigencia de comparencia personal, para hacer pagos ante las entidades de la Administración Pública.

ARTÍCULO 9
.- Salida de menores del país. Todo menor puede obtener pasaporte y salir del país en compañía de sus dos padres, sin acreditar ningún otro documento. En caso de que lo haga con el cónyuge supérstite, además del pasaporte, bastará acreditar el registro de defunción del padre faltante. Cuando el menor salga del país acompañado de uno solo de los padres, bastará con acreditar mediante documento reconocido la autorización del otro padre, si la patria potestad se ejerce conjuntamente. La autorización de salida del país podrá otorgarse con carácter general por escritura pública con la constancia sobre su vigencia.

PARÁGRAFO .- Para estos efectos previstos en este artículo el Ministerio de Relaciones Exteriores incluirá en los pasaportes de los menores, los nombres y los documentos de identidad de los padres.

PARÁGRAFO TRANSITORIO.- Mientras en el pasaporte se incorporan las modificaciones previstas en este artículo, se exigirá la presentación del Registro Civil de nacimiento de los menores. Ver el Código del Menor – Decreto 2737 de 1989

ARTÍCULO 10
.- Prohibición de declaraciones extrajuicio. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 019 de 2012, Modificado por el art. 25, Ley 962 de 2005. En las actuaciones administrativas, suprímese como requisito las declaraciones extrajuicio para el reconocimiento de un derecho particular y concreto. Para estos efectos bastará la afirmación que haga el particular ante la entidad pública, la cual tendrá los mismos efectos y consecuencias de la declaración extrajuicio.

ARTÍCULO 11
.- Supresión de sellos. En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, distintos de los títulos valores. La firma y la denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los funcionarios públicos el registro notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública.

ARTÍCULO 12
.- Firma mecánica. Los jefes de las entidades que integran la Administración Pública podrán hacer uso, bajo su responsabilidad, de la firma que procede de algún medio mecánico, tratándose de firmas masivas. En tal caso, previamente mediante acto administrativo de carácter general, deberá informar sobre el particular y sobre las características del medio mecánico. Ver la Resolución de la Secretaria de Tránsito y Transporte 3142 de 2001

ARTÍCULO 13
.- Prohibición de exigir copias o fotocopias de documentos que se poseen. En todas las actuaciones públicas, quedan prohibidas las exigencias de copias o fotocopias de documentos que la entidad tenga en su poder, o a los que la entidad pública tenga facultad legal de acceder.

ARTÍCULO 14
.- Prueba de requisitos previamente acreditados. Modificado por el art. 11, Ley 962 de 2005. No se podrá exigir el cumplimiento de un requisito cuando éste se debió acreditar por mandato legal o reglamentario, en un trámite o actuación anterior que ya se surtió. En tal caso, el servidor público tendrá por cumplido, para todos los efectos legales, el requisito que debió servir de fundamento a una actuación concluida.

ARTÍCULO 15
.- Prohibición de paz y salvo internos. En las actuaciones administrativas queda prohibida la exigencia de cualquier tipo de paz y salvo interno. Ver el Concepto del Consejo de Justicia 0835 de 1997

ARTÍCULO 16
.- Solicitud oficiosa por parte de las entidades públicas. Modificado por el art. 14, Ley 962 de 2005. Cuando las entidades de la Administración Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o petición ciudadana, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar oficialmente a la entidad el envío de dicha información.

PARÁGRAFO .- Las entidades de la Administración Pública a las que se les solicite información, darán prioridad a la atención de dichas peticiones, las resolverán en un término no mayor de diez (10) días y deberán establecer sistemas telemáticos compatibles que permitan integrar y compartir la información.

ARTÍCULO 17
.- Antecedentes judiciales o de policía, disciplinarios y profesionales. Cuando las entidades de la Administración Pública requieran la presentación de los antecedentes judiciales o de policía, disciplinarios o profesionales acerca de un ciudadano en particular deberán, previa autorización escrita del mismo, solicitarlos directamente a la entidad correspondiente. Para este efecto, el interesado deberá cancelar los derechos pertinentes si es del caso.

ARTÍCULO 18
.- Prohibición de retener documentos de identidad. Modificado por el art. 23, Ley 962 de 2005.Ninguna autoridad de la Administración Pública podrá retener la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, o la licencia de conducción de los administrados. Si se exige la identificación de una persona, ella cumplirá la obligación mediante la exhibición del citado documento. Queda prohibido retenerlos, para ingresar a cualquier dependencia pública o privada Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-521 de 1999

ARTÍCULO 19
.- Supresión de las cuentas de cobro. Para Modificado por el art. 19, Ley 962 de 2005.el pago de las obligaciones contractuales contraídas por las entidades públicas, no se requerirá la presentación de cuentas de cobro por parte del prestatario del servicio. La orden de trabajo, el contrato o el documento en el cual conste la obligación, acompañado si es del caso, de la manifestación del recibo o cumplimiento a satisfacción suscrita por el funcionario competente de la entidad contratante, serán requisitos suficientes para el pago de la obligación contraída. Las órdenes de compra de elementos o las de prestación de servicios que se encuentren acompañados de la oferta o cotización presentada por el oferente y aceptada por el funcionario competente, no requerirán la firma de aceptación proponente.

ARTÍCULO 20
.- Expedición de duplicados de documentos de identidad. La solicitud de duplicados de documentos de identidad podrán hacerse por correo, siempre que se suscriban por el peticionario y se imponga su huella dactilar, sin perjuicio de la cancelación de derechos a que haya lugar.

ARTÍCULO 21
.- Prohibición de los certificados de vigencia. Prohíbase la exigencia y expedición de certificados de vigencia de los documentos de identidad.

ARTÍCULO 22
.- INEXEQUIBLE. Sentencia C 490 de 1996 y Sentencia C 509 de 1996 Corte Constitucional

ARTÍCULO 23
.- Formulario único. Cuando varias en

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ol y vigilancia por parte del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas no podrán ejercerse respecto de entidades y organismos cooperativos sujetas al control y vigilancia de otras superintendencias.

Nota: Las facultades de control y vigilancia por parte del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas no podrán ejercerse respecto de entidades y organismos cooperativos sujetas al control y vigilancia de otras superintendencias.

Revisada la normatividad legal vigente se pudo establecer que solamente la Superintendencia Bancaria tiene el control integral sobre las entidades financieras. En este orden de ideas es con respecto a éstas que el control concurrente por parte de Dancoop se eliminó, pero no así debe interpretarse con todas aquellas Superintendencias en las que no ha habido ningún pronunciamiento jurídico que les otorgue esta función.

Todas las Superintendencias con excepción de la Bancaria tendrán un control sobre la actividad propia; el Decreto comentado no modificó sus funciones, es decir las siguen cumpliendo, no así en cuanto al ente cooperativo que siguen siendo función exclusiva del Dancoop, máxime cuando no existe una Ley que les ha delegado esta función de vigilancia y control.

Esto así debe interpretarse toda vez que las superintendencias debido a su especialidad no tiene la infraestructura ni la capacidad para ejercer un control distinto que el de la propia actividad de la cooperativa.

Este capítulo está reglamentado por el Decreto 427 de 1996. (Tomado de la publicación: «Un Año del Estatuto Anti trámites». Editado por la Presidencia de la República).

ARTÍCULO 148
.- Con sujeción a las normas previstas en este capítulo, el Gobierno Nacional reglamentará la forma y los plazos dentro de los cuales las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones mutuas actualmente reconocidas se inscribirán en el registro que lleven las cámaras de comercio.

Ver el Decreto Nacional 2574 de 1998, Ver el Concepto de la Secretaría General 1700 de 1998.

|CAPÍTULO XVI|

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|DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA|

ARTÍCULO 149
.- Derogatorias. Derogase el Decreto Nacional 131 de 1976 y los que lo reglamenten y el Decreto 1820 de 1990.

Nota: El Titulo II, salvo el Capítulo III, fue demandado por inconstitucional, por considerar que el Presidente de la República no tiene potestades sin límites pues cada acto que produzca debe estar suscrito, avalado o autorizado por su Ministro o Director de Departamento Administrativo, correspondiente.

Por consiguiente el Decreto fue expedido irregularmente, por cuanto no fue suscrito por todos los Ministros y Directores de Departamento Administrativos, aludidos en las normas demandadas de este título.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia No. C 370 de agosto 14 de 1996 declaró exequible las normas demandadas únicamente en cuanto no requerían las firmas de los demás Ministros y Directores de Departamentos Administrativos, considerando: Un examen de los artículos demandados, permite establecer que, si bien tocan con trámites que se adelantan en varias dependencias ministeriales y administrativas para el cumplimiento de funciones propias de cada Ministerio o Departamento Administrativo, el denominador común de todas las disposiciones consiste en la supresión de requisitos no necesarios y de exigencias superfluas, con miras a realizar principios constitucionales como los de la buena fe, la eficiencia, la economía procesal que también tiene cabida en el campo de las gestiones administrativas, la moralidad pública y la erradicación de prácticas burocráticas corruptas.

Todos estos objetivos, con independencia de lo que en concreto se establezca para cada despacho oficial, hacen referencia a postulados fundamentales de la organización estatal y, en consecuencia, no desarrollan políticas específicas de cada uno de los ministerios y departamentos administrativos cuyos funcionarios quedan cobijados por las nuevas reglas, pues, si así hubiera sido era indispensable la anuencia y la correspondiente firma de los ministros encargados de las políticas que se vieran afectadas.

Empero, no ocurriendo eso, toda vez que la política trazada en las normas extraordinarias se halla relacionada en su integridad con el logro de los objetivos de anticorrupción plasmados en la Ley habilitante, no se hacía obligatorio, como requisito para la validez del Decreto, que en él se consignaran las firmas de todos los titulares de las distintas carteras.

Bastaba la firma del Presidente de la República, a quien se confirieron las facultades extraordinarias y de uno de los Ministros, el que simbolizara y resumiera mejor, dentro del ámbito de sus funciones, el propósito estatal de lucha contra la inmoralidad administrativa a partir de una nueva concepción jurídica sobre la gestión pública.

El Presidente es Jefe de Gobierno, como lo indica el
artículo 115
de la Carta y, por tanto, a él corresponde encomendar ciertas responsabilidades propias de objetivos gubernamentales, por él buscados en tal condición, a sus inmediatos colaboradores. (Tomado de la publicación: «Un Año del Estatuto Anti trámites». Editado por la Presidencia de la República).

|TÍTULO III|

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|DISPOSICIONES FINALES|

ARTÍCULO 150
.- Afectación. Nada de lo dispuesto en el presente Decreto afectará disposiciones vigentes cuando las regulaciones, trámites o procedimientos se encuentren consagrados en códigos, leyes orgánicas o estatutarias.

Ver el Concepto del Consejo de Estado 792 de 1996, Ver el Concepto de la Secretaría General 1775 de 1998

ARTÍCULO 151
.- Sanciones. El desconocimiento de las obligaciones impuestas a los servidores públicos en el presente Decreto será considerado falta gravísima, sancionable conforme a lo dispuesto en el Código Disciplinario único.

ARTÍCULO 152
.- Vigencia. Las normas contenidas en el presente Decreto entrarán a regir a partir de su publicación, con excepción de las contenidas en el Capítulo II del Título 1 y en el Capítulo XV del Título II, las cuales entrarán a regir tres (3) meses después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Nota: De conformidad con el presente artículo, con excepción de las normas contenidas en el Capítulo II del Título I y en el Capítulo XV del Título II, este estatuto anti trámites entró a regir a partir de la fecha de su publicación la cual tuvo ocurrencia en Santa Fe de Bogotá el día 6 de diciembre de 1995 en el Diario Oficial número 42.138, por tanto las mencionadas excepciones entraron a regir desde el 6 de marzo de l996. (Tomado de la publicación: «Un Año del Estatuto Anti trámites». Editado por la Presidencia de la República).

|PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.|

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|Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 5 días del mes de diciembre de 1995.|

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|ERNESTO SAMPER PIZANO.|

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|El Presidente de la República,|

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|NESTOR HUMERTO MARTÍNEZ NEIRA.|

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|Ministro de Justicia y del Derecho,|

NOTA: Publicado en el Diario Oficial No. 42.137 de 6 de diciembre de 1995.

## Cómo citar esta fuente

Colombia Compra Eficiente. Normativa Decreto 2150 de 1995. 2024-10-07. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/cce:normativa:55983).
