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clave: "cce:concepto:65533"
titulo: "Urgencia manifiesta: la estructura de los procedimientos de las entidades sometidas no es asimilable a los de las entidades exceptuadas"
corporacion: "Colombia Compra Eficiente"
tipo: "Concepto"
fecha: "2026-06-23"
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numero: "C-798 de 2026"
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# Urgencia manifiesta: la estructura de los procedimientos de las entidades sometidas no es asimilable a los de las entidades exceptuadas

- **Título oficial / radicado:** C-798 de 2026
- **Corporación:** Colombia Compra Eficiente
- **Tipo:** Concepto
- **Fecha:** 2026-06-23
- **Número:** C-798 de 2026
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:65533
- **PDF oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2026/06/C-798.docx
- **Fuente oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-798-de-2026/

## Regla de decisión

El hecho de que algunas entidades estatales se rijan por el derecho privado en materia contractual no puede entenderse como una negación de lo que establece el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.

## Problema jurídico

¿Cómo debe interpretarse y aplicarse el régimen excepcional de contratación del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 a partir de criterios de conexidad, límites, prohibiciones y régimen de responsabilidad y en qué se diferencia de la urgencia manifiesta?

## Puntos clave

- Urgencia manifiesta: situación de calamidad o desastre
- Calamidad y desastre: fondo nacional de gestión de riesgo
- Entidades exceptuadas: aplicación de normas de derecho público
- Principios de la función administrativa: aplicación, criterios metodológicos

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993, arts. 2, 13 y 24
- Ley 489 de 1998, art. 85
- Ley 1150 de 2007, arts. 2, 13 y 14

## Extracto

De acuerdo al problema que es objeto de consulta, se señala que sin perjuicio de las potestades exorbitantes, el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 exceptúa del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública los contratos “… relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública… ” celebrados por: i) la sociedad fiduciaria que administra los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, ii) por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo y iii) los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo.

## Síntesis temática

Declarada la situación de calamidad pública o de desastre por la autoridad competente, las demás entidades estatales pueden declarar la urgencia manifiesta del artículo 42 de la Ley 80 de 1993 mediante un acto propio, fundado en esa declaración. Según el concepto, como regla general, para contratar directamente por urgencia manifiesta se requieren dos actos administrativos concurrentes: primero, la declaración de calamidad pública o de desastre conforme a la Ley 1523 de 2012, y después la declaración de urgencia manifiesta. El artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 introduce un matiz: en la hipótesis que regula basta declarar la situación de desastre o de calamidad pública para contratar con el derecho privado, sin perjuicio de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. Esa norma debe interpretarse considerando el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, un patrimonio autónomo cuyo régimen contractual es el de las empresas industriales y comerciales del Estado. En consecuencia, la diferencia con la urgencia manifiesta radica en que el artículo 66 permite contratar con la sola declaración de desastre o calamidad, mientras que la urgencia manifiesta exige el acto adicional.

## Descriptores temáticos

CALAMIDAD Y DESASTRE, ENTIDADES EXCEPTUADAS, PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, URGENCIA MANIFIESTA

## Guías prácticas relacionadas

- [Régimen del contrato: ¿Ley 80 o derecho privado?](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/regimen-aplicable.md): Cómo determinar el régimen jurídico del contrato según la entidad y qué mínimos aplican siempre.

## Decisiones relacionadas

- [Colombia Compra Eficiente — El establecimiento de los criterios operativos para verificar el cumplimiento de los principios de la función administrativa y de carga de motivación asociada al régimen de excepción corresponde al manual de contratación que adopten las autoridades competentes para el efecto.](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:65156.md)
- [Colombia Compra Eficiente — El alcance y aplicación del régimen excepcional de contratación previsto para situaciones de calamidad pública o desastre depende de la declaratoria correspondiente, de la naturaleza de la entidad contratante y del régimen jurídico aplicable en cada caso.](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:65713.md)
- [Colombia Compra Eficiente — Corresponde a los gobernadores y alcaldes declarar la situación de calamidad pública no puede ejercer el Presidente de la República.](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:66735.md)
- [Colombia Compra Eficiente — En cualquier caso, la norma aclara que este régimen especial se rige por lo de 2007 que las entidades contratantes deberán cumplir con los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal.](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:61281.md)

## Texto del documento

URGENCIA MANIFIESTA – Situación de calamidad o desastre

Declarada la situación de calamidad o la situación de desastre bajo los criterios señalados en el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, por parte de la autoridad competente, las demás entidades estatales –de conformidad con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993– quedan facultadas para declarar, a continuación, la causal de contratación directa denominada “urgencia manifiesta”, mediante un acto administrativo propio, autónomo, que tiene como fundamento fáctico y jurídico la declaración de situación de calamidad o la situación de desastre.

Lo anterior significa que para contratar directamente no basta con la declaración de desastre o de calamidad. Es decir, se necesitan dos (2) actos administrativos concurrentes para que pueda contratarse directamente por urgencia manifiesta: i) el primero en el tiempo, la declaración de la situación de calamidad pública o la declaración de la situación de desastre, de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI de la Ley 1523 de 2012; y ii) el segundo, la declaración propiamente dicha de “urgencia manifiesta” de que trata el artículo 42 del Estatuto General de Contratación, amparado o fundamentado en la declaración previa del desastre o calamidad.

CALAMIDAD Y DESASTRE – Fondo Nacional de Gestión de Riesgo

Si bien la necesidad de contar con los dos actos administrativos anteriormente mencionados es un principio general, para el común de las entidades estatales, es necesario considerar el matiz introducido por el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, hipótesis en la cual basta declarar la situación de desastre o la situación de calamidad pública para contratar con el derecho privado, y los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal.

La interpretación de esta norma supone tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 47, se constituyó el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres como un patrimonio autónomo –artículo 49–, administrado y representado en los términos del artículo 3° del Decreto 1547 de 1984 –modificado por el artículo 70 de Decreto-ley 919 de 1989 (artículo 48)–, destinado a adoptar medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastres, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, a través de mecanismos de financiación dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres, cuyo régimen contractual es el de las empresas industriales y comerciales, sin perjuicio de las facultades especiales para atender situaciones de desastres y evitar la extensión de los efectos –parágrafo 3 del artículo 50–.

ENTIDADES EXCEPTUADAS – Aplicación de normas de derecho público

[…] aunque tenga una influencia limitada, las
entidades del régimen exceptuado
no se deslingan por completo de las normas de derecho público. Esto en la medida que el inciso primero del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 prescribe lo siguiente: “Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”.

PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA – Aplicación – Criterios Metodológicos

Conforme al inciso primero del artículo 209 superior, “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”. En esta perspectiva, se destaca que los principios de la función administrativa y la gestión fiscal son una guía metodológica, para la actuación de las entidades sometidas al EGCAP, y merecen un análisis especial en relación con las entidades exceptuadas. En esta línea, los principios de la función administrativa y los de la gestión fiscal no prescriben una conducta, sino que buscan el cumplimiento de un fin, por lo que las entidades de régimen especial, pueden escoger entre una variedad de alternativas para el cumplimiento de estos, por lo que no implica que deban sujetarse a la forma cómo es aplicado en el EGCAP.

En efecto, la estructura de los procedimientos de las entidades sometidas no es asimilable a los de las entidades exceptuadas. Sin bien en estas últimas rigen por los principios de la función administrativa, la gestión fiscal, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y otras normatividades, la aplicación de los principios del artículo 209 se matiza, por lo que definan los documentos del proceso que se estructuren en acatamiento de sus manuales de contratación. Dado que estas actuaciones gozan de presunción de legalidad, la participación se realiza con sujeción a lo que dispongan las entidades dentro de su régimen especial, sin perjuicio del control judicial, fiscal o disciplinario contra violaciones injustificadas del marco normativo.

## Cómo citar esta fuente

Colombia Compra Eficiente. Concepto C-798 de 2026. 2026-06-23. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:65533).
