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titulo: "Pueblos indígenas: C-394 de 2025"
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# Pueblos indígenas: C-394 de 2025

- **Título oficial / radicado:** C-394 de 2025
- **Corporación:** Colombia Compra Eficiente
- **Tipo:** Concepto
- **Fecha:** 2025-05-12
- **Número:** C-394 de 2025
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:59373
- **PDF oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/C-394.docx
- **Fuente oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-394-de-2025/

## Regla de decisión

Y en lo que respecta al régimen de inhabilidades e incompatibilidades debe precisarse que solo las restricciones establecidas por el constituyente o por el legislador podrán afectar directamente la capacidad de las personas para establecer relaciones contractuales con el Estado.

## Problema jurídico

¿Qué autoridad es la responsable de la administración de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones?

## Puntos clave

- Pueblos indígenas: convenio no. 169 de la oit, compromisos
- Resguardos y autoridades tradicionales indigenas: régimen de contratación
- Régimen de contratación: resguardos indígenas, Decreto 1953 de 2014

## Fundamentos jurídicos

- Ley 21 de 1991
- Decreto 2164 de 1995
- Ley 160 de 1994

## Extracto

En respuesta a los problemas antes planteados esta Subdirección manifiesta lo siguiente: En primer lugar, respecto a los problemas jurídicos uno y dos, se hace necesario aclarar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la ley 715 del 2001, los recursos asignados a los resguardos indígenas serán en principio administrados por el municipio en el que se encuentra el resguardo indígena. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 28 del Decreto 1953 del 2014, habilita a los resguardos indígenas y a las asociaciones que estos conformen para asumir, administrar y ejecutar directamente los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones.

## Síntesis temática

Los resguardos indígenas pueden asociarse para administrar y ejecutar los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones, siempre que acrediten los requisitos del Decreto 1953 de 2014, y son personas jurídicas de derecho público especial. Los territorios y resguardos autorizados para administrar esos recursos se consideran entidades estatales conforme al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, y ejercen esa capacidad por medio de su representante legal. Cuando el resguardo no administra la asignación ni se asocia con otros para hacerlo, la ejecución se realiza mediante un contrato de administración entre la entidad territorial respectiva y el representante legal del resguardo designado por sus autoridades propias. Esta regla se inscribe en el compromiso del Convenio 169 de la OIT, incorporado al bloque de constitucionalidad mediante la Ley 21 de 1991, de garantizar el respeto de los derechos y de la identidad de los pueblos indígenas. En consecuencia, la entidad territorial debe verificar, según el caso, si el resguardo administra directamente los recursos o si debe celebrar el contrato de administración con el representante legal designado.

## Descriptores temáticos

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN, RESGUARDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS

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## Texto del documento

PUEBLOS INDÍGENAS – Convenio No. 169 de la OIT – Compromisos

Con la suscripción del Convenio No. 169 de 1989 “Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, incorporado al bloque de constitucionalidad mediante la Ley 21 de 1991, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ava reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989”, el Estado colombiano se comprometió a promover el desarrollo de los pueblos indígenas con acciones concretas dirigidas al reconocimiento de sus derechos y el respeto de su integridad, entre otros compromisos adquiridos. Al respecto, la Ley 21 de 1991, en el artículo 2, prescribe: Artículo 2. En virtud de lo anterior, el Estado colombiano se comprometió a implementar las acciones necesarias para garantizar que los pueblos indígenas fueran respetados en igualdad de condiciones, promover sus derechos, respetar su identidad, sus costumbres y tradiciones, de modo que se eliminen las diferencias existentes entre sus miembros y los demás grupos sociales. El cumplimiento de este compromiso ha requerido de la creación de un marco jurídico legal y reglamentario que permita desarrollar las acciones que se ameritan. Es esta la principal razón por la que en el ordenamiento jurídico colombiano existen múltiples disposiciones dirigidas a satisfacer en diferentes contextos derechos de los pueblos indígenas. La normativa que al efecto hoy día se encuentra vigente ha repercutido en el ámbito de la contratación pública en gran medida porque las actuaciones orientadas a la satisfacción de derechos en situaciones concretas requieren de la concertación entre las comunidades indígenas y las Entidades Estatales.

RESGUARDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS – Régimen de contratación

Decreto 1953 de 2014: Los resguardos podrán asociarse para administrar y ejecutar los recursos de la asignación especial del SGP, siempre que acrediten los requisitos establecidos en el decreto, y son personas jurídicas de derecho público especial.

Los Territorios y Resguardos Indígenas que hayan sido autorizados para administrar recursos del SGP, conforme a lo dispuesto por ese decreto, se consideran entidades estatales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993. Dicha capacidad será ejercida a través de su representante legal, conforme a lo dispuesto en el decreto. En caso de que un resguardo indígena no administre la asignación especial del Sistema General de Participaciones, o no se haya asociado con otros para administrarlos, su ejecución se realizará mediante la celebración de un contrato de administración suscrito entre la entidad territorial respectiva y el representante legal del resguardo designado por las autoridades propias.

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN – Resguardos indígenas – Decreto 1953 de 2014

[…] Conforme al Decreto 1953 de 2014, los resguardos podrán asociarse para administrar y ejecutar los recursos de la asignación especial del SGP, siempre que acrediten los requisitos establecidos en el decreto, y son personas jurídicas de derecho público especial. Los Territorios y Resguardos Indígenas que hayan sido autorizados para administrar recursos del SGP, conforme a lo dispuesto por ese decreto, se consideran entidades estatales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993. Dicha capacidad será ejercida a través de su representante legal, conforme a lo dispuesto en el decreto.

En caso de que un resguardo indígena no administre la asignación especial del Sistema General de Participaciones, o no se haya asociado con otros para administrarlos, su ejecución se realizará mediante la celebración de un contrato de administración suscrito entre la entidad territorial respectiva y el representante legal del resguardo designado por las autoridades propias.

Ahora, si bien la Ley 80 de 1993 dentro de su propio texto estableció que los territorios indígenas constituyen Entidades Estatales, lo cierto es que aún no hay desarrollos legislativos sobre la materia, lo que ha impedido que los mismos puedan implementarse y obrar como Entidades Estatales, al tenor del artículo 2 de la Ley 80 de 1993.

Por su parte, el Decreto 1953 de 2014, al implementar de manera transitoria los territorios indígenas, además dio el tratamiento de entidades de derecho público especial a estos, a los resguardos y a las asociaciones de estos, autorizadas para administrar recursos de asignación especial del SGP, asimilándolos a entidades estatales de conformidad con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES ― Concepto

[…] las inhabilidades son circunstancias establecidas por la Constitución o en la ley que impiden que personas naturales o jurídicas sean elegidas o designadas en un cargo público o celebren contratos con el Estado, con el objetivo de garantizar la idoneidad, imparcialidad, probidad, transparencia y moralidad de la función pública, garantizando el interés general.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES ― Interpretación restrictiva ― Principio pro libertate

[..] las inhabilidades e incompatibilidades –como ya se dijo– al ser restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, solo pueden tipificarse en la ley –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser restrictiva, pues si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, tales enunciados normativos podrían contemplar múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio.

[…] el principio pro libertate es el que debe dirigir la interpretación de las disposiciones normativas que consagran restricciones de derechos, como sucede con las causales de inhabilidad e incompatibilidad en la contratación estatal. Por lo tanto, no es posible llevar a cabo la interpretación extensiva de estas, debiendo preferirse aquella que menos limita el derecho de las personas, salvaguardando el interés general en la contratación pública de manera que implique el menor sacrificio posible al derecho de igualdad.

## Cómo citar esta fuente

Colombia Compra Eficiente. Concepto C-394 de 2025. 2025-05-12. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:59373).
