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clave: "cce:concepto:59357"
titulo: "Requisitos habilitantes: ésta corresponde a un sistema estandarizado y desarrollado por las Naciones Unidas para clasificar las actividades económicas"
corporacion: "Colombia Compra Eficiente"
tipo: "Concepto"
fecha: "2025-05-09"
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numero: "C-397 de 2025"
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# Requisitos habilitantes: ésta corresponde a un sistema estandarizado y desarrollado por las Naciones Unidas para clasificar las actividades económicas

- **Título oficial / radicado:** C-397 de 2025
- **Corporación:** Colombia Compra Eficiente
- **Tipo:** Concepto
- **Fecha:** 2025-05-09
- **Número:** C-397 de 2025
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:59357
- **PDF oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/C-397.docx
- **Fuente oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-397-de-2025/

## Regla de decisión

Ésta corresponde a un sistema estandarizado y desarrollado por las Naciones Unidas para clasificar las actividades económicas en distintos sectores.

## Problema jurídico

¿Cuál es el marco vigente sobre la capacidad de las personas jurídicas como requisito habilitante en los procesos de selección en relación con los códigos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme –CIIU–?

## Puntos clave

- Requisitos habilitantes: noción, fijación, parámetros
- Capacidad: personas naturales, personas jurídicas, objeto social
- Personas jurídicas: capacidad, clasificación industrial internacional uniforme, efectos declarativos
- Subsanabilidad de las ofertas: alcance de la regla, Ley 1882 de 2018– Ámbito temporal, criterio material

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993, art. 6
- Ley 590 de 2000, art. 11
- Ley 1150 de 2007, arts. 5 y 6

## Extracto

De acuerdo con los problemas jurídicos, objeto de la consulta, se expresa lo siguiente: I. Al respecto se precisa que la capacidad de las personas jurídicas está relacionada –entre otros aspectos– con la posibilidad de adelantar actividades en el marco de su objeto social. Tratándose de las sociedades tipificadas en el Código de Comercio, ésta se rige por el principio de especialidad –artículos 99 y 110.4 del Código de Comercio–, sin perjuicio de la posibilidad de establecer un objeto indeterminado en las sociedades por acciones simplificadas –artículo 5.4 de la Ley 1258 de 2008–.

## Cita textual

> Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos

## Descriptores temáticos

CAPACIDAD, PERSONAS JURÍDICAS, PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA, REQUISITOS HABILITANTES, SUBSANABILIDAD DE LAS OFERTAS

## Guías prácticas relacionadas

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## Texto del documento

REQUISITOS HABILITANTES – Noción – Fijación – Parámetros

Los requisitos habilitantes se definen como exigencias de participación en los procedimientos de selección, establecidos en disposiciones normativas, de carácter legal o reglamentario, o las contenidas en el acto administrativo que regula las reglas de la convocatoria, es decir, en el pliego de condiciones o el documento equivalente a este. Se diferencian de los criterios de evaluación –también conocidos como criterios de calificación– en que estos son los factores definidos por la Entidad Estatal para la asignación de puntaje en el momento de la comparación de las ofertas, y que, a partir de su ponderación, permiten establecer el orden de elegibilidad y, por ende, la propuesta ganadora.

Ahora bien, para determinar cuáles son los requisitos habilitantes que deben exigir dentro de los procesos de contratación es necesario tener en cuenta
el
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación
expedido por la Agencia, en la que se precisa: “[…]
la Entidad Estatal debe tener como parámetros: (i) el Riesgo del Proceso de Contratación; (ii) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (iii) el análisis del sector económico respectivo; y (iv) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial”. Además, la Agencia expresa: “Entidades Estatales deben fijar los requisitos habilitantes que se incluirán en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes durante la etapa de planeación del contrato estatal, después de haber adelantado el análisis del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación, de tal manera que la determinación de las condiciones habilitantes se realice a partir del conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde el punto de vista comercial y el análisis de Riesgo.

En el marco de los procesos de contratación, que las entidades estatales tienen restricciones para fijar cierto tipo de documentos como habilitantes, como es el caso, el artículo 5° del parágrafo 2° de la Ley 1150 de 2007, que prescribe: “
Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos”.

CAPACIDAD – Personas naturales – Personas jurídicas – Objeto social

Respecto a la capacidad jurídica
, ésta es un presupuesto de la validez de contrato. No en vano, en concordancia con el numeral 1 del artículo 1502 del Código Civil, el artículo 6 de la Ley 80 de 1993 dispone que “Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes […]”. Para estos efectos, tratándose de
personas naturales
, si bien todos los seres humanos, por el hecho de gozar de personalidad jurídica, son sujetos de derechos y obligaciones, algunas no pueden ejercerlos por sí mismos, sino a través de interpuesta persona. Lo anterior significa que, si bien todas las personas tienen
capacidad de goce
, no todas tienen
capacidad de ejercicio
.

Al ser distintas de las
personas naturales
, la capacidad de las
personas jurídicas
tiene carácter especial, no general. Tratándose de las sociedades tipificadas en el Código de Comercio, uno de los requisitos para su constitución –conforme al art. 110.4
ibidem
– es “El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquél”. De esta manera, como indica el artículo 99
ibidem
, “La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad”.

Aunque lo descrito en el párrafo precedente constituye regla general, excepcionalmente el ordenamiento jurídico permite la constitución de personas jurídicas con objeto indeterminado. Este es el caso de las sociedades por acciones simplificadas, especialmente, cuando el artículo 5.4 de la Ley 1258 de 2008 indica que para su constitución debe expresarse “Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita”
.

PERSONAS JURÍDICAS – Capacidad – Clasificación Industrial Internacional Uniforme – Efectos declarativos

Ninguna de las normas citadas condiciona la capacidad de las
personas jurídicas
a los códigos de la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme –CIIU–
. Ésta corresponde a un sistema estandarizado desarrollado por las Naciones Unidas para clasificar las actividades económicas en distintos sectores. Como explica el DANE, su objetivo es facilitar la recopilación, análisis y comparación de datos estadísticos a nivel nacional e internacional.

De esta manera, la
CIIU
tienen efectos declarativos, no constitutivos. Por ello, existe capacidad si el objeto del contrato está relacionado con el objeto social de la
persona jurídica
, y aquella se mantiene, aunque la actividad económica no se haya recogido en la clasificación. De la misma forma, si el código registrado es ajeno al objeto social, dicha situación no hace que la empresa adquiera la capacidad para ejecutar esa actividad en particular. Además, en sociedades con objeto indeterminado –como las sociedades por acciones simplificadas– los códigos del
CIIU no restringen la capacidad de la
persona jurídica
, ya que –en las condiciones del
artículo 5.4 de la Ley 1258 de 2008–
pueden ejecutar cualquier actividad lícita.

Sin perjuicio de lo anterior, sumado a las implicaciones estadísticas de la
CIIU, los interesados deben registrar adecuadamente los códigos de sus actividades económicas en el RUES. Lo anterior teniendo en cuenta que son un parámetro para la DIAN en lo relativo al control y determinación de los impuestos y demás obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias
.

PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA– Rechazo de las ofertas – Subsanabilidad

[…] para garantizar el principio de selección objetiva, también es necesario que las entidades estatales se abstengan de rechazar las ofertas, por el incumplimiento de requisitos meramente formales, sacrificando la favorabilidad que podría representar la oferta que adolezca de estos defectos, si se permitiese su corrección. En otras palabras, es consustancial a la selección objetiva la obligación que tienen las entidades estatales de posibilitar la subsanación de los requisitos de participación, bajo las condiciones indicadas en la ley, antes de tomar la decisión de rechazar las propuestas que hayan omitido la observancia de los requisitos habilitantes. Dicha decisión por regla general –salvo en los casos específicos previstos en la ley, como el de la imposibilidad de subsanar la no entrega de la garantía de seriedad de la oferta o de acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del procedimiento de selección (art. 5, par. 1º y 3º, Ley 1150 de 2007)– solo puede tomarse si, previamente, se ha permitido que los proponentes completen o corrijan la información relacionada con los requisitos que no asignan puntaje, como mecanismo para hacer prevalecer el derecho sustancial sobre las formalidades.

SUBSANABILIDAD DE LAS OFERTAS – Alcance de la regla – Ley 1882 de 2018–
Ámbito temporal
– Criterio material.

Como puede observarse, la Ley 1882 de 2018: i) mantiene el criterio de la Ley 80 de 1993, relativo a que todo lo que no sea necesario para la comparación de propuestas no es título suficiente para su rechazo; ii) mantiene el criterio aclaratorio de la Ley 1150 de 2007, según el cual todo lo que no afecte la asignación de puntaje puede subsanarse y, iii) introduce modificaciones en relación con algunos aspectos que se analizarán a continuación.

El primero
es el ámbito temporal para ejercer la facultad de subsanar la oferta, pues la Ley 1882 de 2018 fijó una regla general y una excepción. La regla general es que el límite para que la entidad solicite y para que el proponente corrija lo que haga falta es hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección. La excepción es que el límite anterior no aplica para los procesos de mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta; en el último los documentos o requisitos subsanables pueden y deben solicitarse hasta el momento previo a la celebración de la audiencia. En cuanto al proceso de mínima cuantía, el Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021, en su artículo 2.2.1.2.1.5.2., numeral 5° dispone que los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes que finalice el traslado del informe de evaluación, en el evento que la entidad estatal en la invitación y en los documentos del proceso no haya establecido dicho término.

De otro lado,
el segundo
cambio importante de la Ley 1882 de 2018 fue la introducción de un criterio material, directamente relacionado con los aspectos subsanables: “los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso”. Lo anterior ofrece dos aspectos que merecen clarificación; primero, qué debe entenderse por circunstancias ocurridas con posterioridad; y segundo, qué es el cierre del proceso.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, lo subsanable es la prueba de todas las circunstancias ocurridas antes del vencimiento del término para presentar las ofertas, ello es lo que implica la prohibición de acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al “cierre del proceso”. Lo anterior evita, por ejemplo, que se presenten oferentes que no cumplían con los requisitos para participar al momento de presentar las ofertas, y pretendan cumplirlos durante el proceso de selección o, inclusive, que se puedan variar condiciones de la oferta una vez presentada.

Un mejor entendimiento del significado de la expresión “circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso” implica distinguir entre la prueba de un hecho y el hecho mismo. En el caso de la subsanabilidad de las ofertas, una cosa es el requisito habilitante o el elemento de la propuesta y otra su prueba. Lo que prohíbe la norma es que se subsanen requisitos que no estaban materialmente cumplidos al momento de presentación de la oferta, o en palabras de la ley, que se acrediten hechos que ocurrieron después del cierre del proceso.

Visto lo anterior, una vez verificada la ausencia de requisitos y/o documentos de la oferta, para efectos de saber si se pueden subsanar, la Administración debe preguntarse, en primer lugar, si lo que hace falta es un documento que afecte la asignación de puntaje o no y, en segundo lugar, si el cumplimiento del requisito constituye una circunstancia ocurrida con anterioridad o con posterioridad al cierre del proceso. Para arribar a la conclusión de que lo omitido puede subsanarse, la respuesta al primer interrogante debe ser negativa, es decir, que lo omitido no sea un factor que afecte la asignación de puntaje y la respuesta al segundo interrogante debe dar cuenta de que lo omitido sea la prueba de una circunstancia o hecho que ocurrió con anterioridad al cierre del proceso.

## Cómo citar esta fuente

Colombia Compra Eficiente. Concepto C-397 de 2025. 2025-05-09. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:59357).
